Parece curioso, por no decir de una brutal ignorancia, que los candidatos presidenciales de la derecha cívico -militar, insistan en imponer a la ciudadanía que son los trabajadores/as del Estado los/as que acumulamos los privilegios de este país. Sería más razonable y apegados a la realidad, que como postulantes al ejecutivo, asuman que son candidatos a servidores públicos y aprovechen de informar, por ejemplo sobre el “Presupuesto Base Cero”, que el año pasado, el ex ministro de Hacienda, ideólogo y defensor del mercado, instaló para disminuir recursos en programas sociales, ministerios y servicios, trayendo con esto, peores condiciones de atención que afectaron directamente a los/as ciudadanos/as más vulnerables de Chile, y menores condiciones laborales y de infraestructura pública.
Estos candidatos, sin disimulo, tratan de hacer creer a la ciudadanía que las precariedades estructurales de nuestra sociedad, se debe a una “gran” masa de trabajadores/as públicos con derechos garantizados e inamovibles. Las campañas electorales de la derecha cívico-militar instrumentaliza un discurso oportunista con el afán de confundir a la ciudadanía, agudizando la rabia contra el Estado, y por extensión hacia los/las funcionarios/as; cuando el diseño de las políticas públicas son de exclusiva responsabilidad de los gobiernos de turno, y no de quienes ejecutamos esas políticas.
Aproximadamente, el setenta por ciento de los/as trabajadores/as están bajo la modalidad contractual de personal a contrata, y un número importante de trabajadores/as a honorarios. Lo que significa que al momento de ser despedidos/as, no tienen derecho a indemnización por años trabajados en el Estado; y sin trabajo, no tienen derecho al seguro de cesantía, como ocurre en el sector privado.
Cuando las y los trabajadores públicos luchamos por reajustes salariales y mejores condiciones laborales, como es la negociación de la Mesa del Sector Público, asumimos la defensa del empleo y la defensa del presupuesto para que los Servicios con recursos y dotación suficiente, sean Servicios Públicos de calidad para atender a la ciudadanía.
En nuestra condición de clase, también ponemos a disposición nuestro pliego de negociación para quienes no tienen sindicato y que nuestra “negociación de hecho” (no reglada) sirva como referente para avanzar en mejores condiciones laborales. Los candidatos presidenciales de la derecha deben dejar de mentir, y por sobre todo enfrentar a la ciudadanía contra los funcionarios/as que garantizan, con su trabajo, los derechos sociales de las personas. Derechos que a lo largo de estos 46 años, la misma derecha cívica-militar privatizó con el apoyo de las “armas fiscales” de mantener un Estado subsidiario. En lugar de fortalecerlo en función del bien común, lo precarizaron traspasando dineros públicos a las empresas privadas, con rapidez oportuna para que ejercieran el rol que debe cumplir el Estado; dineros y funcionamientos de privados que con dificultad pueden ser fiscalizados por funcionarios/as públicos/as. ¿Cómo ser candidato a presidente de todos los/las Chilenos/as, sin reconocer en el Estado la bondad de su naturaleza solidaria, colectiva y de bien común? ¿Para quiénes gobernarán si, a pesar del evidente fracaso del mercado, insisten en poner el acento en el desarrollo de unos pocos?
La salida a la crisis social que enfrenta Chile pasa por una redistribución del ingreso, mejorar las remuneraciones del conjunto de los trabajadores/as, especialmente de aquellos que reciben bajas remuneraciones, esto debe ser pagado por aquellos que se han enriquecido con la venta de los Servicios Públicos en dictadura, donde grandes empresarios, mas bien “especuladores” nacionales y extranjeros engrosaron sus fortunas con “garantías estatales” que curiosamente los candidatos de derecha nada señalan.
Los grandes fraudes que se han cometido contra el Estado, no han sido efectuados por sus trabajadores/as, han sido acometidos por jefaturas de los gobiernos de turno, por altos mandos de Generales, PDI, Carabineros. No han sido los trabajadores/as públicos los que hacen transacciones económicas en paraísos fiscales para evadir la tributación, ni proponen en cláusulas contractuales perjudicar el bien común, la biodiversidad y la vida en los territorios. Entonces, los trabajadores/as publico/as y quien los representa, exigen a los candidatos presidenciales de derecha, ajustarse a los hechos y la verdad. La ciudadanía debe saber que hemos sido, nosotros/as, quienes en precarias condiciones sanitarias, hemos enfrentado la pandemia a costa de nuestra vidas y las de nuestras familias.
El Estado no puede ser pillaje de quienes ganan las elecciones; somos las y los trabajadores/as del Estado quienes conocemos el funcionamiento de los servicios públicos, tenemos la experiencia laboral inherente, y la abrazamos con vocación de servidores/as. Nosotros/as vivimos de nuestro sueldo, no de la corrupción, la colusión, y por ningún motivo del fraude fiscal.
José Pérez Debelli.
Presidente ANEF
Consejero nacional CUT.
