Caía el año 2013 y en Chile salía a la luz el mayor caso tributario de nuestra historia: el caso Cascadas, en que el mayor accionista de SQM, Julio Ponce Lerou, a costa de los accionistas minoritarios y gracias a un esquema de operaciones fuera de la ley, consiguió aumentar su patrimonio, entre el 2008 y el 2011, en más de 120 millones de dólares.

En septiembre del 2014 se le sancionó con una multa de 70 millones de dólares; e igualmente obtuvo una ganancia de más de 50 millones de dólares.

Lo mejor para él, fue que sin pasar ni un día detrás de las rejas, el Tribunal Constitucional definió que la sanción no era proporcional y bajó dicha multa a 3 millones de dólares. Si le sumamos el perdonazo del SII —el mismo que en plena pandemia amenazaba a la ciudadanía con grandes sanciones tributarias por el bono de 500 mil—, Ponce Lerou terminará pagando el 1 o 2% de la gran estafa que le hizo al Estado.

Lo anterior viene a la memoria por los dichos del actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien aseguró que Lerou en Estados Unidos “estaría preso sin ninguna duda“. Frase que al día posterior reforzó diciendo que el tipo de pena que recibió se debe a la laxitud de nuestro sistema judicial. El problema radica cuando dicha cualidad existe únicamente para unos pocos, quienes suelen ser sancionados o condenados con una flexibilidad ante actos que perjudican a todo el Estado, mientras la mayoría de la sociedad civil se ve perjudicada por la rigidez y el populismo de las penas.

A su vez, Briones agrega que aquello es lo que debería pasar en un sistema que protege el mercado, que es el hábitat natural en el que tipos como Ponce Lerou se mueven y que el Estado neoliberal chileno ha promovido durante 40 años. Al no hacerlo, y beneficiar al infractor, queda demostrado que los poderes del país funcionan con la prioridad de proteger a quienes los colocan directamente o indirectamente en dichos cargos, porque la democracia al ser representativa, termina siendo serviendo a quienes pueden financiarla y no al pueblo mayoritario, a quienes por una cosa de recursos se les quita la soberanía que por derecho deben tener.

Al no proteger el mercado que pregonan —por el que durante años nos han dicho que todo es inconstitucional— y permitir o generar estas injusticias, han empujado a que la institucionalidad en su conjunto esté en una crisis de legitimidad que —hasta octubre del 2019— les beneficiaba, puesto que en la desconfianza de la ciudadanía cultivaban el desinterés que permitió la letanía en la que vivimos durante 30 años.

Todo se resume en la pregunta ¿Cómo convencer al votante de que todos y todas valemos lo mismo si ante el sistema, quienes cometen delitos equivalentes a millones de dólares tienen un trato y sanción diferente a quienes cometen otros cuyo valor monetario y repercusión estatal es infinitamente inferior? Sin igualdad ante la ley no hay democracia.

Con esto queda en evidencia que ni siquiera vivimos en un estado con un modelo neoliberal, sino uno subordinado al 1% más rico de Chile, quienes a diferencia de los Presos Políticos de la Revuelta Social compran un constante indulto que los salva de que las instituciones políticas formulen leyes para aplicar sanciones reales a los delitos de cuello y corbata.

En la Convención Constitucional tenemos la oportunidad de terminar con el sentimiento de impunidad que desborda a la sociedad hace años, y de avanzar a un Estado que garantice la eliminación de los privilegios que son para unos pocos, donde el sistema judicial no opere en la lógica neoliberal y del beneficio eterno al 1% del país. De lo contrario, Lerou y otros quienes han cometido millonarios delitos tributarios, seguirán enfermando a nuestra institucionalidad, porque al final, que no estén presos, es una cuestión de clase.