Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el contexto del estallido social más de 11.300 personas fueron detenidas y alrededor de 2.500 fueron encarceladas.

Pese a la permanente lucha que los familiares de los llamados “presos de la revuelta” han dado para su liberación, hay quedan muchos tras las rejas. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta hay, actualmente, 30 casos de personas privadas de libertad cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 37 años, con diversas medidas cautelares.

Ante esta situación, tres constituyentes de la zona firmaron un documento para exigir la inmediata liberación detenidos.

“Nosotros, Cristina Dorador Ortíz, Félix Galleguillos Aymani y Hernán Velásquez Núñez, Convencionales Constituyentes electos de la Región de Antofagasta, hacemos un fuerte llamado conjunto a las autoridades políticas y judiciales de nuestra región, para exigir un proceso justo en la liberación de los presos políticos de la revuelta“.

“Es de suma urgencia para nosotros visibilizar el dolor de las familias que han vivido en la incertidumbre durante meses, las cuales han visto su vida familiar profundamente afectada esperando un juicio. Durante mucho tiempo, cada uno de nosotros ha escuchado los testimonios de sus familias, organizaciones de apoyo y abogados en diversas instancias y estamos dispuestos a seguir apoyando su lucha en este nuevo camino hacia la Convención Constitucional, generando los mecanismos legales que impidan que estos hechos se vuelvan a repetir en nuestro país bajo la impunidad”, continua el texto.

“Nos unimos en esta oportunidad como Convencionales Constituyentes electos para exigir la aprobación en el Congreso Nacional de un indulto a todas aquellas personas injustamente imputadas y condenadas, por delitos
acontecidos en el marco del estallido social. No podemos comenzar esta nueva construcción de un país más justo y digno sin que exista justicia y reparación, incluyendo la libertad de las y los presos políticos de la revuelta popular para lo cual hacemos un llamado a todas las instituciones involucradas a agilizar los procesos y que se modifiquen las medidas cautelares: no es posible que existan personas en prisión preventiva en instalaciones carcelarias, sin que hayan avances significativos en la investigación que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. Por último, creemos justo exigir una reparación tanto a las y los afectados como a sus familias, por todo el sufrimiento causado frente a esta difícil situación y, también, a todas aquellas personas afectadas por la violencia policial, incluyendo a aquellas que fueron víctimas de traumas oculares”, finaliza el comunicado de los constituyentes.