A 4 meses de la instalación de la Convención Constitucional, Corporación Humanas lanzó una nueva versión de su encuesta anual, esta vez centrada en la inclusión de los derechos de las mujeres y las propuestas de la agenda feminista en la nueva Constitución.

De acuerdo a los resultados, las mujeres consideran que la nueva Constitución tendrá un gran impacto en sus vidas cotidianas y les permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos (53,8%), manifestado que las expectativas sobre el proceso constituyente son positivas. Aquellas que expresan más confianza en el proceso son las mujeres del tramo de edad más joven, menores de 30 años.

Las expectativas de avance en derechos se dan en un amplio rango de ámbitos. El más mencionado es el ámbito laboral y la persistente brecha salarial, en tanto, un 80,5% de las encuestadas cree que la nueva Constitución permitirá avanzar en la resolución de este problema. Luego, un 76,5% considera que se avanzará en el derecho a la maternidad voluntaria; un 74,1% en el derecho de todas las personas a ser cuidada y que dichas labores sean compartidas entre el Estado, el sector privado, hombres y mujeres; y un 68,9% cree que habrá avances respecto al derecho a vivir una vida libre de violencias.

Si bien las mujeres identificadas políticamente con la izquierda y centro izquierda expresan una valoración más positiva de los avances que una nueva Constitución posibilitará a las mujeres, tanto las encuestadas de derecha y centro derecha, como aquellas que no se sienten representadas por el eje izquierda-derecha, tienen niveles similares de optimismo respecto a las posibilidades de superar la brecha salarial y asegurar el derecho al cuidado (sobre 70%), avanzar en maternidad voluntaria (75%), y garantizar el derecho a una vida libre de violencia (sobre 62%)

Los resultados de la encuesta revelan la existencia de una amplia aceptación a incluir los derechos humanos, así como medidas de acción afirmativa para mujeres. Un 63,2% de las mujeres está muy de acuerdo que los derechos humanos debiesen incluirse como principio en la nueva Constitución, y un 29.4% está de acuerdo. En contraste, solo un 5,5% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta inclusión.

Respecto a la inclusión de obligaciones para que el Estado mejore la situación de las mujeres más vulneradas, es decir, mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres de la diversidad sexual, un 68,6% de las entrevistadas considera que el Estado debe intervenir de manera permanente para alcanzar igualdad de resultados. Existe otro 27,5% que está de acuerdo con la intervención estatal en esta materia, pero sólo de forma temporal. Si se suman ambas alternativas, un 96,1% de las encuestadas apoya las medidas afirmativas para mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación.

Por otro lado, el sondeo advierte un alto apoyo a que se incluyan en el nuevo texto constitucional mandatos que aumenten la presencia de mujeres en cargos de representación política. Así un 55,7% manifiesta estar de acuerdo y un 36,8% de acuerdo, lo que suma un 92,5%. Este apoyo cruza las diferentes sensibilidades políticas, pues tanto las mujeres de centro derecha como aquellas que no se identifican con una posición particular expresan en un 52,5% estar muy de acuerdo con que la Constitución establezca esta obligación estatal.

En los primeros meses de trabajo de la Convención Constituyente, se ha debatido sobre diferentes maneras de comprender y aplicar la paridad, tanto en términos sustantivos como numéricos. Al respecto, un 77,1% de las encuestadas comprende la paridad como una integración mitad y mitad entre hombres y mujeres.Otras alternativas, como que la paridad debe ser mayoría mujeres o que debe establecerse un piso de 20% o 30% de mujeres, son minoritarias, con alrededor de 11% de apoyo.

Una mayoría de las mujeres encuestadas expresa que la Constitución debe incluir obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos sociales claves. A nivel general, una mayoría de las mujeres encuestadas (el 72%) está muy de acuerdo con que la nueva Constitución incluya obligaciones para que el Estado aplique políticas de prevención, atención y reparación de la violencia de género; un 71,3% asegure el acceso a la educación sexual en escuelas, a la información y a la salud sexual y reproductiva; y un 76,5% asegure que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando realizan el mismo trabajo.

Una dimensión que hasta ahora se ha considerado un problema privado de las familias, y una responsabilidad exclusiva de las mujeres, como el cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes, se perfila crecientemente como un asunto público que debe ser asumido como sociedad. De este modo, un 63% está muy de acuerdo con que la Constitución debe mandatar al Estado para que incentive una distribución igualitaria de estas tareas entre hombres y mujeres, y un 67,8% señala estar muy de acuerdo en que el Estado debe asegurar que todas las personas dependientes reciban los cuidados requeridos. Nuevamente en este punto se observa un apoyo transversal que supera diferencias políticas, pues las mujeres de derecha, centro-derecha y sin identificación política apoyan mayoritariamente estas medidas.

Para Mariela Infante, socióloga y directora (I) de Corporación Humanas, la campaña de desprestigio hacia la Constituyente no se condice con las cifras que arroja la encuesta, ya que las mujeres tienen una expectativa positiva de este proceso. Hay transversalidad entre las mujeres respecto a sus derechos, la marea feminista ha logrado masificar los componentes esenciales de una agenda feminista, la instalación de ciertos temas que son consustanciales a sus demandas históricas”.

Infante advierte que “la generación menor de 30 años se siente esperanzada por el proceso en curso y por los efectos que tendrá en su vida diaria y en la lucha contra la discriminación de género”.

Finalmente, apunta a que “aun cuando la agenda feminista es apoyada principalmente por mujeres de izquierda o centro izquierda, varias temáticas se muestran transversales, lo que constituye un llamado a los sectores de derecha a incluir estos puntos en su trabajo en la Convención, especialmente, políticas de cuidados, paridad, erradicación de la violencia e igualdad salarial”.