Una reunión realizada este jueves entre las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, determinó que dicha organización brindará asesoría técnica al proceso constituyente que se abrió en Chile con el plebiscito del 25 de octubre.

Según lo anunciado por el canciller Andrés Allamand, esta asesoría fue solicitada por el propio Estado, esto en virtud de proveer el “soporte técnico necesario a quienes tengan la responsabilidad de redactar una nueva Constitución”.

No obstante, el anuncio ha generado polémica en diversos analistas que han seguido de cerca el desarrollo del proceso constituyente, una de ellas, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, Claudia Heis.

Andrés Allamand y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría.

Sobre el tema, en conversación con nuestro medio, Heiss aseguró que lo primero que hay que conocer es cuál será el costo de dicha asesoría. Esto porque, según explicó, la OCDE ya participó en un proceso similar llevado a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet, con un informe de evaluación sobre la etapa participativa. 

Por tal motivo, la académica manifestó que “pueden ser insumos útiles, pero no sé cuánto se justifica que ahora el Gobierno esté proponiendo asesorías de este tipo cuando todavía no se constituye la Convención Constitucional. Creo que es la Convención la que tiene que determinar si solicita algún tipo de asesoría”.

Pese a esto, Heiss resaltó la importancia de contar con apoyo e información extra en el proceso constituyente, siempre y cuando esta sea coherente con lo que expresó la voluntad popular el 25 de octubre.

“Creo que la información siempre es útil, no estoy diciendo que todo recurso u organismo internacional que puedan ofrecer insumos sea descartable, pero si el proceso que se está iniciando en Chile es un proceso político que tienen que reflejar la soberanía popular y que tiene que emanar de la elección de los constituyentes y de lo que decida la propia convención respecto de que materiales necesita para realizar sus trabajos”, explicó.

Asimismo, se refirió a las suspicacias que este tipo de acciones deja abiertas y que parecerían querer incidir en el camino que tomará el trámite constitucional.

“Genera suspicacias que el Gobierno esté solicitando asesoría externa, porque puede parecer una manera de intencionar en alguna dirección los trabajos de la Convención, y por eso creo que es inapropiado en este momento estar prestando algún tipo de asesoría que pueda parecer intento por manipular desde afuera el proceso constituyente, afuera del único órgano que tiene la potestad para decidir sobre los contenidos de la nueva Constitución, que es la Convención Constitucional”, señaló.

Finalmente, Heiss fue enfática en mencionar que es necesario poder abrir el debate respecto de la decisión de Cancillería a la ciudadanía, puesto que en la actualidad las asesorías constituyentes “son una industria”, y por lo tanto debería de existir transparencia respecto de los montos empleados por el Estado en este tema.