Las Américas es la región más peligrosa del mundo para defender la tierra, el territorio y el medioambiente. La mayor parte de los asesinatos de personas que defienden el medioambiente ocurren en nuestra región. En Chile podríamos caer en el error de relajarnos y decir que la situación no es tan grave, pero esto sería ignorar las graves señales de alerta: quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente en Chile son con demasiada frecuencia víctimas de hostigamiento, amedrentamiento, ataques (golpizas, intentos de atropello, entradas forzadas a sus casas, etc), y amenazas, inclusive de muerte.

Amnistía Internacional lleva años trabajando esta materia, durante este tiempo hemos visto cómo esto afecta de manera muy particular a las mujeres defensoras y que, con frecuencia, queda invisibilizado. Cuando empezamos a trabajar con MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente) por las amenazas a Rodrigo Mundaca, pudimos conocer muchos otros casos de amedrentamiento y amenazas de quienes luchan por el agua en la zona, prácticamente todas ellas mujeres. Por eso, con la conformación de Mujeres Modatima, no dudamos en darles apoyo, visibilizando cómo liderazgos del movimiento tales como Verónica Vilches, Lorena Donaire y Carolina Vilches llevan años resistiendo toda clase de hostigamientos. A partir de ello, también descubrimos otro patrón alarmante: sus denuncias suelen no ser escuchadas por las autoridades. Por ejemplo, carabineros injustificadamente no les toma la denuncia porque ellas no pueden aportar información sobre la identidad de su atacante, o no concurre a una llamada después de que desconocidos entraron a su casa alegando que no tenían móvil.

La semana pasada, conocimos dos nuevas situaciones gravísimas, que afectan nuevamente a mujeres defensoras.

La primera, afectó a Marcela Nieto, enfermera que trabaja en Valparaíso, pero vive en la zona de Quintero-Puchuncaví. Desde 2018 está colaborando en la lucha para recuperar esta zona de sacrificio, denunciando las consecuencias para la salud de la contaminación en la zona, y poniendo en riesgo su propia salud. A partir del 2 de julio, probablemente debido a  unos videos de denuncia que hizo públicos, ha estado recibiendo múltiples llamadas y mensajes amenazantes. Dos de ellas, a las cuales respondió, fueron particularmente graves: en una le dijeron que si no dejaba de defender el medioambiente la iban a mandar a matar; en otra, le dijeron que no la iban a matar, sino que la iban a violar. Ella ya hizo la denuncia en la PDI pero no ha recibido más noticias, ni tampoco de la Fiscalía. Cabe destacar que esta última amenaza tiene un grave sesgo de género, forma de amedrentamiento a la que lamentablemente se ven sometidas muchas de las mujeres y personas LGBTIQ+ que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en la región.

La segunda, afectó nuevamente a Verónica Vilches, activista de Mujeres Modatima. Fue la noche del viernes 9 de julio, en esta ocasión, un automóvil, que era de su madre, se incendió hasta quedar completamente destruido a pocos metros de su casa. Carabineros descartó de plano que haya sido un ataque, señalando que sería consecuencia de un desperfecto eléctrico, pero no se ha hecho ningún peritaje para corroborarlo. Ella recién fue citada a declarar a la PDI el domingo 11 de julio, y le señalaron que no había un informe de bomberos y que carabineros persistía con la idea del desperfecto eléctrico. Habiendo recibido ya dos amenazas de muerte en los últimos meses, no parece correcto descartar sin más la posibilidad de que se trate de un ataque.

Quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente en Chile sí corren muchos riesgos. Las mujeres que lo hacen, mucho más. Es hora de que las autoridades las escuchen. Que el Gobierno adhiera el Acuerdo de Escazú, que Fiscalía Nacional desarrolle instrucciones específicas de acción cuando se trate de personas defensoras de derechos humanos o del medio ambiente, que Fiscalías regionales y locales investiguen con celo estos ataques y adopten las medidas de protección que se requieran, que las policías las traten con la seriedad que ellas requieren. La impunidad ante este tipo de ataques solo ayuda a que se repitan o escalen. Y esto es, justamente, lo que no podemos permitir que suceda.