“No me han llamado” escucho diariamente de la boca de los múltiples pacientes que acuden al servicio de urgencias del Hospital Llanquihue.

Niños con retraso del desarrollo del lenguaje, sospechas de cáncer, patologías crónicas descompensadas, y un largo etcétera que compromete la salud y bienestar son tolerados de manera pasiva por nuestra población con un sencillo y demoledor “no me han llamado”. Tristemente la Salud Pública de nuestro país descansa en una burocracia con escasos recursos y buena parte de las veces con un manejo poco eficiente de los mismos. Sin embargo, al alero del 18 de octubre de 2019, donde el pueblo de Chile dijo basta a las injusticias y emprendió su camino a la dignidad en el reciente triunfo para construir una nueva constitución, existen múltiples zonas de nuestro país, donde esa indignación se ha vuelto a transformar en pasividad, esta vez, con la excusa del COVID-19.

Es cierto, la pandemia del COVID-19 ha sido una catástrofe mundial y nacional, con más de 15000 fallecido a la fecha y una de las mayores tasas de fallecidos por millón de habitantes (788 según el sitio worldometers.info/coronavirus/, ubicándonos cercanos al top ten a nivel mundial). No obstante, mientras el plan Paso a Paso permite que los malls se encuentren atestados de gente, los pubs y restaurantes abrieron sus puertas, y la vida a comenzado a retomar esa “nueva normalidad” que añoraba el Gobierno, como suele suceder en nuestra larga franja de tierra, no llego para todos. Con la excusa del COVID-19 múltiples centros de salud han decidido realizar controles telefónicos casi de manera exclusiva a sus pacientes -como si la atención médica presencial fuera reemplazable por una entrevista telefónica- y a su vez, han suspendido y retrasado un sinfín de prestaciones (controles cardiovasculares, controles de especialidad, exámenes, cirugías, entre otros) que a la luz de los hechos no tiene ningún asidero razonable ni sustentable en alguna base científica, puesto que ya sabemos que con las medidas de seguridad adecuadas, es posible atender pacientes y realizar procedimientos sin exponer al personal de salud ni a los pacientes a contagios ni a brotes dentro de nuestros servicios. La sociedad ha comenzado a convivir con el coronavirus, los centros de salud no se pueden quedar atrás.

La pandemia del COVID-19 ha servido de excusa perfecta para apaciguar los ánimos de una población que estaba cansada de que la hagan esperar. Amparados en la tolerancia del pueblo, el sistema se permite la inoperancia y, por otro lado, el gobierno decide disminuir el presupuesto en salud -calculado en términos absolutos- para el año 2021. Como buenos chilenos y chilenas, criados para aceptar lo injusto y romantizar las historias de pobreza, optamos por evitar indignarnos y preferimos normalizar antes que actuar, gustamos de creer que estamos mejor que los otros antes de aceptar nuestra enorme biga de injusticia. Preferimos el silencio a incomodar. Preferimos tolerar antes que luchar.

Los chilenos y chilenas tenemos derechos que debemos exigir y otros tantos que debemos recuperar. La Salud es uno prioritario, por lo que hago la invitación transversal a no dejar de indignarse, sobre todo al personal de salud, frente a las penurias del sistema. A su vez, le digo a nuestros pacientes que no se aburran de exigir lo que les corresponde. A cambiar ese “no me llamaron” por un empoderamiento de su propia salud que los movilice a encontrar las soluciones en conjunto con sus centros de salud. Le hago una invitación a este país a entender que no es tolerable, ni siquiera bajo la excusa del COVID-19, que nuestros niños crezcan sin adquirir lenguaje y con ello limiten su desarrollo posterior, que nuestras/os pacientes lleguen tarde a su diagnóstico de cáncer y con ello aumenten considerablemente su mortalidad o que nuestra población diabética e hipertensiva viva descompensada exponiéndose a sufrir de complicaciones que puede poner en riesgo su vida, cuando sabemos, que como país, contamos con los recursos y herramientas para hacerlo mejor.

Nuestra población del sistema de salud pública no puede seguir esperando y no debe seguir creyendo que debe esperar. Indignémonos, como hicimos el 18 de octubre 2019 y actuemos, como hicimos el 25 de octubre 2020. La salud es un derecho que debe ser garantizado sin mediar ingresos, asegurando calidad y sin ningún tipo de discriminación. Chile necesita una nueva constitución que asegure el derecho a la salud y necesita reconstruir un sistema único de salud que le devuelva dignidad a nuestra población.