Parto esta columna planteando un hecho: de todo el mundo, Chile es el único país que manifiesta, explícitamente, la propiedad privada del agua en su Constitución. Eso se traduce en la existencia de un verdadero mercado de las aguas, donde -tal como ocurre con los derechos sociales- se impone el negocio por sobre las necesidades de las personas, provocando que en localidades como Petorca, en la quinta región interior, los cerros llenos de palto se cubran de verde, mientras niños y niñas ven suspendidas las clases porque el suministro no existe durante la jornada escolar o la población no pueda lavarse las manos en medio de una pandemia mundial.

Pero ¿Qué es el derecho humano al agua? Ante todo: una urgencia. Según la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocer de forma explícita que los Derechos Humanos solo se pueden respetar a cabalidad si es que se garantiza el acceso al agua potable, limpia y también a su saneamiento. Para que esto pueda efectivamente cumplirse, es urgente que salga de la ecuación el mercado del agua, para que cuando se trate de este elemento se priorice la salud, el equilibrio de los ecosistemas donde yace y el consumo humano. A eso apunta la iniciativa de norma constituyente, liderada por MODATIMA, firmada por 16 constituyentes y apoyada por 41 más.

Estamos en un contexto en donde la vida del planeta se extingue y – por primera vez- es por culpa de una especie: el ser humano. Está en nuestras manos frenarlo. Solo para comprender y asentándose en la realidad chilena, un 53% de las comunas del país fueron declaradas en escasez hídrica, según cifras del Ministerio de Obras Públicas. Eso afecta a más de 8 millones de personas.

Quienes nacimos en la región de Aysén bien lo sabemos. Aunque somos uno de los territorios que no vive la sequía con la misma fuerza que azota al norte, vemos con nuestros propios ojos cómo los cauces de los ríos se estrechan, los arroyos se secan y los glaciares se derriten a una velocidad vertiginosa, amenazando con dañar profundamente a todas las especies.

El trabajo en la Convención apunta a recuperar la posibilidad de que todas y todos gocen del acceso al agua, permitiendo su uso para fines industriales una vez que las necesidades humanas y de la naturaleza estén cubiertas. Para eso se requiere una institucionalidad pertinente al contexto de la emergencia climática que asola al planeta. De esa forma, asumiendo que no hay tiempo y garantizando el cuidado de los ecosistemas, podremos avanzar hacia una sociedad responsable que le pueda heredar a las próximas generaciones un planeta habitable en dignidad.

La autora es convencional por el Distrito 27