Cuando arribamos a Santiago el pasado 4 de julio traía conmigo una bandera que mostraba símbolos que representan a nuestro territorio. Con ella reclamábamos ser partícipes de la construcción del nuevo marco institucional, de la construcción del país justo que exigimos desde la Revuelta de Octubre, como consecuencias de procesos que por décadas habían germinado de movimientos sociales y en la memoria de al menos un siglo de luchas populares.

A mediados de este mes de agosto de 2021, al iniciar aquella semana en que la Convención Constitucional dejó los fríos muros del ex Congreso Nacional, lo dijimos: sacar a la convención de Santiago a las regiones fue un hito. Decimos hito por lo que esto significa, un botón de muestra de un nuevo paradigma, el punto de partida para una nueva forma de hacer las cosas, una verdadera praxis constituyente. Fuimos capaces de hacerlo gracias a la autogestión, al arduo trabajo que pusimos cada constituyente y nuestros equipos y a la buena voluntad de instituciones locales y académicas que lo hicieron posible.

Al igual como ha ocurrido en todo el trabajo de la Convención, nos encontramos con prejuicios, críticas que querían socavar la participación plena y el éxito de uno de los ejercicios democráticos más profundos que este Chile ha visto: el traslado de una Comisión de la Convención hacia los territorios más postergados, a esos mundos extremos que son constantemente invisibles para el panóptico metropolitano.

En esos territorios lejanos, nos sentamos y conectamos para escuchar las voces de aquellas mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que nunca fueron tomados en cuenta, cuyas historias, relatos y vidas no cabían en las hojas de cálculo de la tecnocracia, en las presentaciones de los grandes lobbystas o en las portadas de los medios de la élite santiaguina, nos encontramos con aquellas personas a las cuales el desarrollo que se promete desde Santiago nunca ha llegado.

No se puede escribir la Constitución solamente en Santiago y por ello cada esfuerzo que hagamos por involucrar a nuestras regiones, provincias, comunas, pueblos, islas, caletas, poblados será en beneficio de una Nueva Carta realmente inclusiva y participativa, realmente democrática. Esto es lo que las diferentes organizaciones nos exigen en cada espacio que visitamos, esto es lo que nos repiten en cada instante de los exiguos minutos en que realizan sus presentaciones, que continuemos trabajando en esta línea, que enfrentemos a partir de nuestro movimiento constante la historia de desconexión y abandono que sufren en cada territorio. Que sepamos incorporar de manera activa todos sus esfuerzos previos y que aprendamos de ellas y de su trabajo.

Porque no podemos seguir esperando que la Asociación de Mujeres de Salamanca, el Consejo de Pueblos Atacameños o el Movimiento Archipiélago Soberano de Chiloé y tantas otras orgánicas de zonas extremas o aisladas sean las que asuman las responsabilidades y los costos para poder ser parte de la Convención. No se puede seguir exigiendo que sean ellas quienes viajen al centro.

La Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, desplegada en seis ciudades distintas del país recibió un total de 134 audiencias y como dijimos hace semanas, esto es sólo un hito. No un saludo a la bandera, sino el comienzo de una Convención itinerante presente en todos los territorios del país y en consideración de sus distintas realidades. No descansaremos hasta que sea así y que de una vez por todas contemos con una Carta Magna que incluya a cada pueblo de este país para que todas y todos la sientan como propia, para que al leerla encuentren sus aportes, sus voces, sus miradas, sus dolores, sus aprendizajes, sus fortalezas y sus sueños, una nueva organización para una democracia participativa, plurinacional, territorial y paritaria.

Jeniffer Mella – Convencional Distrito 5.