Continúan las aprensiones en la oposición respecto al financiamiento que tendrá el proyecto de Pensión Garantizada Universal que busca aportar directamente un monto de $185.000 pesos a las personas mayores de 65 años, independientemente que estén o no jubiladas.

Esto, pese a que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despacho a Sala la iniciativa y que, en la oportunidad, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo esperar que se apruebe lo antes posible para comenzar los pagos a partir de febrero de 2022.

Sin embargo, todavía quedan dudas en torno al proyecto que busca financiar la PGU mediante la reducción o eliminación de exenciones tributarias- ya contenidas en la ley corta de pensiones- y que ingresó el Gobierno de manea paralela en el Congreso.

Así lo evidenció una carta que enviaron los economistas José de Gregorio, Andrea Repetto, Eduardo Engel y Rodrigo Valdés a El Mercurio, quienes calificaron esta estrategia como “peligrosa” y en la que consideraron que es “urgente fusionar ambos proyectos”.

Sin embargo, añadieron que “lamentablemente, fusionarlos tampoco garantiza que los nuevos gastos tengan financiamiento y no empeoren la ya compleja situación fiscal” y criticaron que parte de este gasto venga del Fondo de Reserva de Pensiones.

Asimismo, señalaron que “también supone utilizar supuestas holguras que no son otra cosa que utilizar un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas” y que, por tanto, consideraron que la estrategia más adecuada sería tramitar la PGU en conjunto con la discusión del pilar contributivo en los próximos meses.

El jefe político de la campaña del presidente electo Gabriel Boric y diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, comentó en su cuenta de Twitter que “la situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. Queremos avanzar en mayores pensiones y en mayor cobertura, pero el proyecto que presentó no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al próximo Gobierno”.

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, sostuvo que “la trampa de Sebastián Piñera es que ingresó un proyecto de ley que es un cascarón, que no tiene recursos para poder llevarse adelante, que no tiene recursos para poder financiarse y está recargando finalmente a los bolsillos de chilenos y chilenas. Nosotros como Apruebo Dignidad estamos por aprobar una Pensión Garantizada Universal, es parte de nuestro programa de Gobierno, pero queremos que esté financiado. Por eso le hacemos un llamado al Gobierno a conversar.

Un planteamiento similar tuvo la diputada RD, Marcela Sandoval, quien manifestó que respecto del proyecto de financiamiento el Ejecutivo “ha sido poco claro y significaría incluso poner en riesgo la economía para el próximo Gobierno de Gabriel Boric. Nos parece que siempre vamos a estar del lado del aumento de las pensiones y de pensiones más dignas para todos los chilenos; sin embargo, esto no puede significar irresponsabilidad en el gasto fiscal como es lo que propone hoy día el Gobierno de Piñera”.

En tanto, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, anunció que junto a parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta solicitarán un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre el mecanismo de financiamiento para la PGU.

En el oficialismo, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, defendió la iniciativa del Ejecutivo y apuntó que “el problema de la Pensión Garantizada Universal no es el financiamiento, es la voluntad política”.

“Si es que la oposición quiere sacar este proyecto adelante, vamos a encontrar la fórmula y será realidad en enero. Si es que no hay buena voluntad por parte del próximo Gobierno y por parte de los parlamentarios de la actual oposición, entonces este proyecto no va a ver la luz sino en muchos meses más y creemos que los jubilados no pueden seguir esperando”, añadió el legislador gremialista.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió al paso de estos cuestionamientos y en conversación con Radio Cooperativa insistió en que sí está el financiamiento para llevar adelante la iniciativa y que las críticas de los economistas “fueron duras y más políticas que técnicas”.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal consideró injusta la situación y dijo que “si nos vamos a la parte más técnica, los recursos financieros están ahí disponibles y, por lo tanto, creo que ahora lo único que compete es que de alguna forma despachemos el proyecto. La política tiene que dar respuesta”, agregando que “aquí no hay ninguna irresponsabilidad”.