La reciente condena a ex agentes de la DINA por delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual en el centro de tortura conocido como “Venda sexy” en calle Irán 3037 en Macul, entre 1974 y 1975, confirma la dimensión sexual como una forma específica de violencia contra la mujer y permite una relectura de los archivos de derechos humanos en clave feminista.
Para la directora del proyecto Tecnologías políticas de la memoria y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Oriana Bernasconi, la persecución, hostigamiento y exterminio de grupos disidentes ejercida durante la dictadura cívico-militar, incluyó en el caso de las prisioneras políticas la violencia sexual como una forma particular de tortura, reconocida en su especificidad por estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belem de Pará -ratificada por Chile en 1996- afirma que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. El artículo 2 señala que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, psicológica y sexual, que comprende violación, abuso sexual y tortura, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.
“Hasta hace no mucho tiempo la violencia sexual no era considerada por los tribunales como una forma de tortura específica hacia las mujeres por parte de agentes del Estado, por lo que la incorporación de la perspectiva de género en los fallos de justicia transicional permite evidenciar estas prácticas atentatorias contra la dignidad de las mujeres”, afirmó Oriana Bernasconi.
Del mismo modo, la investigadora señaló que “los testimonios de las propias mujeres, los documentos, materiales y archivos de la represión y el horror vivido en Chile han visibilizado la dimensión de género de la tortura ejercida por los agentes estatales como una forma de castigo a las mujeres militantes o participantes activas en política, permitiendo una reinterpretación de los archivos de derechos humanos en clave de género”.
El proyecto “Tecnologías políticas de la memoria” analiza las apropiaciones y usos actuales de dispositivos de registro de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura y cuenta con líneas específicas de investigación de Producción cultural y de Sitios de memoria, que se suman a las de Educación y Justicia transicional.
Sitio de memoria no reconocido
Hacer dialogar el trabajo de recuperación y mantención de los sitios de memoria con testimonios de las víctimas de la dictadura o sus familiares, permite resignificar la mirada del pasado y, a su vez, recoger luchas actuales por la defensa de los derechos humanos para contribuir a que las violaciones a los derechos fundamentales no se vuelvan a repetir en Chile.
Es lo que hace la producción teatral Irán #3037 [violencia político sexual en dictadura], que investiga las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el centro de exterminio, “La venda sexy”, en que la joven protagonista irá descubriendo la lúgubre historia de la casa que habita, tomando conciencia sobre la violencia política sexual ejercida particularmente contra las mujeres.
Su directora, Patricia Artés, explica que la obra aborda la violencia política sexual como herramienta del Estado para reprimir a las mujeres y los cuerpos disidentes y feminizados, como un mecanismo específico con carácter de género y castigo a las mujeres que se salen de la norma de lo que se supone es ser mujer.
La articulación Memorias de Rebeldías Feministas a la que la directora pertenece, que busca irrumpir en el espacio público y la cultura para reponer historias y memorias de mujeres, ha instalado y reconstruido en Irán #3037 una pieza de cerámica memorial para visibilizar la violencia política sexual ocurrida en ese inmueble en dictadura. A pesar de las demandas de grupos feministas y de derechos humanos para que la vivienda donde funcionó la “Venda sexy” se convierta en un sitio de memoria, ésta sigue funcionando como residencia particular.
Al respecto, la investigadora Oriana Bernasconi destaca la “necesidad de recuperar los sitios de memoria, justamente para poder visibilizar las violencias que ahí sucedieron. Si no podemos recobrar y refuncionalizar ex centros de detención y tortura como sitios de memoria, no podemos contar las historias que allí ocurrieron”, asegura.
Perspectiva feminista interseccional
“La violencia política sexual es terrorismo estatal: aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile” (2021), es una reciente publicación del colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes (MSSR) y Memorias de Rebeldías Feministas, que aborda la violación como una estrategia planificada y de control del Estado, que pasa a constituirse en un arma de guerra.
Patricia Artés, que también participó en la escritura del libro, explica que “en los contextos de guerra, de invasiones, de depredación y de violencia política expuesta, violar a una mujer significa violar a su pueblo, a su nación, a una idea, a una cultura”.
Por ello en el libro se la nombra como Violencia política sexual y no como violencia sexual en contextos de represión, porque es necesario que se señale la participación de los agentes del Estado y que ésta se genera en el cruce de varias violencias.
En ese sentido, la perspectiva feminista interseccional habilita una forma de mirar en que las agresiones no sólo se suman, sino que interactúan. Es así que “en el contexto de la dictadura cívico-militar, las mujeres que fueron torturadas no recibieron violencia como mujer y como militante, sino que por ser mujer militante, lo que sería una forma específica de opresión”, se señala en el libro.
(Imagen: Colegio de Arqueólogos)