La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia – entidad creada con los acuerdos de paz – presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte en el que documentaron la desaparición de 471 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Por el momento, 379 individuos siguen desaparecidos.

Las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas organizaciones. El conteo de la Defensoría del Pueblo asegura que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales 47 han sido encontrados, según la policía.

Otro informe, esta vez de la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo se han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.

El viernes se cumplieron 10 días de intensas protestas, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Manifestaciones que han sido violentamente reprimidas por las fuerzas del orden.

Desde que estalló la crisis, el 28 de abril, se han registrado 733 cortes de carreteras, según informó el gobierno.

Los manifestantes reclaman entre otras cosas mejores condiciones en salud y educación, seguridad en las regiones y cese del abuso policía contra las protestas.

Aunque mayoritariamente pacíficas, algunas protestas derivaron en violentos choques con la policía y destrozos que el gobierno vincula con “vandalismo alimentado por grupos armados ilegales”. Veintiséis personas han muerto y, según autoridades, hay 680 civiles y 826 uniformados lesionados.

Las protestas comenzaron se desataron contra una controvertida reforma fiscal impulsada por Duque, quien debió retirar la propuesta ante el descontento social. Pero a pesar de esta decisión, los manifestantes continuaron en las calles en lo que se ha convertido en la mayor protesta contra el gobierno conservador desde que llego al poder en 2018.

Diálogos en curso

El viernes, Duque reafirmó su voluntad de diálogo. “Sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos” a los ciudadanos, dijo.

El mandatario se reunirá el sábado con jóvenes, el grupo más visible de este malestar generalizado, y expresó su intención de reunirse también con el Comité del Paro, que congrega a los principales sectores inconformes. Sin embargo, la organización dijo que solo se sentará a dialogar si el gobierno acepta discutir una reforma de la policía, una renta básica de 250 dólares para los más pobres, la suspensión de la anunciada fumigación aérea de narcocultivos con glifosato y “la desmilitarización de campos y ciudades”, entre otros pedidos.

Condenas internacionales

La violenta represión de las protestas populares en Colombia genero duras críticas de la comunidad internacional. De su lado, el gobierno colombiano rechazó el viernes estos “pronunciamientos externos” sin “objetividad” frente a la crisis social.

“Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”, indicó la Cancillería en un comunicado.

La ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones de derechos humanos y países como Estados Unidos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó a los reclamos y condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en Colombia. Así mismo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con el que Duque no tiene relación, denunció una “masacre” de colombianos.