Durante el 2020, el tema de los presos del estallido social se fue tomando tímidamente la agenda nacional, partiendo con algunas intervenciones definitorias como las del padre jesuita Felipe Berríos y Benito Baranda sobre el carácter de ‘presos políticos’ dado a imputados y condenados por diversos delitos acontecidos durante el estallido social y hasta el 09/12/2020. Aquí, estos actores sociales pidieron una salida política a los menores detenidos durante las revueltas post 18/O. Desde un ámbito más institucionalizado, se comenzó a tramitar en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad del Senado el proyecto de ley sobre el indulto general, pese al eventual veto anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.
Las discusiones han ido alcanzando un alto vuelo, dado que un grupo de constituyentes plantearon enfáticamente la necesidad de comenzar a trabajar la nueva constitución, pero teniendo en la mesa una agenda de ‘mínimos comunes’, que en este caso llamaron ‘garantías democráticas’. Éstas deben dar fe del debido proceso a jóvenes que llevan más de un año en prisión preventiva y sin un trato justo judicialmente, tal como en su oportunidad la hermana Nelly León dijera al Papa Francisco en su visita a la Cárcel de Mujeres pues “en este país se encarcela la pobreza” (Fundación Mujer Levántate).
Las conversaciones no han estado ausentes de polémica y varias discusiones de ideas se han ido forjando en torno a la concepción de lo que Carlos Peña denominó en su columna ‘La Falacia de la Bondad’ (El Mercurio, 13/11/2020), en la cual el opinólogo define a este debate como un ‘errado paternalismo eclesial o político’ (Infogate, 13/11/2020). Las visiones judeo-cristianas y musulmanas de la teoría clásica política apuntan a la visión de que el/la hombre/mujer nacen buenos/as, y la creación de las leyes para regirnos tienen que ver más con un ordenamiento de la sociedad que la aplicación de estrategias coercitivas de las conductas individuales. Además, en la teoría moderna, Hugo Grocio (1583 – 1645), señala que el ser humano es racional y social con capacidad suficiente para autogobernarse; y, en Jeremy Bentham (1748 – 1832) o Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), vemos que el fin último de un Estado sería prácticamente la persecución de la felicidad de los/as ciudadanos/as. El espacio común de Carlos Peña, se basa en la retórica del Estado Moderno y su auto-conservación a través de prácticas objetivas que van dejando fuera, cada vez más, al ser humano. Pero además, es importante entender que las posiciones en política casi siempre son adoptadas desde nuestras lecturas más recurrentes o a partir de nuestras nociones ideológicas.
El debate de ideas se ha ido extendiendo más allá del ‘buenismo’ de Carlos Peña, dado que la transmisión de éstas no es ‘napalm en Vietnam, sino el mar a la roca’ (Ian Manners, 2000). Así, se han dado algunas explicaciones ideológicas-normativas respecto a la condición ‘política’ de los jóvenes presos, señalando que no han sido perseguidos por sus ideas políticas. Sin embargo, el Senador Francisco Huenchumilla (El Desconcierto, 26/05/2021) precisa que la situación contextual en que fueron detenidos constituyó un ‘estado de excepción’, requiriendo una revisión conceptual de ‘lo político’. En democracias liberales, la excepción se vuelve, a su vez, una regla y una práctica para legitimar la dominación política (Giorgio Agamben, 2003), y así “la democracia se erige como el constituyente ontológico positivo del orden existente, un constituyente que castra, que impide, que despolitiza, que niega y destruye el antagonismo social y político” (Mejía Quintana y Jiménez, 2005: 21). En resumidas cuentas, las democracias contemporáneas SÍ están produciendo ‘prisión política’ porque todo aquello fuera de lo ‘normal’ (incluyendo población migrante) en situación excepcional merecería conductas punitivas per se por parte de un estado represor.
Muchos/as estamos más bien por la vía de que las garantías democráticas aseguren debidos procesos a los presos políticos, dado que el indulto sería un “saludo a la bandera” como dice al padre Berrios (El Mostrador, 14/11/2020). Pero, asimismo, exigimos medidas de reparación para aquellos jóvenes que han sido liberados por falta de un debido proceso. El Estado chileno no puede seguir haciendo la vista gorda ante tanta impunidad y falta de cohesión social en aquellos sectores más desfavorecidos.
Dra. Francis Espinoza F.
Académica UCN
