El lunes de esta semana, inicialmente, terminaba el plazo para la presentación de indicaciones en la discusión que actualmente está en el Senado relacionada con el proyecto de ley que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450, cuya vigencia actual termina el próximo 4 de diciembre y que, en el texto original, pretende ampliar el plazo de promulgación por otros doce años.

Sin embargo, el plazo se extendió hasta este viernes para trabajar en conjunto con el Gobierno con el objetivo de lograr mayores acuerdos, a la espera de volver a sesionar durante la próxima semana. Y si bien este proyecto cuenta con Suma Urgencia por parte del Ejecutivo desde el 3 de marzo, la solicitud de prórroga no ha sido aprobada por la Cámara Alta, que recibió el despacho de este proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas el 18 de agosto.

Cabe recordar que la denominada Ley de Riego fue promulgada en 1985 para aprobar las normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, lo que se traduce en una entrega de recursos por parte del Estado a sociedades agrícolas o particulares que permitan la implementación de la tecnificación del riego o la construcción de embalses.

La prórroga que ahora se tramita es la tercera desde la promulgación de esta ley, ya que la primera extensión ocurrió el 2004 en el Gobierno de Eduardo Frei y la segunda sucedió el 2009, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, y su discusión provocó la conformación de una Comisión Unida, integrada por tres comisiones permanentes de la Cámara Alta: la de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que la eventual aprobación de la prórroga en la actual crisis climática que enfrentar el país debe enfocarse en la agricultura a pequeña escala que beneficie el consumo humano y si bien, la eventual extensión se enmarca en una vigencia de doce años, es enfático en señalar que la decisión “es arbitraria”, ya que no existen justificaciones técnicas, científicas o políticas que expliquen las razones de este plazo.

“Simplemente así ha sido hasta ahora y yo creo que es el peso de la inercia de estos instrumentos. Esa es parte de la crítica que le hemos hecho. Es parecido a la discusión que se dio en su momento sobre el Decreto de Ley 701 de Fomento Forestal, también de la dictadura del año 74, que después se siguió prorrogando en democracia con otros plazos, pero se siguió prorrogando de manera casi automática sin mayor discusión. Con este instrumento pasaba lo mismo. Doce años se habían definido en la ley anterior, y ahora se quería volver a prorrogar por doce años. Ese es el punto crítico que hemos hecho varios, como organizaciones de la sociedad civil y senadores de oposición. No estamos disponibles para ese plazo”, sostiene el senador Latorre.

Si bien la actual extensión de la prórroga finaliza el día 4 de diciembre, la eventual aprobación de este proyecto de ley no sería retroactivo, por lo que los proyectos que ya han sido aprobados seguirán vigentes. Sin embargo, el actual debate se enfoca a futuro con criterios pensados en la protección del medio ambiente lo que permitirá, a juicio de Latorre, establecer una política más sustentable que mejore la implementación de la ley.

“La discusión que estamos dando es de aquí para adelante, para el futuro, para tener un instrumento más moderno, con criterios ambientales y ecológicos, focalizado en los pequeños y mediados agricultores que deje fuera a los grandes empresarios, y también con otros plazos. Estamos ahí proponiendo que no sean doce años, sino que sea un plazo más acotado de tal manera de poder, ya con otro Gobierno y esperamos que en este caso sea liderado por Gabriel Boric, poder meterse más en la discusión de fondo, más técnica, y perfeccionar esta ley. Pero no simplemente estar prorrogándola automáticamente, sino que darnos un plazo más bien de transición y, después, ahí hacer un aporte legislativo”, explica Latorre.

Además, esta discusión en el Senado también ha estado rodeada por conflictos de interés, ya que una investigación de la Fundación Terram aseguró que la familia del senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, había sido beneficiada con más de 300 millones de pesos de dineros fiscales, recibidos a través de la Comisión Nacional de Riego. Incluso, a través de la creación de figuras legales, actualmente grandes empresarios también se benefician de esta subvención, situación que perjudica a los pequeños y medianos productores agrícolas.

“Hay que revisar los criterios de focalización, dado que es un instrumento que ha beneficiado a grandes empresarios, empresarios vitivinícolas, al empresario (Juan ) Sutil y así varios. Los criterios de asignación de los recursos son muy laxos, y grandes empresarios terminan postulando y accediendo a estos fondos estatales haciéndose pasar por pequeños o medianos agricultores con todas estas figuras como una especie de multirut o parcelaciones de sus terrenos. Distintos mecanismos con los cuales finalmente acceden a estos recursos. Los grandes empresarios tienen espaldas financieras para hacer inversiones o tienen acceso al crédito, entonces no requieren este recurso del Estado”, señala Latorre.

En esa línea, sumando el contexto de la crisis climática a nivel global y la situación de escasez hídrica a nivel local, el senador de Revolución Democrática sostiene la necesidad de revisar de adjudicación de los proyectos que serán aprobados en el futuro, para “focalizarlos en la pequeña y mediana agricultura, y que tenga un foco en soberanía alimentaria por sobre las viñas o las empresas vitivinícolas”.

Asimismo, la eventual prórroga de esta ley ha provocado molestia en organizaciones sociales enfocadas en la protección ambiental y el mundo científico por el daño que provoca este tipo de intervención en el medio ambiente, como el drenaje de humedades o el cultivo en laderas de cerros, que favorece la erosión de los suelos. En ese sentido, Juan Ignacio Latorre confirma que existe un problema debido a la vaga legislación del país en materia de cuidado ambiental, algo que debe ser revisado por parte de la institucionalidad.

“Cuando el Gobierno convocó a su mesa del agua, hubo varias organizaciones y gente del mundo científico que dijo que la política hídrica de Chile tiene serias falencias. Entre otras, están los criterios ambientales, la política de embalses, la política de drenaje de humedales. Hay ciertos humedales que están más protegidos, pero hay otros que no están tan protegidos en término de la normativa y la fiscalización. Entonces, tenemos un problema grave. Ahora, igual tú necesitas instrumentos del fomento del riego para la agricultura familiar campesina. Si quieres establecer el criterio de la soberanía alimentaria, eso requiere instrumentos de riego, pero que sean con sostenibilidad ecológica y que no afecten los humedales, y con otra política que no sean políticas de embalses”, explica el legislador.

En ese sentido, Latorre espera que se acorte el plazo de prórroga y que sea aprobada con un máximo de dos o tres años. Incluso, explica que otros senadores han manifestado que sea cada cuatro años para desacoplarlo del ciclo electoral, lo cual es una discusión que aún sigue abierta.

“Espero que se regule de mejor manera la focalización de los recursos, que vaya más dirigido a los pequeños y medianos productores agrícolas y, sobre todo, con un foco en la agricultura familiar campesina. Esperemos que en la ley quede establecido el criterio de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ecológica. Alterar algo la política de embalses si es posible o mencionar algo en esa línea. Eso por nombrar algunos temas que yo espero que se aprueben”, sostiene el senador.

Si la actual discusión avanza en el Senado, luego de la votación de las indicaciones presentadas y declaradas admisibles, el proyecto de ley que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450 pasaría a un tercer trámite constitucional, y la Cámara de Diputados y Diputadas tendría que ratificar los cambios producidos en el Senado. Si uno o más artículos del proyecto resultan aprobados o rechazados, incluso se formaría una Comisión Mixta, lo que ampliaría el proceso de discusión en el Congreso.

Al referirse a ese aspecto, Latorre es enfático en señalar que  “todavía le queda bastante trámite a este proyecto, por más que el Gobierno esté apurado porque el plazo vence el 4 de diciembre. Nosotros consideramos que ese plazo no es tan relevante, en el sentido de que los proyectos ya aprobados, ya están. Pero lo que estamos tratando de hacer es una mejor ley para el futuro”, subrayó el senador de Revolución Democrática.