Lo que ha hecho Carozzi al quitar la publicidad en La Red por emitir La Batalla de Chile no tiene nada de extraño. Es lo usual en los medios de comunicación en los últimos 30 años: ha sido la gravitación del dinero, y no el interés público, la que ha definido qué es lo que aparece a través de los medios de comunicación o no.

El avisaje ha sido uno de los principales mecanismos de control social a través de los medios. Hoy se habla de Carozzi tal como ayer se hablaba de las empresas del grupo Sutil, luego del estallido social. Esta manera grosera de poner la billetera encima de la mesa para determinar qué debe se transmitido en Chile, es, sin embargo, antigua. Recordamos cómo huelgas de empresas pródigas en el avisaje mediático, como Telefónica y las Farmacias Ahumada, fueron invisibilizadas en diarios, canales y radios a pesar de que las acciones de los trabajadores en la calle eran notorias. Mientras esto sucedía, las autoridades políticas de los sucesivos gobiernos de nuestro país miraban para el lado.

La propiedad ha sido otro mecanismo de control social. Ustedes ya pudieron ver en La Batalla de Chile el rol de El Mercurio y la Tercera en los acontecimientos previos al 11 de septiembre de 1973, el cual, guardando las proporciones por los evidentes cambios ocurridos en el país, es parecido al que juegan ahora. Otros señores millonarios han intervenido en los últimos años en el devenir nacional. Ricardo Claro, el ultraconservador dueño de Megavisión, se negó a transmitir las campañas de educación sexual y de prevención del VIH, a pesar de que eran de interés público y que la frecuencia a través de la cual transmitía su canal era pública. El mismo que le hizo pedir perdón públicamente a un humorista por hacer un chiste sobre el Papa. Luego vino Sebastián Piñera, quien usó notoriamente la propiedad de Chilevisión como un instrumento para llegar a La Moneda, especialmente a través de su línea editorial que exacerbaba el tema de la delincuencia. Y Andrónico Luksic, dueño de una gran cantidad de empresas, algunas de las cuales han tenido graves señalamientos medioambientales y sociales, pero aquello jamás ha salido en la televisión. Ni en Canal 13, donde es dueño, ni en los otros, donde auspicia.

Todo esto ocurrió gracias a que, de modo imperdonable, los gobiernos de la Concertación definieron no tener política de comunicaciones, lo cual en la práctica significó entregar los medios a los empresarios. Y también mientras convirtieron a TVN en un canal obligado a autofinanciarse, lo cual en la práctica también significó entregarlo a los empresarios. Qué triste es ver al canal público, llamado alguna vez “el canal de todos los chilenos”, convertido en una televisora privada como cualquier otra, donde no se entregan contenidos que la distingan y que contribuyan al bien común o al cumplimiento de una función pública a través de los medios.

Hemos escrito estas líneas para mostrar que lo de Carozzi no es episódico, sino síntoma de la situación estructural de los medios de comunicación en Chile. Se hace imprescindible una política estatal de los medios de comunicación que cautele su función pública y controle el peso del dinero. Eso es lo que horroriza a algunos que, cuando se toca el tema, rasgan vestiduras con la defensa de la libertad de prensa, que para ellos es en realidad su libertad para intervenir en los medios a su antojo y gracias al dinero, como pretendió hacerlo Carozzi con La Red.