El concejal independiente con cupo PPD Camilo Para(Til Til)  y su llamado a la violencia hacia las mujeres y acusaciones de violencia intrafamiliar contra el concejal de Comunes Rubén Urrutia (La Pintana) encendieron hace una semana las alertas en la política ante la violencia contra las mujeres al interior de sus filas.

Si bien desde ambos sectores políticos se cuestionó el accionar de sus adherentes y se hizo un mea culpa, lo cierto es que estos casos no son nuevos en la lista de hechos de violencia cometidos por militantes de partidos políticos que acceden a cargos públicos.

El ex diputado Ricardo Rincón (ex DC), el intendente de la RM Felipe Guevara (RN), el alcalde de Cerrillos Arturo Aguirre (ex PS) y el alcalde de Cabrero Mario Gierke (IND) son otros casos de autoridades públicas acusadas de violencia hacia las mujeres que han continuado siendo apoyados por partidos políticos a pesar de las acusaciones, incluso formales, que pesan sobre ellos.

Así el compromiso que muchos partidos declaran con el fin de la violencia, las causas de género y el feminismo distan bastante de la realidad interna que tienen a la hora de enfrentarse a este tipo de casos.

Sobre este punto, Julieta Suárez – Cao, coordinadora de la Red de Politólogas, señaló que no hay ningún partido que quede exento del problema, y que por la gravedad del tema no se puede dejar solo a voluntades: “Yo estoy de acuerdo con normativas más generales que impidan registrar candidaturas y que sean más expeditos los procesos internos en casos de personas que estén formalizadas por delitos relacionados con la violencia de género, pero agregando también a deudores de pensiones alimenticias”.

Además, la académica de la Universidad Católica comentó la paradoja que se genera cuando los candidatos representan cargos respaldados por partidos que dicen estar en sintonía con las demandas feministas.

“Hay un posicionamiento estratégico con respecto al feminismo, que se ha visto también en los medios cuando se pregunta a candidatos o candidatas si son feministas y dicen que sí y parecieran no entender muy bien qué significa el feminismo y qué implica ser feminista, o ser aliado en el caso de los hombres. Me parece que esto muestra que todavía falta mucha capacitación o sensibilización sobre qué implica ser feminista y que no es simplemente una toma de posición hacia los medios”, explicó.

La Corte de Apelaciones de Santiago se negó a tramitar el recurso de protección interpuesto por organizaciones feministas contra Camilo Para Soto, recientemente electo concejal en Til Til, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, (sigue)https://t.co/tbkpDT7jQh pic.twitter.com/CUBATKQzOD

— Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) June 10, 2021

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el año 2017 lanzaron en su campaña Cuidado el machismo mata el cartel con la frase “agresores de mujeres fuera de cargos públicos”, la que han vuelto a presentar varias veces en el marco de casos de violencia ejercida por políticos y autoridades.

La abogada integrante de la organización, Silvana del Valle, indicó que durante los últimos años efectivamente han visto un aumento de declaraciones relativas a eventuales compromisos de los partidos a no aceptar ni reproducir la misoginia y la violencia en sus filas, pero  la aplicación de estas no ha tenido la fuerza que requiere.

“Muchos partidos incluso implementan protocolos de género que han ido proliferando y que deciden abordar algunas situaciones que se pudieran dar al interior de las agrupaciones. Sin embargo, hay algunas conductas y reacciones de la clase política en general que nos demuestran que este cambio cultural todavía no ha alcanzado la profundidad que se necesita”, señaló.

“Estos mismos protocolos no han sido incorporados en muchos casos en los estatutos de las agrupaciones políticas o no lo suficiente (…) Se mantiene la regulación del acosos sexual o la violencia contra las mujeres como situaciones que se trabajan de una manera paralela o incluso con instrumentos de inferior grado jerárquico que otras faltas disciplinarias en una organización”, complementó.

Desde la ética y con perspectiva de género

Ante el conocimiento público de denuncias las agrupaciones políticas suelen accionarse en contra, pero siempre reaccionando, sin prevención y sin buscar soluciones profundas. Además, en la defensa de los conglomerados políticos suele existir un amparo en la ausencia de denuncias ante el Poder Judicial, o de que si estas existen no llegaron a un final exitoso para las víctimas.

Ejemplo de esta situación es la que la senadora Ximena Rincón ha hecho de su hermano Ricardo, acusado de violencia intrafamiliar. “No hay condena de violencia, se desestimó tres veces por el tribunal penal”, han sido sus palabras al respecto.

Sin embargo, son reconocidas las dificultades que enfrentan las mujeres al momento de denunciar, las que se pueden ver acrecentadas cuando se trata de acusar a una figura pública, con redes de poder o en un cargo de autoridad.

“Se hace una mención a lo legal como si lo legal fuera lo mismo que lo ético, y esto no ocurre solamente en el problema de la violencia hacia las mujeres, sino también en otras clases de denuncias. Hay una suerte de normalización y legitimación de las conductas violencias porque no están expresamente condenadas en la ley, o porque la condena que tienen, el reproche que tienen son inferiores o no lo tienen (…) Hay un límite ético que se confunde, porque muchas veces estas actitudes de justificación del sujeto van por el lado de esto no es ilegal, cuando todos sabemos que la legalidad está muy lejos de lo que las mujeres hemos exigido como limites éticos para nuestra protección”, señaló la abogada Silvana del Valle.

Abogada Silvana del Valle.

Por su parte, sobre este punto Julieta Suárez – Cao comentó que al tomar esta decisión ética los partidos deben evaluar las consecuencias que generan sus acciones.

“Ahí los partidos deberán tener una toma de decisiones más basada en la ética. Deberían pensar qué tipo de error quieren cometer, ¿dejar afuera a alguien que está acusado, aunque no tenga una denuncia firme y que al final puede ser que esto sea falso, o incorporar a alguien que tiene una acusación y que esta sea verdadera? Ahí hay un dilema ético. Personalmente, como soy más empírica conozco que las denuncias falsas son un porcentaje muy pequeño del total de casos”, explicó.

No es un tema solo de mujeres y víctimas

La ausencia de condena firme y a tiempo ante la violencia ejercida por autoridades políticas no solo genera un costo e incluso una revictimización para las mujeres afectadas por la violencia, sino también tiene una repercusión directa en otras mujeres- alejadas del mundo político –  que puedan estar sufriendo violencia, así como también es un factor adicional en la consolidación de la impunidad.

El hecho de que la acción de vulneración de derechos sea cometida por una figura política o pública no hace que la violencia sea más o menos grave, pues cualquier tipo de ataque contra las mujeres es igual de condenable y requiere justicia. Sin embargo, al tratarse de hechos de este tipo existe un riesgo de tener un efecto multiplicador, el que en función de la reacción de las autoridades puede ser positivo o negativo.

“La gravedad radica en el efecto multiplicador que una conducta como esta pudiera tener, lo mismo que una acción adecuada ante una situación como esta también tiene un efecto multiplicador que podría generar que, en otras instancias, otras mujeres se decidan a hacer denuncias, pero también efectos en una mejor selección de las personas que acceden a estos cargos de poder”, dijo la abogada Silvana del Valle.

“No solamente en Chile a los cargos de poder de toda índole las mujeres no han accedido históricamente, sino que además cuando hay sujetos que producen y reproducen la violencia al interior o fuera de estas estructuras se genera una condonación por parte de la organización y de la sociedad. Lo que se ve es que el sujeto sigue actuando de la misma manera y lo siguen poniendo por ejemplo como candidato, siendo denunciando”, complementó.

A esta consecuencia se suma la repercusión democrática que pueden tener estas actitudes, en un contexto nacional en que los partidos políticos están ampliamente deslegitimados por no escuchar a la ciudadanía ni actuar en concordancia con lo que esta exige.

“Es una gota más en el océano del desprestigio de los partidos (…) Cuando estos casos se hacen públicos se genera mayor indignación en la gente y mayor percepción de que realmente la política no es un tema de méritos, no es un tema de que realmente llegan los mejores, sino que a veces, y no solo en el caso de violencia, puedes agregar todo lo de la narco política, pareciera ser que los partidos políticos son un aguantadero”, explicó la coordinadora de la Red de Politólogas, Julieta Suárez – Cao.

Julieta Suárez – Cao.

“Se genera una pésima percepción en un momento en que deberíamos estar revinculando a la ciudadanía con la política y que los partidos serían o deberían ser el vehículo esencial para hacer esto”, agregó.

Tomar acciones frente a estas situaciones no es una necesidad exclusiva de Chile. En la última elección llevada a cabo en México el Instituto Nacional Electoral puso en marcha una declaración “3 de 3”, similar a la que se hace al declarar el patrimonio, respecto a hechos vinculados con violencia hacia las mujeres.

Para esto se consideró declarar no haber sido condenados o sancionados por violencia de género, delitos sexuales o deudas alimenticias, con el objetivo de contar con los antecedentes de los candidatos, corroborarlos y proceder posteriormente bajar de la elección a quienes sí cometieron delitos.

En Chile, con un calendario electoral amplio llevado a cabo durante este 2021 iniciativas de este tipo no han sido anunciadas ni menos concretadas. Sin embargo las acusaciones contra figuras políticas conocidas en los últimos días han dejado de manifiesto que la ciudadanía, y en especial las mujeres, no están dispuestas a dejar pasar este tipo de prácticas.