El pasado domingo 31 de octubre, pescadores de la localidad de Punta de Choros, ubicada en la región de Coquimbo, ingresaron una solicitud ante la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una visita de observadores internacionales a la localidad, en el contexto de la instalación del proyecto minero Dominga.

Creada a fines de agosto del 2017, el objetivo de la REDESCA es fortalecer y profundizar el trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los estados americanos, y colaborar para elaborar e implementar políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos para garantizar una vida digna. Algo que los habitantes de Punta de Choros quieren mantener.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt y vicepresidente del gremio de pescadores de Punta de Choros, Rodrigo Flores, aseguró que la presentación ante la CIDH se justifica “porque se está faltando al derecho de vivir en paz en un lugar libre de contaminación”.

En ese sentido, el dirigente explica que la sobrevivencia económica de la localidad de Punta de Choros se basa principalmente en los recursos naturales del mar y el turismo que visita la zona, lo que no es compatible con la instalación del megaproyecto minero.

“Tenemos una economía pujante en el borde costero a través de la extracción de productos del mar,  a través de su área de manejo, más de 30 años de cuidado de las áreas de manejo cada vez transformándolas en más productivas y de mejor economía para la comunidad. Tenemos más de 20 años desarrollando turismo, más de 100 mil visitantes en la temporada. Es totalmente incompatible la mega minería con este estilo de vida que llevamos, que son años y años dedicados a crecer acompañados de la naturaleza, tratando de ser el menor impacto posible en la naturaleza para poder convivir con ella”, sostiene.

Además, a través de la presentación de este requerimiento, Flores aseguró que como gremio buscan “demostrar lo que está sucediendo a nivel internacional”, ya que, a su juicio, la legislación ambiental chilena no protege a ecosistemas amenazados por la industrialización.

“Las leyes chilenas son muy vagas. La institucionalidad ambiental en el país está todavía en pañales y se permite, sin reparos o a destajo, la contaminación de todo tipo de proyectos, no hay reparación a las consecuencias que dejan estos proyectos. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Que se haga visible, que se note en el mundo entero que no podemos permitir que se construyan estos tipos de megaproyectos en lugares tan inhóspitos y amenazados, tan vulnerables como el Archipiélago de Humboldt”, manifestó.

Por lo pronto, los pescadores que presentaron la petición deben esperar la resolución de la Comisión, lo que podría significar una visita a la región de Coquimbo.

“Los pasos a seguir es esperar que venga la Comisión Investigadora al sector para que vea, realmente in situ, el porqué estamos en desacuerdo con esta medida y que se haga un juicio internacional referente al cuidado del Archipiélago de Humboldt”, sostuvo el dirigente.

El impacto de Dominga en las comunidades 

Por su parte, la presidenta de la comunidad “Juanita Vergara” de la localidad de Punta de Choros, Lucía Ossandón, explicó que la instalación del Proyecto Minero Portuario Dominga es incompatible con el medio ambiente que rodea la zona, principalmente al tratarse de un mega proyecto, lo que perjudicaría la vida silvestre y marina e incluso, la calidad de la vida humana.

“Siempre hemos dicho que este es un lugar único en el mundo. Es una maravilla hermosa, y lo que quieren hacer con este lugar es devastador. Da pena, rabia e impotencia”, señala.

Además, la dirigenta de la primera comunidad del pueblo Chango en la Región de Coquimbo explica que la constante insistencia del Ejecutivo para aprobar la instalación del proyecto ha permeado en su calidad de vida, pero también se han organizado con otras comunidades para buscar opciones que permitan detener a la minera.

“Ojalá con el dedo pudiéramos decir ‘se va la minería, se va todo y podemos vivir tranquilos’, pero estamos siempre con la incertidumbre de qué más quiere el Gobierno. Todo se ha rechazado y siguen insistiendo, sabiendo que en el año 2017 quedó rechazada la minera y vuelven a insistir. Sabemos que el dinero todo lo puede, pero también sabemos que a nosotros también hay leyes que nos protegen. Por lo mismo, nos hemos reunido con muchas caletas y mucha gente en base a todo lo que está pasando”.

Incluso, Ossandón afirma que la presencia de Dominga ha provocado una división en las comunidades que habitan el territorio, particularmente en las zonas que no cuentan con borde marino, donde las fuentes laborales no corren riesgo a causa del megaproyecto y son habitadas por personas que han recibido ofrecimiento por parte la minera.

“Dominga ha sido causante de la desunión de las personas de la comuna, porque ellos vienen a lugares donde obviamente no hay borde costero y donde la gente trabaja de la minería, entonces les muestran lo lindo que ellos ofrecen, les muestran plata y solamente plata. El día que Dominga se instale, se van a olvidar de todas las promesas que hicieron. ¿Cuántos años van a trabajar, 25 años?, ¿y qué va a pasar después de 25 años?, ¿Qué va a pasar con nuestros hijos que son nacidos y criados en este lugar, que estudian aquí?”, cuestiona.

Incluso, la dirigenta del pueblo Chango asegura que las promesas laborales realizadas por la empresa no se sustentan debido al bajo nivel de educación de los pobladores de la zona, que principalmente trabajan en la extracción de recursos naturales de mar, lo que, a su juicio, no les permitiría optar a esas ofertas.

“Hay mucha gente que ni siquiera tiene enseñanza media completa, ni siquiera tiene enseñanza básica. La minería no le dará trabajo, porque para trabajar ahí primero hay que tener un currículum, hay que tener cuarto medio para todo ese tipo de trabajo. Con suerte le van a dar trabajo de pala que dura 3 años y el resto de los años, ¿Qué come? En Quintero prometieron exactamente lo mismo y hoy la gente no hace nada porque no hay ningún recurso marino. Es un lugar para proteger. No es estar en contra de la pequeña minería, pero sí de los megaproyectos que quieren llegar a dañar este lugar. Si pudimos sacar a Barrancones, ¿por qué no lo podemos hacer con Dominga?”, concluye Ossandón.