En días recientes, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía de Castro, planteó que los trabajadores y trabajadoras de Chile tenían un “estilo e idiosincrasia” que los hacía preferir los bonos fiscales por sobre el trabajo y esfuerzo personal. Palabras más o palabras menos, los trató de flojos y frescos.

Parece que él no estuviera consciente de que muchos grandes empresarios han recibido una serie de “perdonazos” de parte del Estado y han sido descubiertos, el propio Ariztía entre ellos, en actos de corrupción o colusión de precios. Pertenecen, además, al reducido grupo de privilegiados que han accedido a cargos públicos a raíz de sus intereses y relaciones.

El lector puede contrastar el desproporcionado y muchas veces ilegítimo nivel de utilidades de estas empresas con los sueldos de los trabajadores, que con suerte superan la línea de la pobreza. En el caso del sector Agrícola, que representa el señor Ariztía, 70% de los ingresos que paga esta área de la economía no supera los $400 mil pesos, $65 mil menos que la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas. ¿Se preguntará el señor Ariztía lo que implica que un trabajo de jornada completa, muchas veces informal, lejos de casa y sin pago de horas extras, no alcance para satisfacer la subsistencia?

En el panorama de crisis sanitaria, es inmensa la cantidad de trabajadores y trabajadoras que son objeto de vulneraciones laborales graves, como puede verse en las denuncias por medidas sanitarias incumplidas, permisos de trabajo esenciales “truchos”, rebajas unilaterales de sueldos bajo amenaza de desvinculación, y sobre todo, despidos masivos que aducen la falsa causal de “necesidades de la empresa” con el objetivo de rebajar las planillas de remuneraciones y capitalizar para la postpandemia.

La condición de miles de trabajadores y trabajadoras a honorarios, de los sectores público y privado, que han quedado sin fuente de ingreso en medio de la pandemia es de total desamparo, pues tanto en el sector público como privado, nunca se les han reconocido los derechos establecidos en el Código del Trabajo: cotizaciones, previsión de salud, seguro de cesantía, ni indemnizaciones en caso de despido. No tienen derecho nada, a menos que acudan a los tribunales.

Las relaciones laborales judicializadas a través de las demandas presentadas en los tribunales del Trabajo grafican de manera muy precisa quiénes son realmente los poseedores de una “idiosincrasia y estilo” cuestionables. En su aplastante mayoría, quien termina mal parada es la figura de “el empleador”, que en general muestra displicencia, desapego y falta de empatía respecto de lo que viven las personas que le permiten sacar adelante sus proyectos. Un par de cifras: son falladas a favor del demandante 83% de las demandas por despidos injustificados y 97% de las demandas para que se reconozca relación laboral de trabajadores a honorarios.

Ciertamente, hay empleadores que respetan las leyes laborales, pero por todas partes se ve hasta qué nivel a una grandísima parte no le importan sus empleados. No reconocen en ellos y ellas la fuerza de las empresas y del país, y menos aún la dignidad del trabajo, idea fundamental a debatir para la nueva Constitución.

Pese a todo, lo positivo es que trabajadores y trabajadoras de Chile tienen cada vez más claro que los “frescos” son en realidad quienes, en medio de esta tragedia global, con escasa visión de sociedad y de país, se siguen aprovechando de la gente con suculentas ganancias, mientras compiten por quién va a aparecer en los impresos con la frase más ruda (y absurda). Siguen en su burbuja.

Pedro Peña Sánchez es abogado laboralista e integrante de la organización SoyTrabajador.cl.