Este viernes, las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado (CUECH) emitieron una declaración en que manifiestan su rechazo a la solicitud presentada vía oficio por los Diputados Cristobal Urruticoechea y Harry Jürgensen, en la que solicitan información sobre “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.
En dicho oficio se solicita, además, individualizar a docentes que imparten estas asignaturas y los recursos destinados por cada institución, lo que nos parece una petición abusiva y con un fin persecutorio.
Al respecto, las rectoras y rectores se universidades estatales argumentaron que, de acuerdo a la legislación, la educación brindada debe ser con equidad de género, tolerancia e inclusión, pues es el rol de las casas de estudios contribuir a una sociedad más democrática y reflexiva.
“En nuestra calidad de universidades públicas y de acuerdo con la legislación que nos rige, guiamos nuestro quehacer por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión, entre otros, los que debemos respetar, fomentar y garantizar, y que son vinculantes para todos los integrantes de nuestras comunidades. En este sentido, el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permite construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante, que avance en la superación de las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres y las minorías en Chile y en el mundo, y contribuye a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a las exigencias legales establecidas recientemente en la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, por lo que estas instituciones perseverarán en su implementación”.
Al respecto, las y los rectores declaran que rechazan “la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación”.
“Reafirmamos el compromiso y el deber que tenemos como Universidades del Estado de propiciar espacios de reflexión crítica y formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común”, finaliza el comunicado.
