Hace apenas unos días, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quien se encontraba de gira por España fue consultada por un medio de comunicación sobre la posibilidad de abrir nuevamente el debate para ampliar el acceso al aborto. Ella además de responder negativamente, aseguró: “creemos que llevamos muy poco tiempo con una ley que ha sido capaz de dar una respuesta”.

Esta frase retumba en forma de loop cuando se contrasta con el segundo Informe de Monitoreo Social elaborado por la Mesa Acción por el Aborto en Chile  que releva la implemetación de la Ley 21.030 que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación), aprobada en 2017. Las conclusiones de dicho documento tiran por tierra tal afirmación asegurando que “las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas y que esa interrupción debe hacerse de manera expedita, sin afectación de su dignidad y derecho a decisión”.

Amnistía Internacional ha podido conocer el relato en primera persona de tres mujeres que han atravesado una serie de obstáculos para hacer valer su derecho reproductivo según marca la ley. Sin dudas, existe coincidencia con lo relatado líneas arriba y a ello se añade la objeción de conciencia por parte de médicos/as como una de las barreras que se repiten.

María de los Ángeles**, cuenta que quedó embarazada por una falla en su método anticonceptivo pero decidió seguir adelante. Fue en la semana 16 cuando su médico le informó que se trataba de un feto anencefálico. En la 18 recién le reconoció que era objetor de conciencia, entonces ella le solicitó la derivación pero “hasta el momento no sé por qué no me quiso derivar”, expresa.

Se dirigió a una institución pública de salud pero le pidieron la derivación. Desesperada llamó al Ministerio de Salud. Después de varias semanas el doctor finalmente firmó el documento pero “cuando voy saliendo de la clínica me llama y me dice “devuélvete, ya te tenemos la solución”, relata. Ella como presintió que algo extraño pasaba, le tomó una foto al documento de derivación antes de llegar al consultorio. El médico le pidió el papel y lo rompió en su cara. Le aseguró que estaban revisando los protocolos y que en la clínica iban a hacerle el aborto. Eso no ocurrió.

Después de varias semanas consiguió que la atendieran en el Hospital de la Universidad de Chile. Para ese entonces su embarazo ponía en riesgo su vida. Tuvieron que inducirle el parto porque, según le explicaron, la gestación estaba muy avanzada y ya no podía realizarse un aborto. “Si me dicen, ‘tu hija no es viable’, yo no la quiero, entonces ¿soy una asesina?, ¿soy mala persona porque Dios lo mandó así…?. Yo creo en Dios pero a mí manera. Yo siento que quizás Dios mandó esto para reforzar mi carácter, para demostrarme que yo soy una persona fuerte y que es mi cuerpo, yo decido, yo no lo quiero”, dice aún con angustia.

María de los Ángeles trabajaba en la misma clínica donde le habían negado el acceso al aborto y le habían puesto barreras a la derivación. “Me trataron súper mal, un médico me dijo que yo era una asesina, que yo había matado a mi hija, que cómo yo hacía eso”, recuerda con dolor en su vuelta al trabajo. También le dijeron que estaba loca, “yo hasta pensaba en matarme porque lo pasé súper mal porque no encontraba solución”.

Por los obstáculos que tuvo que enfrentar, recurrió a las vías de reclamo y puso una queja en la Superintendencia de Salud. El proceso terminó en mediación. María de los Ángeles consiguió que la clínica estableciera los protocolos para la interrupción del embarazo, que no fuera objetora de conciencia y que contara con personal no objetor. Además, le devolvieron el dinero por los gastos en los que había incurrido.

Por otra parte, Fernanda se enteró en febrero de 2018 que estaba embarazada aún teniendo la T de cobre como método anticonceptivo. En el hospital le informaron que el embarazo era viable pero de riesgo. A inicios de abril tuvo una hemorragia y la dejaron internada en el hospital. Tenía una infección.

Llevaba 14 semanas cuando sufrió el desprendimiento de la placenta y la infección permanecía. “Solicité esa noche hablar con el médico a cargo de maternidad…le dije que había estado leyendo y averiguando que existía la ley de aborto en tres causales, que yo catalogaba porque lo mío era riesgo vital de la madre por la infección y que quería solicitarlo”. Él le respondió: “No, no puedo chiquilla soy objetor de conciencia sería súper inconsecuente que yo practique un aborto si estoy salvando vidas”, cuenta Fernanda.

Enterada del caso, la matrona jefa le pidió disculpas y gestionó la solicitud. Inició el proceso de interrupción con pastillas pero al día siguiente la médica de turno se negó a brindarle la dosis correspondiente y le comunicó que era objetora. Fernanda se quejó otra vez pero sin respuesta. Comenzó a sentirse mal y en un momento se dio cuenta que había un charco de sangre en su cama. “Estaba la guaguita que había caído entre medio de mis piernas”, cuenta.

Por lo que sufrió, Fernanda también utilizó las vías de reclamo. Dejó las quejas correspondientes en la Superintendencia de Salud, en el Ministerio y en el Servicio de Salud de Viña del Mar- Quillota que le correspondía por su domicilio. Fue a mediación; pero como no llegó a un acuerdo, inició un proceso de demanda judicial que está a la espera de audiencia de juicio.

El Informe de Monitoreo Social señala, respecto de la objeción de conciencia, que “sigue constituyendo un obstáculo en la ruta de atención de las mujeres que pudieran estar en alguna de las causales” y resalta que “persisten los objetores simbólicos, es decir, personas que intentan trabar directa o indirectamente la implementación de la ley aun cuando no sean formalmente objetores de conciencia…”.

Por último, en el caso de Rosemery cuando se enteró de que estaba embarazada entró en “shock” porque por su condición de salud esto significaba un riesgo para su vida. Tiene trombofilia, sufrió tres accidentes cerebrovasculares, tomaba pastillas anticonceptivas y un anticoagulante. Además, le confirmaron que se trataba de un embarazo intrauterino.

Ella quería abortar, pero como no encontró solución en el hospital donde se estaba atendiendo, buscó información por su cuenta y llegó a ponerse en contacto con una fundación que evaluó su caso y le dijo que podía solicitar la aplicación de la ley de aborto en tres causales por encontrarse en riesgo de vida.

Para ello, le tocó enfrentar un obstáculo más: “ tuve que cambiarme de casa, cambiar mi dirección, mi ficha, todo porque donde vivía no podía acceder al servicio de salud y a la prestación de apoyo tanto médico como emocional en relación al tema que yo estaba viviendo”. Así pudo atenderse en un hospital amigable. Rosemery no tenía información en ese momento sobre las vías de reclamo y que podía poner una queja por los intentos de entorpecer su derecho al aborto.

Ante estos testimonios y lo ya documentado respecto de la ley en tres causales, la pregunta es: ¿cuántos reclamos bastarán? El Estado de Chile tiene la obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto. No hay vuelta atrás.

*Consultora en Comunicación y Género en Amnistía Internacional Chile
**María de los Ángeles es un nombre ficticio para proteger la identidad de la protagonista de esta historia.