Como una tragedia nacional calificaron las autoridades federales mexicanas lo ocurrido la noche del lunes en la Línea 12 del Metro de la capital de esa nación norteamericana cuando colapsó una de las vías en altura por donde transitan los trenes provocando la caída de uno de ellos, dejando 23 personas muertas y decenas de heridos.

Luego de conocido el hecho, el presidente Andrés López Obrador, sostuvo que habrá una investigación imparcial para conocer en detalle los hechos, ya que “no se puede culpar sin tener pruebas”.

El mandatario agregó que “no se va a ocultar nada” porque “el pueblo mexicano debe conocer la verdad”, aunque subrayó que no se pueden sacar conclusiones apresuradas. “Se debe actuar con responsabilidad”, precisó.

Desde la madrugada en México se cortó el tránsito de las vías aledañas a la estación Olivo de la denominada “Línea Dorada”. En horas de la mañana la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, informó que el cierre de la línea afectada se mantendrá mientras duren los peritajes, por lo que se dispuso de transporte público especial para atender las necesidades de la población.

El austericidio y las licitaciones sin control

El desplome de la vía de la estación Olivos provocó una serie de reacciones, en particular por las sucesivas reducciones en el presupuesto del servicio del Metro de la Ciudad de México, la quinta megaurbe más poblada del planeta con unos 21 millones 500 mil habitantes.

Si en 2018 se entregaron 18 mil 900 millones de pesos mexicanos (unos 900 millones de dólares) para su funcionamiento, la cifra fue disminuyendo repetidamente hasta los 15 mil 81 millones de pesos (poco más de 700 millones de dólares) en 2021.

Esto es calificado como el “austericidio” por el economista y consultor de la Universidad Nacional Autónoma de México Pedro Tello Villagrán.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el especialista comentó que es la rebaja del presupuesto y las políticas de licitaciones las que finalmente tienen como consecuencia este tipo de hechos.

Para Tello, “lo que ha ocurrido con el Metro que es un sistema de transporte colectivo eficiente en nuestro país, ha sido simple y sencillamente el resultado de asignaciones presupuestales cada vez menores que han limitado los recursos para otorgar el mantenimiento preventivo que requerían sus instalaciones”.

Además, sostiene que el hecho “es una llamada de atención muy importante, muy relevante, porque en el fondo lo que tenemos que entender es que si los recortes presupuestales y las políticas de austeridad buscan mantener el control y el equilibrio en las finanzas públicas, no hay ningún control y tampoco no hay ningún equilibrio que justifique que la sociedad sea la que pague con vidas justamente los problemas que derivan de no establecer fronteras razonables a las políticas de austeridad y a los recortes presupuestales”.

Para el economista de la UNAM, el problema no es si las obras públicas las construye el Estado o empresas privadas, sino que su ejecución esté sujeta a las normas para evitar este tipo de tragedias.

“En cada una de esas obras, en cada uno de esos procesos de licitación es la ley la que define los criterios a partir de los cuales se habrá de seleccionar a la mejor oferta, a la mejor empresa para realizarla. Y una vez que se asigna a una empresa, se asume que esa obra tiene la obligación, los atributos, la experiencia y los recursos humanos, materiales y de capital para poder cumplir en tiempo y forma con la construcción de la obra de que se trate. En suma, no creo que sea importante que las obras se concesionen a particulares o las realice el sector público; lo verdaderamente importante es que se cumpla con lo que establece la ley acerca justamente de los criterios y los atributos que se deben cumplir para la construcción de obras de infraestructura con cargo a los recursos del gobierno federal”, puntualizó Tello.

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