La defunción de la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, llama a revisar uno de los capítulos más controversiales en la historia de la labor pública de la mujer: la administración de CEMA Chile. Organismo creado el año 1954 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo a partir de la red de centros de madres, con el objetivo de “dar bienestar espiritual y material a la mujer chilena”. Pero la finalidad que se estipuló en el acta de fundación de la entidad fue hacia una orientación diferente a partir de la presidencia que Hiriart asumió en 1973 y que luego perpetuó por 43 años mediante reformas estatutarias en 1989 previo al período de Aylwin y de nuevo, en 1996.

Y es que entre 1977 y 1989 el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió gratuitamente a la Fundación 135 inmuebles fiscales con lo que la instancia se constituyó en una entidad con fines de lucro. Con Hiriart detentando la investidura protocolar de primera dama durante ese período, la Fundación cambió su naturaleza jurídica para establecerse como una corporación de derecho privado bajo el control del fisco, a través de la Presidencia de la República. Posteriormente, cuando Pinochet abandona la comandancia en jefe del Ejército, la entidad pierde todo vínculo con la institución estatal.

Así lo aseveró en conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el exministro de Bienes Nacionales durante el segundo período de Michelle Bachelet, Víctor Osorio, quien el 10 de diciembre del 2015 solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) interponer acciones judiciales destinadas a lograr la restitución de los bienes fiscales de las que se había apropiado la Fundación, invocando en ese entonces, la labor social que realizaba en tiempos de dictadura militar.

El requerimiento realizado al CDE fue precedido por una investigación realizada por el Ministerio y que constató que los bienes estaban siendo ocupados con propósitos privados a través de la actividad inmobiliaria. Una pericia que no estuvo exenta de dificultades, explicó Osorio. 

“Toda esta investigación nosotros la hicimos muy acuciosamente en circunstancias que no existía en el Ministerio una información sistemática respecto del caso, estamos hablando de una circunstancia especial porque la transferencia gratuita son una herramienta de carácter excepcional, no son una táctica habitual en el Ministerio y en definitiva, lo que significan es que el fisco se despoja de propiedad que le pertenece para transferirla a entidades de la sociedad civil o del sector privado con propósitos fundados. En este caso el propósito fundado era de carácter social pero concordaremos en que 135 propiedades no son un uso excepcional de esta herramienta de gestión“, indicó.

Víctor Osorio. 

En entrevistas relativas a este tema, la periodista y autora del libro “Doña Lucía”, Alejandra Matus, ha hecho hincapié en que, “el Estado cuando le cede una propiedad a una institución, a una fundación le da una o dos“. No obstante CEMA Chile alcanzó a tener 256 en el catastro que se mantenía al 2016, cifra que incluso se queda corta considerando que el organismo llegó a tener tres mil sedes en todo el territorio nacional de la cual no hubo cuadernos de contabilidad ni registro de las propiedades, ha señalado la periodista.

Si bien no estaba dentro de las facultades del Ministerio, la pericia desarrollada por Bienes Nacionales sumó como conocimiento adicional que estas 135 propiedades no fueron los únicas de origen estatal que fueron puestas a disposición de la Fundación, “también habían recibido bienes inmuebles de parte de los Serviu y de municipalidades a lo largo de todo el país sin perjuicio de donaciones que recibieron del sector privado respecto a la que no tenemos conocimiento”, añadió Osorio.

El fundamento detrás de esta transferencia era la labor social que realizaba CEMA Chile. No obstante, según lo que se pudo constatar es que las actas de las reuniones del directorio del organismo, radicaban sobre el arriendo y la venta de inmuebles, afirmó el exministro. En ese sentido, Matus ha señalado que la magnitud de los bienes en posesión de la Fundación no se justificaba considerando las actividades que se desarrollaban. Estas, eran bastante limitadas, ha sostenido la periodista, en cuanto se ofrecían “cursitos como cocción en horno microondas” que encima, eran cobrados.

Mediante una instrucción a las Secretarías Generales Ministeriales de Bienes Nacionales sobre fiscalizar en terreno el destino de los inmuebles transferidos se logró confirmar que buena de las propiedades que quedaron en posesión del CEMA fueron enajenados, con lo que se formó la convicción de que la fundación encabezada por Hiriart había devenido en una inmobiliaria privada cuyo negocio se realizó con el patrimonio de todos los chilenos y chilenas. 

“Nosotros logramos hacer una tasación comercial solamente con 118 casos de bienes inmuebles nacionales y constatamos a que era equivalente a la recaudación de tres campañas de la Teletón, sólo con 118 casos“, puntualizó Osorio.

Es así que los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado, que había conocido esta materia en contexto del caso Riggs, con lo que se iniciaron las acciones judiciales por los ilícitos de eventual malversación de caudales públicos y apropiación indebida, para cuyos efectos se designó a un ministro en visita. En ese proceso, Lucia Hiriart fue interrogada y posteriormente presentó su renuncia a la presidencia del organismo en julio del 2016, de forma indeclinable.

“Compareció el director administrativo de CEMA, Julio Vejar, quien reconoció en la investigación judicial que hasta el año 2015 de acuerdo a sus conocimientos, la fundación CEMA Chile desde la presidencia de Lucia Hiriart de Pinochet había vendido 146 propiedades, las que le generaron ingresos por más de 11 mil millones de pesos, con inmuebles que tuvieron su origen en el patrimonio del fisco, es decir eran patrimonio de todos los chilenos y las chilenas ¿Cómo se puede calificar esta conducta?”, cuestionó Osorio.

Con la investigación, la Fundación terminó por disolverse, no cursó lo establecido en sus normas estatutarias en cuanto a que sus bienes debían ser heredados a otras dos entidades espejo y se traspasaron al fisco un total de 108 inmuebles avaluados en 6 millones 123 mil pesos, que en ese entonces estaban bajo la tutela del organismo, restituyendo así más de 80 a Bienes Nacionales, 20 a instituciones de beneficencia y otras cuatro a municipalidades.

Pese a que Osorio evalúa en términos positivos la diligencia que devino en el cierre de CEMA, reparó en que más de un centenar de inmuebles fueron enajenados. De hecho, existió un informe de la Policía de Investigaciones que determinó que entre el período 2004 y 2015, la Fundación efectuó la venta de 17 bienes raíces por una suma superior a cinco mil millones de pesos. Así las cosas, lo lamentable es que el caso quedara en la completa impunidad, expresó.

“Todas estas enajenaciones que se realizaron, multimillonarias de inmuebles de enorme valor patrimonial y monetario quedaron impunes porque lo que finalmente pasó es que el ministro en visita cerró la investigación sin acreditar la existencia de delito ni menos identificar a sus responsables y además el Consejo de Defensa del Estado sorprendentemente no apeló a esa decisión y por cierto las actuales autoridades del ministerio de Bienes Nacionales no hicieron nada para revertir la situación”.

Desde su punto de vista el daño es al interés público, “porque se infirió un daño al patrimonio fiscal de enorme magnitud y en eso evidentemente tuvo responsabilidad Lucía Hiriart de Pinochet porque era la presidenta de la Fundación CEMA Chile la que ejerció un control sin contrapeso de esta entidad”.

En ese sentido el extitular de Bienes Nacionales dijo extrañarse bastante cuando en el marco de campaña presidencial se ha imputado la existencia de operadores políticos que lucran del Estado “cuando aquí tenemos un ejemplo del tamaño de la Cordillera de los Andes”, expresó, que a su parecer no tiene precedentes ni antes ni después en la historia del país.

“Hay casos emblemáticos que se conocieron en la investigación, probablemente el que más impacto provocó en la opinión pública fue el caso de la Plaza de Armas de Paine que era propiedad privada de CEMA porque eso era un polígono fiscal que fue transferido a CEMA Chile, que pertenecía inicialmente a la Corporación de Mejoramiento Urbano que se transfirió a Bienes Nacionales y este a CEMA. Un terreno de nueve mil metros cuadrados de los cuales CEMA hizo una división asegurando que ahí construiría una sede social y comunitaria y terminó vendiéndosela a una entidad religiosa”.

El otro lote que supuestamente sería entregada a la Municipalidad de Paine para la construcción de una Plaza de Armas, nunca fue traspasada por la entidad, añadió Osorio, “el alcalde de Paine tomó conocimiento del hecho, tomó contacto con la Fundación, una persona de Renovación Nacional intentando buscar una solución amistosa le propuso a CEMA Chile comprar la plaza y según lo que nos comentó, la entidad conducida por Lucía Hiriart le comunicó que estaban en condición de vender en unos 600 millones de pesos. Yo creo que estos hechos son tan escandalosos que son innecesarios calificarlos”, aseveró.