Polonia declaró el jueves 2 de septiembre el estado de emergencia en dos provincias fronterizas con Bielorrusia para frenar el flujo migratorio irregular que atribuye a la acción directa del gobierno de Aleksandr Lukashenko, al que acusan de orquestar una ola migratoria como “arma híbrida” en respuesta a las sanciones impuestas por el bloque por la Unión Europea y países limítrofes. De hecho, también los estados bálticos de Lituania y Letonia han adoptado medidas para reforzar sus fronteras por el mismo motivo.

El presidente polaco, Andrzej Duda, firmó el jueves la declaración del estado de emergencia solicitada por el Gobierno. La medida tomada por Varsovia para las provincias de Podlakia y de Lublin restringe el derecho de reunión y la libertad de movimientos en 183 municipios fronterizos durante 30 días.

Así las cosas, grupos de ayuda a los migrantes y residentes de la zona (aún tenemos humanidad, ciudadanos!) declararon a la agencia Reuters que ya se ha producido un aumento de la presencia policial en la zona en los últimos días. “El ambiente es en general violento, hay hombres uniformados y armados por todas partes… Me recuerda a la guerra”, declaró Marta Anna Kurzyniec, una vecina de la localidad fronteriza de Krynki.

Por su parte, Amnistía Internacional advirtió sobre las devoluciones en caliente en la frontera y recordó a Polonia que “en virtud del derecho internacional y de la UE en materia de refugiados, está obligado a garantizar la evaluación individual de todas las solicitudes de asilo”.

Las autoridades polacas defienden las medidas tomadas argumentando que  sólo en agosto se registraron unos 3.500 intentos por entrar al país, casi 1.000 detenciones y unas 2.500 expulsiones. La tensión entre la UE y Lukashenko ha ido en aumento desde las elecciones que la primera estima fueron fraudulentas de 2020. Polonia, los países bálticos y la UE le acusan de utilizar a los migrantes como “arma híbrida”.

Mientras eso sucede al norte del viejo continente, al sur de Europa unas 35.000 personas, la mayor parte provenientes de África sub sahariana han sido víctimas de expulsiones en fronteras de alta mar desde 2019, estima Naciones Unidas. Se trata de una de las prácticas más comunes en el Mediterráneo central que la Unión Europea viene aplicando a través de subsidios a los guardacostas libios, para -con mano ajena- evitar que los migrantes alcancen suelo comunitario y su número siga creciendo exponencialmente.

De ese modo, sólo en los cinco primeros meses de este año, más de 13.000 migrantes han sido detenidos en alta mar por la Guardia Costera Libia y devueltos a las costas de ese país norafricano, superando con ello la cantidad de devoluciones forzadas habidas en 2019 y 2020. Ello, pese a que la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones y ONG’s humanitarias han insistido ante las autoridades europeas a que pongan fin a esta práctica cruel aduciendo, de paso, que Libia no es un país seguro.

Para la ONU, el peligro no solo está en la travesía de ida, sino también en el retorno de los migrantes a países como Libia. Cabe recordar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó en mayo, a través de en un durísimo informe, que la UE, Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), así como Malta e Italia, dejan a merced de la guardia costera libia a los migrantes, la que los devuelven a su territorio, donde su vida corre un peligro real.

Por su parte, Sara Prestianni, experta en migración y asilo de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, declaró en una entrevista hace poco que “la Unión Europea, a través de fondos especialmente destinados a África, entrena, arma y financia a la guardia costera libia, que devuelve a la fuerza a los migrantes que intercepta en medio del mar”. Prestianni, incluso, engrosaba a más de 70.000 la cifra de personas devueltas a Libia desde 2017.

Los aviones de Frontex, mientras tanto, siguen sobrevolando las aguas del Mediterráneo, buscando a las mafias -esa otra lacra- que permiten que se trafique cada año con la desesperación de decenas de miles de personas que se embarcan en las peligrosas travesías, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

(Imagen: Los migrantes rescatados del Louise Michel llegan al puerto de Lampedusa, el 29 de agosto de 2020. AFP – Mauro Seminara – RFI)