Con la calendarización apuntando a personas más jóvenes y el pase de movilidad como incentivo, durante las últimas semanas ha aumentado de forma importante la asistencia a los centros de vacunación.
Junto a ello se ha producido una serie de problemas asociados al proceso, como el agotamiento de dosis diarias en algunos centros y aglomeraciones. Además, en los últimos días se ha generado una denuncia por parte de comunidades y organizaciones migrantes, que dice relación con la negación de la vacuna a personas extranjeras que se mantienen en situación irregular en Chile.
A muchos – según han acusado – se les ha solicitado documentos, como comprobantes de procesos de regularización, solicitudes de visa o incluso cédulas de identidad chilenas. Sin embargo, instrucciones del Ministerio de Salud dadas en pandemia dan cuenta de que estas situaciones están fuera de la norma.
“De manera explícita, se recuerda que no debe solicitarse información respecto al estatus migratorio en ninguna vinculación con el sistema de salud y debe garantizarse la confidencialidad de la información para toda la población, incluidas las personas migrantes, la que es considerara sensible en el marco de la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud”, dice un instructivo emanado desde el Minsal el 19 de mayo de 2021 bajo el ordinario N°1871.
La información fue reforzada durante el balance de este lunes por la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, quien manifestó que “en Chile se pueden vacunar todos los chilenos, extranjeros residentes en Chile y todos aquellos residentes extranjeros que incluso se encuentran en tramitación de su visa. Los extranjeros que no se pueden vacunar en Chile son quienes están bajo el estado de turistas, la visa de turista no permite la vacunación en el país”.
Daza precisó que el documento de identificación puede ser el pasaporte, o incluso el carnet del país de origen, pues el objetivo es solo llevar un registro de quienes se vacunaron para seguir los casos y dar curso a la segunda dosis.
Tanto la subsecretaria Paula Daza, como el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirieron a estas denuncias durante la jornada.
Si bien desde el Ministerio de Salud aclararon los hechos y explicaron que la situación se debe a la desinformación de parte del personal de salud, lo cierto es que ha generado problemas para una parte de la población extranjera.
Según señaló Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, estas denuncias son graves y además reiteradas en diversas regiones, especialmente la Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá.
“La dificultad es derechamente que han sido rechazados, que les han sido negadas las vacunas. Es una práctica que se ha generalizado y lo hemos visto principalmente en la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá, donde se ha negado directamente el acceso a la vacuna a migrantes que están indocumentados o no han iniciado el trámite de regularización”, dijo.
González manifestó que dentro de las informaciones que han recabado incluso mantienen reportes de lugares de vacunación en los que se han pegado letreros con las condiciones que se exigirá a migrantes, como solicitudes de visa, regularización, o tener un proceso en curso.
Por otra parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes hizo énfasis en que esta situación no solo significa trabas para la población extranjera, sino también termina produciendo temor en ellos ante la posibilidad de acudir a un centro de salud y ser detenidos sin debido proceso, especialmente dado el contexto de expulsiones del último tiempo.
Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
“Se está generando una tremenda preocupación porque esto es una práctica de discriminación sistemática hacia las comunidades que están más vulnerables y excluidas, pero también vemos que justamente esto esta asociándose con mucha fuerza a los mecanismos de control migratorio cuando son dos ámbitos que deben estar completamente separados, puesto que esto está desincentivando que las personas no acudan a centros de salud cuando tienen la necesidad de hacerlo por miedo a ser detenidos sin debido proceso”, aseveró.
¿Y por qué se genera el problema?
La vacunación a migrantes no es un tema ausente de polémicas, una vez comenzado el proceso a inicios de este 2021 se generó un conflicto luego de que el canciller Andrés Allamand manifestara que los migrantes en condición irregular no podrían vacunarse.
Una situación que se aclaró posteriormente desde el Ministerio de Salud, dando paso a instructivos para garantizar la vacunación universal, tomando en cuenta no solo la garantía del derecho a la salud, sino también un aspecto sanitario, en el que se debe considerar que los migrantes al ser parte de la población nacional también pueden verse afectados por el virus y ser a la vez vectores de contagio como cualquier chileno o chilena.
Sobre este nuevo conflicto, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó que “probablemente hay personal de salud que no conocía claramente el instructivo”, ante lo que dijo es necesario mejorar la política.
Sin embargo, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, su presidente Vanessa González tiene una visión más crítica.
“Lo asociamos a la campaña de criminalización que ya se tiene de forma sostenida a la migración desde diversas instancias públicas incluso, no solo son los discursos mediáticos. Se aprovechan de reproducir estas prácticas que continúan discriminando la población migrante en cuanto al acceso a sus derechos en general, no reconociendo a las personas migrantes como sujetos de derechos, condicionando a si están o no regulares, impidiendo que accedan a derechos fundamentales como el derecho a la salud”.
Si bien tras la aclaración de esta jornada desde el Ministerio de Salud la situación debería estar en orden y no existir impedimentos para la vacunación de personas extranjeras – indiferente de su condición migratoria – en todo el país, de todas formas la Coordinadora Nacional de Inmigrantes está disponible para recibir denuncias de esta u otras vulneraciones de derechos fundamentales. Además, aseguraron que están alertas para tomar todas las acciones legales que puedan ser necesarias.
