Parlamentarios de oposición en conjunto a una serie de organizaciones del rubro de la educación, presentaron hoy un proyecto que busca la derogación de la Ley Aula Segura, aprobada por el Congreso en 2018 en medio de un intenso debate.
Para la diputada Camila Vallejo, la ley impulsada por la exministra de Educación, Marcela Cubillos, no fue capaz de asegurar la buena convivencia en las salas de clases, por el contrario, solo aumentó la violencia a causa de la persecución de jóvenes por el solo hecho de manifestarse.
“Esta ley busca sacar a los alumnos con opiniones críticas, a los que se manifestaban por sus derechos y aplicar sanciones sin el debido proceso como las cancelaciones de matrículas arbitrarias” , subrayó.
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS), comentó que el mismo Poder Judicial le ha quitado el piso a la Ley Aula Segura, ya que en más de una oportunidad han considerado sus sanciones como vulneradoras de derechos. “Las cortes de apelaciones de nuestro país han anulado procedimientos de aula segura porque viola los derechos fundamentales de nuestros menores de edad” manifestó.
El descubrimiento de una red de espionaje a estudiantes de los principales liceos de la Región Metropolitana, fue el hecho que motivó la creación de este proyecto de derogación. Así lo afirmó la diputada Camila Rojas (Comunes), quien señaló que con esta ley se han saltado todos los protocolos de acción: “Hemos conocido esta red de espionaje donde directivos de los liceos, funcionarios municipales y miembros de carabineros espiaban y entregan información de estudiantes en movilización, esta situación es grave”, concluyó.
En esa misma línea, Javier Pineda, abogado de Corporación 4 de agosto (agrupación que asesora legalmente a jóvenes movilizados), aseguró que se van a querellar contra quienes sean responsables del espionaje a menores y mal uso de la Ley de Inteligencia: “Presentaremos querellas y recursos de protección contra los funcionarios de la Municipalidad y Carabineros quienes construyeron un aparato de espionaje a menores de edad”.
Cabe recordar que la Ley de Aula Segura entrega mas herramientas a los directores de los establecimientos para aplicar sanciones como cancelación de matriculas o suspensión inmediata de alumnos que sean sorprendidos en hechos de violencia, sin la participación del resto de los estamentos educacionales.
Por el momento, el proyecto de derogación presentado por los parlamentarios de oposición, debe ser revisado por la Comisión de Educación de la Cámara baja en las próximas semanas.
