Muy buenos días honorables señores y señoras parlamentarios, y audiencia en general.

Somos las Madres de Plaza Colón de Antofagasta, las mismas que en 2020 comenzamos nuestro peregrinar con el Mes de María en las afuera de la Catedral de nuestra ciudad, reclamando incansablemente por Juicios justos para nuestros hijos, los niños y jóvenes presos por hechos del Estallido Social.

En estos breves minutos, queremos expresar ciertas ideas que reafirman la necesidad de que se dicte una ley de indulto general o amnistía, para que el Estado de una vez por todas se haga cargo de los presos de la revuelta.

Somos las Madres de cada uno de quienes resultaron presos por el Estallido en Chile y en nombre de cada una de esas madres y en el nombre de nuestros hijos, venimos hoy a expresarnos.

Quisiéramos señalar que no somos especialistas en temas judiciales o leyes, pero somos personas con el sentido común suficiente, quienes entendemos la diferencia entre las razones por las que un preso común está privado de libertad y las justificaciones por las que nuestros hijos siguen presos, condenados, con sus hojas de antecedentes manchadas.

Se ha tratado de igualar a un preso de conciencia con un preso político, no es nuestra discusión. Sólo queremos argumentar que nuestros hijos fueron detenidos, procesados, juzgados y, en su mayoría, condenados, por hechos acaecidos en un contexto derivado de un problema político. Esto se entiende porque fue el Estado el que, en medio del tiempo convulsionado que vivíamos, dictó una ley especial (la Ley Antibarricadas), precisamente porque había una problemática política, y no una situación de delincuencia común. De haber sido esto último, bastaba con subir las penas de delitos existentes. No fue así, y se dictó una ley muy controvertida, es por ello que señalamos que se trata de un tema en un contexto político.

El fundamento de este proyecto de ley es la vulneración de los de los derechos de nuestros hijos. Nosotras sostenemos esta razón, y estos atropellos han sido en un doble sentido:

1. a) Nuestros hijos sufrieron detenciones violentas por parte de las policías, fueron sometidos a tratos degradantes, la mayoría de las veces se obtuvieron declaraciones sin abogados presentes y sin ninguna garantía, es decir, entraron al sistema penal con grandes desventajas, incluso de aquéllas que la ley contempla para los delitos comunes.
2. b) Por otra parte, estas prácticas que pueden ser consideradas maliciosas, no han sido cuestionadas por quienes deben velar por la legalidad del proceso. Los fiscales no cuestionan la obtención de las evidencias y, peor aún, las usan para obtener de los tribunales prisiones preventivas, que se han transformado en verdaderos mecanismos de extorsión y coersión para nuestros hijos. Luego de largos meses de prisión preventiva, nuestros muchachos han debido “aceptar” un procedimiento abreviado a cambio de su libertad. Así, el Fiscal, luego de tenerlos presos, obtiene por esta vía una validación de todos los antecedentes de la investigación (especialmente las declaraciones de los policías). En esta “economía procesal”, los jueces se ahorran un juicio y dictan condena, y nuestros hijos son condenados, obteniendo libertad vigilada, pero con una condena a cuestas y a través de una “verdad negociada” donde pareciera ser que toda la institucionalidad se comporta como juez y parte, y nos sentimos abandonadas por el sistema, las leyes y el Estado. Quienes deciden ir a un juicio oral, en cambio, son en algunas oportunidades más castigados, pues no se cumple con los mínimos estándares judiciales. Los procedimientos permiten que, sobre la base de las declaraciones de los mismos policías que se enfrentaban duramente a manifestantes, los jueces simplemente dictan condena, diciendo que las versiones de los policías son creíbles y pruebas suficientes para truncar la vida de un joven que estuvo en las calles reclamando una mejor vida para todas nosotras.

Así el mensaje ha sido claro: si vienen a buscar su absolución a un juicio oral, van a terminar peor. Mejor acepten la “oferta de abreviado”, validen los antecedentes y salgan a la calle.

Nuestra historia es ésta: somos las Madres de los jóvenes y niños que resultaron presos por los hechos de la Revuelta social, estudiantes y trabajadores, con irreprochable conducta anterior, pobladores, manifestantes como millones de chilenos y chilenas que salieron a la calle a partir del 18 de octubre de 2019, y que fueron reprimidos duramente por la policía. En Antofagasta 34 jóvenes y niños pasaron por las cárceles de Nudo Uribe y Cárcel de Menores y más de 50 jóvenes se encuentran sometidos a procesos con distintas medidas cautelares.

Como Madres, no pedimos indulgencias, sino que se reconozca el contexto de detención de nuestros hijos. Es por ello que proponemos el establecimiento de una comisión transitoria que revise nuestros casos y que pueda efectivamente distinguir a nuestros hijos de la delincuencia común, y cuyas conclusiones individuales, permitan la revisión de cada caso y les permita optar a un juicio justo, incluso en aquellos casos que terminaron en condena.

Soy Karen Tello, madre de Axel Pizarro, estudiante del Liceo Comercial de Antofagasta, sin antecedentes, deportista, alumno destacado, detenido a la edad de 17 años y mantenido en prisión en la Cárcel de Menores durante siete meses y en arresto domiciliario total durante cuatro meses. En mí, todas las Madres de Chile.

Muchas gracias.

*Exposición de las Madres de la Plaza Colón de Antofagasta ante la Comisión de Constitución del Senado, 28 de julio de 2021.