La salud, el derecho básico al bienestar individual y social, tanto en los niveles de promoción y prevención, así como en el cuidado de las personas enfermas; no es un asunto puramente ‘técnico’. Los economistas neoliberales, en su visión totalitaria, nos han querido hacer creer que ‘la salud’, como todas las áreas de la vida social, es básicamente un problema técnico de asignación de recursos que solo el mecanismo neoliberal puede resolver. Dicho mecanismo, consagrado en la Constitución de Pinochet, redefinió el derecho a la salud al afirmar engañosamente, que lo central es garantizar la libertad para decidir dónde comprar el “servicio de mejoramiento de la enfermedad’, pasando, ‘la atención de los problemas de salud’, a ser una mercancía. El resto deriva de aquí: una intencional reducción del ámbito de acción del Estado, para posibilitar el crecimiento de un mercado privado ineficiente y regresivo, sólo conveniente a los empresarios y accionistas del sector (Isapres, clínicas privadas y holdings empresariales nacionales y transnacionales detrás de su gestión), quitándoles además toda responsabilidad en los otros niveles de la acción sanitaria con son la promoción y la prevención. Los gobiernos de los últimos treinta años trataron ineficientemente de, a lo más, corregir las ‘imperfecciones del mercado’. El resultado es que las Isapres obtienen ganancias históricas, el sistema público está precarizado y con un personal mal remunerado, las chilenas y los chilenos viven la enfermedad como una amenaza financiera existencial y una instancia de indignidad, y el país es incapaz de enfrentar las abrumadoras epidemias de diabetes, enfermedades cardiovasculares, el abuso de alcohol y drogas ilegales, los serios problemas de salud mental, las demencias, y los efectos locales del calentamiento global, en la salud de la población.

Se ha sugerido que, una manera de resolver los problemas descritos sería el llamado Seguro Universal de Salud. Nosotros creemos que dicha posición debe ser rechazada taxativamente. Aunque aparentemente técnica y apoyada por el Banco Mundial y la OMS, la propuesta de Seguro Universal de Salud está también saturada de neoliberalismo, con una concepción mercantil e individualista, silenciosa con relación al bienestar de la población y al impacto de las determinantes sociales en la situación sanitaria de los territorios. En esencia, un seguro, ya sea privado o público, define el universo de potenciales beneficiarios, creando un ‘adentro’ y un ‘afuera’. Un ejemplo de esto son las mutualidades de empleadores, cuya no-universalidad se expresa en el hecho de que una tarea central es identificar quienes no tienen derecho a atenderse en ellas, pese a que administran un seguro social. El ‘afuera’ del seguro es el espacio ocupado por existen quienes tienen empleos y vidas precarias, con altos riesgos biológicos, psicológicos, y sociales. En el caso de un seguro estatal, el seguro no podrá ignorar abiertamente a quienes están ‘afuera’ del círculo de asegurados y, por lo tanto, los incluirá entre quienes si pueden recibir ‘atención de salud’. Dicha situación llevará a que, por un lado, habrá un permanente riesgo de déficit financiero y, por el otro, quienes están en el ‘afuera’, serán vulnerables a la discriminación y el maltrato. Esto viola los principios de igualdad y equidad de acceso al cuidado de la salud. Crucialmente, la existencia de un ‘afuera’ dificultará la planificación y la ejecución de estrategias de promoción y prevención.

Por las razones expuestas, entre otras, proponemos la creación de un Servicio Nacional de Salud (SNS), que ordene y gestione los distintos niveles de atención sanitaria, con un claro énfasis en la estrategia de atención primaria en salud. El financiamiento de dicho sistema (público, único, gratuito y universal, para toda la población) debe provenir de los impuestos generales de la nación. Todas y todos los habitantes del territorio contribuyen hoy a la recaudación de impuestos y, por tanto, es ética y lógicamente correcto que desde ahí surjan los recursos para financiar el nuevo SNS, libre de la lógica mercantil neoliberal.  Los recursos para el nuevo SNS existen, si el Estado redujera las tasas de evasión (US$21.500 millones de dólares el 2017) y de elusión de impuestos y esto es sin contar los recursos que se obtendrán de los altos precios del cobre en el periodo que se avecina. Sólo un SNS financiado por impuesto generales de la nación podrá trabajar en colaboración con los otros sectores del Estado y de la sociedad, en promover, proteger, prevenir y cuidar la salud de todes quienes habitan nuestro territorio. Impactando positivamente las DSS tanto intermedias como estructurales, a través de la implementación de estrategias sostenibles, que aspire a la mejor gobernanza, la mayor competencia técnica y respondiendo al control democrático local, regional y nacional. El SNS que promovemos debe asegurar que el cuidado de la salud de una manera compasiva, respetuosa e inclusiva, centrado en las necesidades de las personas, y que considere la diversidad cultural, de curso de vida, de género y de cada territorio. El SNS de un Chile donde la dignidad sea costumbre.

Tatiana Barraza, matrona
Manuel Parra, médico
Guadalupe Muñoz, psicóloga
Alvaro Barrera, médico