A poco más de un año de que la pandemia del COVID-19 llegará a Chile, con más de un millón de contagios y superando los 30 mil fallecidos, vemos que el gobierno de Sebastián Piñera mantiene la terca, soberbia e inconmovible actitud frente al sufrimiento de las chilenas y chilenos, quienes están sufriendo las consecuencias de una pésima gestión de la crisis sanitaria, social y económica que sufrimos en el país.

Sin exagerar han sido 12 meses en los cuales este gobierno ha hecho gala de la incompetencia absoluta, que han podido disfrazar con el apoyo de los grandes medios de comunicación, espacios de difusión con los que han contado durante treinta años. Los grandes grupos económicos del cual Piñera forma parte. Su ineptitud se confirma en estar cometiendo los mismos errores: pésima comunicación de riesgo, no escuchar a los organismos especializados y la enorme soberbia de enaltecer los puntos altos como fue el exitoso proceso de vacunación, pero sin tomar ninguna medida de prevención de los contagios. Eso sin contar las múltiples irregularidades que han sido detectadas en la contratación de residencias sanitarias, compras de servicios, entre otros.

La gestión de Sebastián Piñera ha sido irresponsable con los hombres, mujeres, niños y niñas de Chile. Ningún paquete económico y social cumple con el objetivo que la gente sienta la seguridad necesaria para quedarse en casa, al contrario de lo que sucede con su preocupación por la banca y los grupos económicos. Señor presidente, tenga claro que su responsabilidad es con la gente, no con las cuentas bancarias de los superricos.

Esto no extraña si Piñera es parte de ese club elitismo de los superricos del país, las siete familias que según la revista Forbes durante 2020, mientras millones de chilenas y chilenos sufrían los embates de la mayor crisis económica en 100 años, se embolsaron US$ 15 mil millones de dólares.

Este gobierno ha impulsado la movilidad de la gente, no ha procurado tener sistemas eficientes de trazabilidad y debe hacerse responsable de esto. Este gobierno ha ocupado los recursos de las y los trabajadores para pagar la crisis, mientras que las grandes fortunas del país han aumentados sus ganancias a expensas de un país que ve cómo la crisis económica empobrece y deja al desnudo la precariedad que alcanza a la gran mayoría de las familias chilena.

Piñera es responsable de que en Chile la gente esté expuesta a enfermarse y no hace más que seguir mirándose el ombligo. Poner trabas a un nuevo retiro del 10% (nuevamente las y los trabajadores poniendo el pecho a las balas), negarse a la renta básica universal de emergencia y al impuesto a los superricos son muestras de su irresponsabilidad.

A esto debemos sumar sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos ocurridos a partir de la revuelta popular de octubre de 2019, donde Sebastián Piñera le declaró que el país “estaba en guerra”, cuando en las calles la gente desbordaba los límites de la transición exigía cambios profundos para tener una vida digna.

Por eso que es justo y necesario que la oposición impulse una nueva acusación constitucional contra Sebastián Piñera, para que responda por sus actos y se ponga fin al desgobierno que nos tiene sumidos en la peor crisis en los últimos cien años. No puede Piñera, “el peor presidente de la historia”, terminar su mandato como si nada ha pasado debe ser juzgado por su responsabilidad en la pésima gestión de la crisis sanitaria y ser causante de la peor crisis social, política y económica de los últimos cien años.