Tras el estallido social ha habido una enorme cantidad de críticas relativas al actuar de carabineros y de las fuerzas armadas en el control del orden público, dichos cuestionamientos se han mantenido en el marco del control de la pandemia. Este actuar ha sido consistentemente violatorio de los derechos humanos.

Cada una de las críticas, casi sin excepción, ha sido recibida no con un afán de entender sus razones y buscar formas de mejorar, sino desde una férrea defensa institucional y de gobierno. Ya en noviembre de 2019, cuando desde Amnistía Internacional publicamos nuestras conclusiones preliminares tras la visita de la misión que llegó a Chile a documentar casos de violaciones a los derechos humanos, hubo comunicados públicos del Ejército, Carabineros y del gobierno, poniendo en cuestión nuestros hallazgos y recomendaciones.

Lamentablemente, vemos que de manera progresiva, esto ha ido empeorando. El espacio para el disenso, sea en el ámbito público, en las aulas o en medios de comunicación, está siendo permanentemente reducido. Quienes defendemos los derechos humanos no recibimos protección desde el Estado, sino constante cuestionamiento.

Recientemente, vimos tres ejemplos muy claros y que dan señales evidentes de este deterioro.

El primer caso que alerta es el de una profesora de un colegio de Concón que abordó en su clase el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Según lo que se conoció públicamente de lo dicho por la docente, no había nada que fuera incorrecto: todo lo que ella dijo era cierto y fue confirmado así por los tribunales de justicia al condenar a los responsables. 

Ante esto, la Superintendencia de Educación decidió actuar de oficio para evaluar sanciones. Esto resulta por completo contradictorio con asegurar una adecuada educación en derechos humanos. Educar en derechos humanos requiere enfrentar la verdad de los abusos ocurridos, pues ocultarlos es la receta perfecta para que vuelvan a ocurrir.

El segundo caso es respecto a la alarmante reacción que tuvieron las tres ramas de las Fuerzas Armadas frente a un programa de televisión en que se hizo una parodia a un militar. Cabe recordar que la parodia está cubierta por la libertad de expresión. Por consiguiente, si quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza y las armas se pronuncian públicamente criticando un acto que no es más que el ejercicio de la libertad de expresión, es grave e intimidante no solo para quienes participaron de dicho programa, también lo es porque coarta a que otras personas ejerzan sus derechos. 

Esto se agrava cuando el gobierno no puso límites a esto; sino por el contrario, apoyó el actuar de las Fuerzas Armadas y criticó el programa en términos similares. 

El tercer caso que nos preocupa está vinculado con la decisión de carabineros de solicitar una investigación administrativa en contra de una funcionaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hace algunas semanas vimos imágenes de cómo un carabinero lanzó gas pimienta directamente al rostro de la funcionaria, mientras ella realizaba labores de observación en una manifestación. Hoy, carabineros denuncia a la trabajadora del INDH señalando, en definitiva, que lo ocurrido habría sido debido a la conducta de ella. Y no solo eso: carabineros, en un acto claramente persecutorio, señala haber revisado las redes sociales de la funcionaria en busca de publicaciones que sirvieran para desacreditarla.

Estos no son los únicos ejemplos. Recientemente ha estado en noticias el espionaje telefónico a periodistas, llamadas desde el gobierno al dueño de un canal de televisión para intentar incidir en su línea editorial, declaraciones del ejecutivo que ponen en cuestión la labor de observadores de derechos humanos en general.

Ya en editoriales anteriores hemos alertado del deterioro gradual de la protección al derecho de reunión pacífica al impedir las manifestaciones en lugares públicos, esto mucho más allá de lo que requerían las medidas sanitarias. Pero ahora, además, se suman señales claras de deterioro al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la educación y defensa de los derechos humanos. ¿Qué más sigue tras esto?