Le costó al Ejército reconocer que fue su comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau, el responsable del airado comunicado que se emitió en marzo cuando acusaba que “antichilenos” y “cobardes desadaptados” eran los responsables de los ataques incendiarios y bombas de pintura contra la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano, epicentro de las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019.
Eso sí, la información la dio a conocer sólo después de una apelación del abogado Cristián Cruz, quien no se conformó con lo dicho inicialmente por la institución uniformada y que no entregaba los nombres de los responsables.
El penalista recurrió a la Corte de Apelaciones y al Consejo para la Transparencia, la que ordenó al Ejército a entregar los datos solicitados.
En el oficio donde responde, el Ejército señala que “quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau” y agrega en el siguiente punto que “fue emitido contando con la autorización previa del señor Ministro de Defensa Nacional”, Baldo Prokurica.
Sin embargo, la explicación de la entidad castrense resulta inverosímil para Cruz, quien asegura que busca, una vez más, escudarse detrás del poder civil.
“No me parece que sea verídico lo que afirma esta vez el Ejército y que la primera vez no lo dijo por escrito, no lo informó, que este comunicado había sido conocido, visado desde un ministerio. Yo creo que el Ejército ahí simplemente está abusando de la buena voluntad del mundo civil que acepta, que no se atreve a retrucar y por ello es que ha actuado como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó el abogado.
Además, precisa que “este reconocimiento del Ejército no es espontáneo. Tiene que haber una resolución del Consejo para la Transparencia tras accionar en él que lo obliga. Ya es una actitud poco transparente, poco diáfana. Primero porque el comunicado no dijo quién lo ordenó y quién lo firmó. El Ejército no lo dice en un primer momento, no han actuado de manera transparente”.
Cruz destacó que inicialmente el Ejército buscaba encubrir el nombre de su comandante en jefe frente a estas declaraciones que resultaron controvertidas entre la opinión pública, no dando a conocer su identidad cuando fue requerido formalmente.
“Solo el comandante en jefe de esa institución pudo haber obrado de esa manera y tratar de encubrir su nombre o su responsabilidad al, en un primer momento, responsabilizar a un departamento comunicacional de la institución, es decir, escudarse en los inferiores y ahora con esta decisión del consejo y su cumplimiento, tratar de escudarse en un ministro de Estado”, comentó Cruz.
El abogado agregó que en el caso del Ejército además de este tipo de acciones hay corrupción y otros delitos graves que se cometen sin que se sancione como corresponde por parte de sus mandos.
“Se trata de violaciones a los derechos humanos, se trata de asesinatos incluso durante el estallido social, se trata de torturas perpetradas por ejemplo en la zona sur de Chile y donde incluso han sido formalizados funcionarios del Ejército por perpetrar estas actividades y donde el Ejército no ha reprochado públicamente. Es decir, se dedican a reprochar lo que no les corresponde, aspectos de terceros y no salen a reprochar delitos de tortura, delitos perseguibles internacionalmente como también lo es el narcotráfico o el tráfico de armas. Ahí guardan un grave silencio”, concluyó el jurista.
Le costó al Ejército reconocer que fue su comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau, el responsable del airado comunicado que se emitió en marzo cuando acusaba que “antichilenos” y “cobardes desadaptados” eran los responsables de los ataques incendiarios y bombas de pintura contra la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano, epicentro de las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019.
Eso sí, la información la dio a conocer sólo después de una apelación del abogado Cristián Cruz, quien no se conformó con lo dicho inicialmente por la institución uniformada y que no entregaba los nombres de los responsables.
El penalista recurrió a la Corte de Apelaciones y al Consejo para la Transparencia, la que ordenó al Ejército a entregar los datos solicitados.
En el oficio donde responde, el Ejército señala que “quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau” y agrega en el siguiente punto que “fue emitido contando con la autorización previa del señor Ministro de Defensa Nacional”, Baldo Prokurica.
Sin embargo, la explicación de la entidad castrense resulta inverosímil para Cruz, quien asegura que busca, una vez más, escudarse detrás del poder civil.
“No me parece que sea verídico lo que afirma esta vez el Ejército y que la primera vez no lo dijo por escrito, no lo informó, que este comunicado había sido conocido, visado desde un ministerio. Yo creo que el Ejército ahí simplemente está abusando de la buena voluntad del mundo civil que acepta, que no se atreve a retrucar y por ello es que ha actuado como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó el abogado.
Además, precisa que “este reconocimiento del Ejército no es espontáneo. Tiene que haber una resolución del Consejo para la Transparencia tras accionar en él que lo obliga. Ya es una actitud poco transparente, poco diáfana. Primero porque el comunicado no dijo quién lo ordenó y quién lo firmó. El Ejército no lo dice en un primer momento, no han actuado de manera transparente”.
Cruz destacó que inicialmente el Ejército buscaba encubrir el nombre de su comandante en jefe frente a estas declaraciones que resultaron controvertidas entre la opinión pública, no dando a conocer su identidad cuando fue requerido formalmente.
“Solo el comandante en jefe de esa institución pudo haber obrado de esa manera y tratar de encubrir su nombre o su responsabilidad al, en un primer momento, responsabilizar a un departamento comunicacional de la institución, es decir, escudarse en los inferiores y ahora con esta decisión del consejo y su cumplimiento, tratar de escudarse en un ministro de Estado”, comentó Cruz.
El abogado agregó que en el caso del Ejército además de este tipo de acciones hay corrupción y otros delitos graves que se cometen sin que se sancione como corresponde por parte de sus mandos.
“Se trata de violaciones a los derechos humanos, se trata de asesinatos incluso durante el estallido social, se trata de torturas perpetradas por ejemplo en la zona sur de Chile y donde incluso han sido formalizados funcionarios del Ejército por perpetrar estas actividades y donde el Ejército no ha reprochado públicamente. Es decir, se dedican a reprochar lo que no les corresponde, aspectos de terceros y no salen a reprochar delitos de tortura, delitos perseguibles internacionalmente como también lo es el narcotráfico o el tráfico de armas. Ahí guardan un grave silencio”, concluyó el jurista.
Le costó al Ejército reconocer que fue su comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau, el responsable del airado comunicado que se emitió en marzo cuando acusaba que “antichilenos” y “cobardes desadaptados” eran los responsables de los ataques incendiarios y bombas de pintura contra la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano, epicentro de las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019.
Eso sí, la información la dio a conocer sólo después de una apelación del abogado Cristián Cruz, quien no se conformó con lo dicho inicialmente por la institución uniformada y que no entregaba los nombres de los responsables.
El penalista recurrió a la Corte de Apelaciones y al Consejo para la Transparencia, la que ordenó al Ejército a entregar los datos solicitados.
En el oficio donde responde, el Ejército señala que “quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau” y agrega en el siguiente punto que “fue emitido contando con la autorización previa del señor Ministro de Defensa Nacional”, Baldo Prokurica.
Sin embargo, la explicación de la entidad castrense resulta inverosímil para Cruz, quien asegura que busca, una vez más, escudarse detrás del poder civil.
“No me parece que sea verídico lo que afirma esta vez el Ejército y que la primera vez no lo dijo por escrito, no lo informó, que este comunicado había sido conocido, visado desde un ministerio. Yo creo que el Ejército ahí simplemente está abusando de la buena voluntad del mundo civil que acepta, que no se atreve a retrucar y por ello es que ha actuado como lo ha hecho hasta ahora”, subrayó el abogado.
Además, precisa que “este reconocimiento del Ejército no es espontáneo. Tiene que haber una resolución del Consejo para la Transparencia tras accionar en él que lo obliga. Ya es una actitud poco transparente, poco diáfana. Primero porque el comunicado no dijo quién lo ordenó y quién lo firmó. El Ejército no lo dice en un primer momento, no han actuado de manera transparente”.
Cruz destacó que inicialmente el Ejército buscaba encubrir el nombre de su comandante en jefe frente a estas declaraciones que resultaron controvertidas entre la opinión pública, no dando a conocer su identidad cuando fue requerido formalmente.
“Solo el comandante en jefe de esa institución pudo haber obrado de esa manera y tratar de encubrir su nombre o su responsabilidad al, en un primer momento, responsabilizar a un departamento comunicacional de la institución, es decir, escudarse en los inferiores y ahora con esta decisión del consejo y su cumplimiento, tratar de escudarse en un ministro de Estado”, comentó Cruz.
El abogado agregó que en el caso del Ejército además de este tipo de acciones hay corrupción y otros delitos graves que se cometen sin que se sancione como corresponde por parte de sus mandos.
“Se trata de violaciones a los derechos humanos, se trata de asesinatos incluso durante el estallido social, se trata de torturas perpetradas por ejemplo en la zona sur de Chile y donde incluso han sido formalizados funcionarios del Ejército por perpetrar estas actividades y donde el Ejército no ha reprochado públicamente. Es decir, se dedican a reprochar lo que no les corresponde, aspectos de terceros y no salen a reprochar delitos de tortura, delitos perseguibles internacionalmente como también lo es el narcotráfico o el tráfico de armas. Ahí guardan un grave silencio”, concluyó el jurista.
