En abril de este año, las y los trabajadores del Ministerio de las Culturas denunciaron, en la Cámara de Diputados, una situación que, desde el inicio de la pandemia marcó su trabajo: la sobrecarga laboral que recayó en la institución luego de que la cartera redujera su personal de 906 a 751 funcionarios y creara, a su vez, los Fondos de Emergencia para paliar la crisis en el sector. 

Entonces, las y los funcionarios advirtieron que el organismo no contaba con los recursos humanos y técnicos como para asumir un desafío de esas características y que, en la práctica, esa debilidad institucional repercutiría, directamente, en la entrega de fondos. 

Es así como hoy, pese a las advertencias, el Ministerio de las Culturas enfrenta su propio drama interno. Según los datos levantados por los gremios de la institución, durante los últimos meses las licencias por enfermedades profesionales pasaron de un 0,7 por ciento a un 5,3 por ciento, lo que da a conocer un incremento considerable respecto de años anteriores.

Esta realidad repercutió directamente en la entrega de fondos concursables, los que hoy estarían paralizados en más de un 80 por ciento, afectando áreas de desarrollo, investigación, creación y difusión, entre otros.  

Jorge González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes (Anfucultura), señaló que las y los trabajadores de la institución han denunciado en múltiples ocasiones la precariedad laboral que deben enfrentar las y los profesionales a cargo de los fondos concursables, pero que hoy la realidad es mucho más compleja. Esto, porque, recientemente, la Seremi Metropolitana, Alejandra Novoa, amonestó a cerca de 8 trabajadores con anotaciones de demérito por no cumplir con los plazos en la entrega de fondos. 

“El año pasado advertimos, en la discusión sobre el presupuesto cultural 2021, que era muy importante, no sólo desarrollar este fondo transitorio de emergencia, sino que también fortalecer nuestra dotación. ¿Qué hizo el Gobierno? Todo lo contrario. Y eso ha tenido efectos concretos: el servicio ha tenido que presentar sucesivas prórrogas para la firma de convenios y tenemos un brote de enfermedades laborales diagnosticadas por la mutual de seguridad”, dijo el dirigente.

Según González, en la actualidad un supervisor de proyectos lleva entre 500 y 700 iniciativas, cifra que, en circunstancias normales, no debería llegar a las 140. En ese sentido, afirmó que se ha cuadruplicado la carga laboral de las y los funcionarios y que la cartera debe retroceder respecto de las amonestaciones cursadas en contra de los trabajadores.

“El fundamento de la anotación de demérito es que nuestros compañeros no alcanzan a tramitar todas las resoluciones relacionadas con los proyectos y eso es lógico y natural. Nuestros propios compañeros lo han representado a las autoridades en sucesivas oportunidades de manera formal, señalando que no tenemos las personas suficientes para llegar con los plazos”, comentó. 

Patricia Torres, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap), indicó que la realidad que hoy enfrentan las y los funcionarios es lamentable y que, pese a haber denunciado esta situación previamente, la cartera no ha ejecutado planes que permitan superar el problema. 

Por el contrario, la dirigenta manifestó que apenas se contrató a una persona que terminó siendo mediadora en los procesos administrativos. “La situación ha ido empeorando, porque avanzan los concursos públicos, avanzan los fondos y las personas que estaban con licencia por estrés laboral y que regresaron, ya están a punto de irse otra vez”, dijo. 

Torres también indicó que la labor de las y los funcionarios se ha visto precarizada en la medida que el Ministerio de las Culturas no cuenta con los equipos tecnológicos que se requieren para poder cursar, de forma expedita, los trámites de los fondos concursables. “Son varias las gestiones que no dependen de una persona, sino que de un equipo y en las condiciones de teletrabajo es difícil que este equipo pueda unirse o estar presente en una oficina. Tampoco tenemos un sistema digital donde uno pueda visar o tener firmas electrónicas, por ejemplo. Entonces, todo se demora una eternidad, porque estamos trabajando como en la edad de piedra, muy precariamente”, agregó. 

“Finalmente, nos vemos desamparados. Las autoridades no hacen nada.  Estamos en tierra de nadie”, subrayó. 

Para Isabel Bravo, vocera de la Federación de Músicxs de Chile e integrante de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE), la situación que hoy viven las y los trabajadores del Ministerio de las Culturas afecta, directamente, a los gremios de las artes. Según precisó, muchos de los fondos que debían entregarse en octubre de 2020, aún no llegan a las y los trabajadores del sector. 

“Nosotros no nos hemos adjudicado ningún proyecto todavía, porque hay un atraso del 85 por ciento a lo menos. Entonces, nunca nos llegaron las platas de emergencia  y por eso es que nuestra pelea siempre ha sido con el gran título de que no hemos recibido nada. Somos el único sector de la población que no había recibido nada hasta que salió el IFE Universal, que tampoco le llegó a todo el mundo”, comentó la dirigenta. 

Isabel Bravo también indicó que es necesario que el Ministerio de las Culturas crezca en términos de personal y que, a largo plazo, la idea es erradicar el financiamiento de la cultura por concurso público: “Somos el único sector de trabajadores de la población que depende de concursos para vivir y sustentar su vida. Eso es la radicalización de nuestra precariedad”, dijo. 

Por lo pronto, las y los funcionarios del Ministerio de las Culturas esperan que las autoridades retrocedan en sus amonestaciones y que levanten, de manera conjunta, una metodología para poder destrabar aquellos convenios que están paralizados y que van en directo beneficio de los artistas, cultores y gestores nacionales. No descartaron una apelación por parte de las y los trabajadores afectados. Tampoco rechazaron la idea de llegar a una movilización para llevar esta denuncia a otro tipo de instancias.