La alimentación es un derecho fundamental. Puede parecer redundante u obvio hablar de la importancia de la alimentación para el bienestar, la salud o el desarrollo cognitivo de las personas, para las familias, comunidades y culturas o incluso para el desarrollo de los países y sus economías. No obstante, y especialmente hoy en día, sigue siendo necesaria la lucha por el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y digna.
A las puertas de la pandemia, la región ya contaba con varios años de continuo retroceso en la seguridad alimentaria y con un aparentemente incontenible avance del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adultos. Es por tanto, en un contexto ya delicado, que la región enfrenta ahora la crisis socio-económica en la que ha derivado la pandemia.
Para contribuir a entender mejor su impacto sobre la alimentación y, más concretamente, la forma que ha tomado en los territorios urbano-rurales, en Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural lanzamos la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación, cubriendo a más de 6.000 hogares en 10 territorios latinoamericanos. Los resultados obtenidos han permitido arrojar importantes luces.
Dada la importancia del acceso económico para la seguridad alimentaria, resulta fundamental comenzar mirando al impacto de la pandemia sobre los ingresos. En este sentido, los resultados nos han permitido constatar una reducción generalizada de ingresos en todos los territorios. Además, cabe resaltar que, en contra de lo inicialmente pensado por muchos, este ha sido similar, cuando no mayor, en los territorios rurales, apuntando a una importante vinculación entre zonas rurales y urbanas y recalcando la pertinencia del enfoque territorial, así como la necesidad de comprender las dinámicas rurales para poder apoyar oportunamente su desarrollo y atender sus necesidades.
El impacto económico de la pandemia ha venido acompañado, además, por un alza en los precios de los alimentos, posicionando a los hogares en una situación de presión y empujándolos a tomar medidas de adaptación. Algunas están directamente relacionadas con la dieta. Así, muchos hogares -entre 44% y 68%, dependiendo del territorio que consideremos- han reducido su consumo de carne y pescado y entre 38% y 62% han disminuido el de frutas y verduras frescas. Estas disminuciones de proteína animal y de productos frescos han sido, por otro lado, compensadas con un aumento del consumo de productos preparados o envasados, generalmente más calóricos y accesibles a menor costo, aunque también menos nutritivos.
En su conjunto, el impacto económico de la pandemia y los cambios en la dieta se ven reflejados en alarmantes tasas de inseguridad alimentaria en la región. En la mitad de los territorios considerados, la inseguridad alimentaria moderada o severa ronda el 50%, indicando que uno de cada dos hogares no tiene certeza sobre su capacidad para adquirir alimentos y ha visto reducirse la cantidad, variedad o calidad de su dieta por falta de recursos. Adicionalmente, en cuatro de estos territorios, la inseguridad alimentaria en sus niveles más severos afecta a más del 10% de los hogares. Estos han llegado a quedarse sin alimentos por falta de recursos y, en el peor de los casos, han pasado uno o más días sin comer, incluso sintiendo hambre.
En clave de Agenda 2030, podríamos hablar del retroceso que suponen los resultados que arroja la encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, lo cual amenaza inevitablemente el logro de muchos otros objetivos. No obstante, el escenario amerita hablar más bien de garantizar el derecho básico a la alimentación para todas y todos, atendiendo a las situaciones particulares de aquellos grupos más vulnerables: mujeres y sectores rurales. Esto, a su vez, impone la necesidad de redoblar los esfuerzos para contener la expansión, no sólo del COVID-19, sino también del avance de la inseguridad alimentaria y del hambre en la región. En el corto plazo, esta tarea conlleva el establecimiento de programas de respuesta rápida a la coyuntura, pero es crítico avanzar, en el medio plazo y largo plazo, hacia la construcción de resiliencia, generando estructuras productivas inclusivas que reduzcan la vulnerabilidad, estableciendo redes de protección social efectivas y sólidas e invirtiendo en el desarrollo de los territorios y sus sistemas agroalimentarios.
