El Gobierno ha anunciado un plan de vacunación para inmunizar a la población contra el Coronavirus. Para ello ha adquirido una batería de vacunas de distinto origen a un costo que se desconoce, pero se justificaría para enfrentar cuanto antes la emergencia sanitaria. Para vacunar a 15 millones de personas este año, si se toman como base las estimaciones de costo publicadas por la BBC sin considerar los costos de las vacunas adquiridas a través del consorcio COVAX (7.6 millones de vacunas) y suponiendo que el gobierno obtendrá todas las vacunas al precio más bajo posible, el costo sería de US$ 370 millones. 

No obstante, una vez administradas las vacunas, nuestro país no estará mejor preparado para una serie de posibles, y probables, eventualidades. Por ejemplo, ya se discute ampliamente en la comunidad científica, la posibilidad de que surjan variantes del virus que sean parcial o totalmente resistentes a las vacunas actuales. De hecho, antes del COVID-19 hubo dos variantes con alta letalidad, aunque no se distribuyeron ampliamente como el coronavirus actual. Se trata del SARS-CoV-1, en 2002 y del MERS-CoV en 2012. Esto es, pasaron 10 años entre el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV y solo 7 entre este y el actual COVID-19. ¿Pasarán menos de 7 años antes de una próxima versión letal del virus?

No podemos decir mucho al respecto, pero tampoco lo podemos descartar. Si esto ocurre, el país deberá volver a comprar un número similar de vacunas en el probable escenario de que las nuevas variantes del virus lleguen al país.

Tampoco podemos descartar que en el mediano o largo plazo surjan nuevas pandemias, producto del creciente deterioro del ecosistema mundial por el cambio climático, la creciente intromisión humana en ambientes hasta ahora de exclusivo acceso animal, y el potencial paso de virus desde especies animales a la especie humana, como fue el caso de la gripe aviar o la gripe porcina. Si ello ocurriese, el país volvería a enfrentar la situación de tener que comprar las vacunas o los medicamentos necesarios en el mercado internacional. 

El mercado internacional no es un mercado transparente. Está sujeto a toda clase distorsiones, pues todos los gobiernos están sometidos a una enorme presión política para lograr vacunar a sus propias poblaciones al más breve plazo. Por otro lado, como lo describe la información también publicada por la BBC, el rango de precios de cada vacuna es significativo, sin ser claro qué determina que un país compre las vacunas al costo más alto o bajo de dicho rango. Un ejemplo de cómo estos factores están operando, es la creciente tensión entre la Unión Europea y los proveedores de vacunas, el cual podría escalar hasta alcanzar un escenario judicial. Vale la pena preguntarse si, en este contexto, los proveedores de vacunas van a privilegiar el cumplimiento de los contratos adquiridos con países de Europa occidental o Norteamérica, mercados de gran tamaño, capacidad de compra y de peso político innegable, en contraposición con los contratos adquiridos con otros países cuyos mercados son significativamente más pequeños y su peso político casi irrelevante. 

La conclusión es previsible. Los países harán uso de su capacidad financiera y peso geopolítico para obtener esta y futuras vacunas. Si esto es así, Chile tiene dos opciones. La primera es continuar con el actual modelo de respuesta a la pandemia, es decir, estar dispuesto a desembolsar ingentes recursos de manera periódica en un mercado no transparente que está abierto a todo tipo de presiones financieras y geopolíticas, y, por tanto, también, demoras e interrupciones que solo prolongaran la pandemia y sus serias consecuencias sanitarias, económicas, y sociales. Dicha situación de indefensión y dependencia es sólo mínimamente atenuada si el país se asocia con compañías farmacéuticas privadas para, habiendo pagado por las respectivas licencias comerciales, producir las vacunas en el territorio nacional. La segunda opción, que busca asegurar soberanía y seguridad sanitaria, resiliencia e independencia del país, es comenzar a desarrollar de manera sistemática y gradual, una capacidad nacional de producción de nuestras propias vacunas. Esto requerirá el concurso y trabajo coordinado de universidades, centros de investigación, diversos ministerios y otras agencias e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Nos asiste la firme convicción de que Chile cuenta con científicos, técnicos, recursos financieros, nexos científicos internacionales, y el sistema de atención de salud primaria y secundaria capaces de enfrentar este desafío. Esto es cuestión simplemente de una decisión nacional y de Estado en cuyo liderazgo el gobierno tiene la responsabilidad fundamental. Esto es lo que haría cualquier país medianamente serio.