Tras la investigación periodística denominada Pandora Papers, que reveló los vínculos del Presidente Sebastián Piñera con la compraventa de la Minera Dominga por parte del empresario Carlos Alberto Délano en paraísos fiscales, el compromiso medioambiental del Mandatario, una vez más, quedó en entredicho a ojos de la ciudadanía. Y esta vez más severamente.

Hecho que se suma a su postura en rechazo al Tratado de Escazú, el que fue impulsado por el propio jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, pero que posteriormente echó pie atrás, esgrimiendo razones que podrían afectar a la soberanía.

Lo anterior, en medio del litigio entre Chile y Bolivia en La Haya, producto de la demanda del país altiplánico que exigía negociar una salida soberana al mar.

Este argumento nuevamente fue defendido por Piñera, quien en un punto de prensa en La Moneda señaló que el acuerdo no es favorable para el país, puesto que pasaría por sobre la ley chilena al tratarse de un acuerdo que puede ser autoejecutable, es decir, que las disposiciones se apliquen directamente sin la necesidad de adaptarlas al marco jurídico nacional.

La directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, desestimó estos dichos y expresó que “no es verdad que nos puedan llevar a la Corte Internacional de Justicia sin nuestro consentimiento, que está en juego nuestra soberanía, que hay un tema de indefiniciones o que es autoejecutable. Si así fuera, fue la intención de las partes cuando negociaron”.

De modo que apuntó a que las declaraciones del Mandatario son una repetición del informe que expusieron los ministros Andrés Allamand y Carolina Schmidt ante la comisión de Medio Ambiente del Senado en 2020, con los motivos para no adherir al tratado y que fue duramente criticado por especialistas y parlamentarios de oposición.

Asimismo, Astroza señaló que, si bien esta decisión puede no estar directamente relacionada con la Minera Dominga, sí podría estarlo con otras iniciativas que podrían resultar afectadas, debido al carácter vinculante que establece el acuerdo.

“En el fondo mayor participación ciudadana, donde haya una concepción de esta idea de tener proyectos que sean para un desarrollo sostenible, que protejan la naturaleza, a algunos empresarios no les gusta. Yo creo que hay muchos intereses económicos detrás, no solo del Presidente Piñera”, sostuvo.

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, compartió este diagnóstico y consideró que “es bien difícil sostener que las disposiciones de Escazú sean autoejecutables, porque requieren medidas de implementación, que se definan procedimientos, acciones de gestión reglamentarias por parte del Estado de Chile para aplicar sus disposiciones”.

“Podría haber normas autoejecutables, con prohibiciones específicas, por ejemplo, pero Escazú no contiene ese tipo de definiciones. Entonces creo que es un argumento delicado porque, si entendemos la autoejecutabilidad como lo sostiene el Presidente Piñera, tendríamos que denunciar, en el fondo retirarnos, en otras palabras, de varios tratados internacionales que hemos firmado y ratificado en cuya implementación todavía estamos al debe”, afirmó.

Por otra parte, Durán enfatizó en la importancia de que la ciudadanía acceda a una información clara respecto de estas materias, puesto que la que actualmente se entrega “todavía está en un lenguaje muy técnico, que no le permite a las personas saber cómo una determinada decisión pública les va a afectar”.

De modo que, tras la revelación de los Pandora Papers, esto “nos demuestra la necesidad de una amplia transparencia. Todos los ciudadanos y ciudadanas requerimos transparencia respecto de las decisiones que se toman en relación con la naturaleza, con los recursos naturales y con la actividad productiva. Todas las decisiones relacionadas con el medio ambiente nos afectan, porque son derechos colectivos. Por lo tanto, cuando hablamos de conflictos de intereses y de los fundamentos de una decisión, también estamos hablando de acceso a la información en materia ambiental, que es uno de los derechos humanos que están consagrados y reconocidos en el acuerdo de Escazú”, recalcó la académica.

En tanto, el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, aseveró que “un tratado como el de Escazú permitiría no solo garantizar el acceso a la información pública de una manera que sea humanamente comprensible. Nadie podría leer el equivalente a varios tomos, como colocar una Biblia al lado de la otra, para el permiso ambiental que fue manufacturado en este proyecto (Dominga)”.

Asimismo, agregó que “es evidente que no solo se violan los principios básicos de buena evaluación ambiental, sino derechamente que es imposible garantizar la participación medioambiental. El Tratado de Escazú, permite acceder a la información en tiempo y forma adecuada para que la ciudadanía esté en igualdad de condiciones, que no haya tratos preferenciales, que no haya persecución a los dirigentes medioambientales que han resistido frente a este proyecto”.

Cabe señalar que el Tratado de Escazú entró en vigencia el pasado 22 de abril y fue ratificado por 12 países, a excepción de Chile, Perú, Colombia, Brasil y Guatemala.