La tarde del lunes la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados rechazó por siete votos contra seis la idea de legislar el proyecto de ley de despenalización del aborto hasta las catorce semanas de gestación. La iniciativa ahora será revisada en Sala, pero con informe negativo de la instancia parlamentaria especializada.

Una de las organizaciones que participó en la formulación del proyecto fue la Corporación Humanas y esta martes, una de sus integrantes, la abogada Camila Maturana analizó lo sucedido en la comisión en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis.

Consultada respecto de si el resultado de la votación les pareció sorpresivo, la abogada de la Corporación Humanas señaló que existía esperanzas en un informe positivo del proyecto de ley presentado en 2018 por parte de organizaciones feministas y parlamentarias a causa de las limitaciones impuestas por la ley de aborto en tres causales.

“Esa ley solo aborda situaciones graves y muy específicas que no resuelven la realidad de las mujeres y niñas que siguen expuestas a sanciones penales muy graves cuando necesitan y deciden interrumpir un embarazo fuera de estas tres causales. El proyecto, al ser una iniciativa parlamentaria, pretende despenalizar el aborto dentro de las primeras catorce semanas y no propone la legalización, ya que eso implicaría un avance en garantías de atención de salud para estos casos”, explicó la abogada.

“Votar en contra el proyecto es, precisamente,  mantener la legislación vigente que define el castigo penal para las mujeres. Cuesta entender que se diga que las mujeres no deben ser encarceladas y luego votar en contra de una ley que hubiera permitido al menos eliminar la sanción penal para que las mujeres no sigan abortando en condiciones de clandestinidad, de estigma, sometidas a riesgos para su salud y vida, y también enfrentadas a la posibilidad de ser denunciadas para someterlas a un proceso penal que, como sabemos, no siempre termina en una condena de cárcel, pero sí expone a las mujeres a esta ruta de criminalización, de ser tratadas como delincuentes”, enfatizó.

Tras la votación en Comisión, el proyecto de ley debe ser debatido en el Hemiciclo y, según señaló Camila Maturana, es en esa instancia donde debe darse la observación ciudadana.

“Este debate debe darse de cara a la ciudadanía, aún con mayor relevancia en un año de elecciones, porque la ciudadanía tiene que saber por qué legisladores van a votar y cuáles son sus posiciones frente a los derechos de niñas y mujeres. Si estarán del lado de proteger y garantizar a mujeres y niñas o insistirán en imponer sus posturas valóricas conforme a las que las mujeres deberían seguir siendo tuteladas en sus decisiones, coartadas en sus decisiones de plan de vida y perseguidas como criminales”, agregó.

Respecto de los argumentos esgrimidos en la sesión de la comisión del lunes, la abogada reflexionó  sobre el estado de los derechos de las mujeres y cómo estos se deben considerar derechos humanos.

“La disyuntiva más relevante es poder conocer si los legisladores votan los proyectos de ley en base a sus convicciones personales, morales y valóricas de lo que las mujeres deben o no hacer, lo que pueden decidir y cómo se debe proteger a las mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados o se legislará en relación a las obligaciones que los Estados han asumido a nivel internacional, precisó.

La abogada recordó que para “el Derecho Internacional de los DD.HH y el sistema internacional de Naciones Unidas hace varios años ha definido que penalizar el aborto es contrario a las obligaciones de los estados en materia de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, principalmente debido a los riesgos que se les imponen cuando deben abortar en condiciones de ilegalidad pues ello significa riesgos para la salud y la vida de mujeres y niñas que los Estados deben evitar y una de las maneras de hacerlo es eliminar las sanciones penales al aborto”.

La legislación actual que habilita a las mujeres a interrumpir el embarazo en tres causales esto es, riesgo vital de la mujer gestante de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida o que el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación o catorce si se trata de una niña menor de 14 años. Sin embargo, la ley también permite a los integrantes de los equipos médicos que intervienen en pabellón a declararse objetores de conciencia, lo que ha importado una nueva dificultad al cumplimiento de la política pública publicada durante la segunda administración de Michelle Bachelet.

Es en ese ámbito que Camila Maturana tiene serias críticas ya que una gran cantidad de obstetras que trabajan en el sistema público se opone a realizar abortos fundamentando su decisión en la objeción de conciencia.

“Principalmente se hace para no atender e intervenir a una niña embarazada producto de una violación lo que da cuenta de la dificultad de los equipos de salud de ponerse del lado de las mujeres y las niñas que se enfrentan a estas situaciones. Por eso es que el cambio de esta legislación, que se votará la próxima semana en sala, se aprueba o habrá que seguir insistiendo en el marco de un proceso constituyente en desarrollo”, comentó.

En ese sentido, Maturana agregó que “hay mucha expectativa en que la nueva Constitución pueda avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con una mirada transversal y una protección integral de los derechos de las niñas en todos los niveles”.