Una incierta tramitación previó el diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Hacienda, Manuel Monsalve, del proyecto de Pensión Garantizada Universal, luego que la oposición expresara sus dudas respecto de su financiamiento, valorizado en tres mil millones de dólares, es decir, un punto del PIB, y que parte de la recaudación se hará mediante exenciones tributarias.

Las críticas comenzaron a tomar fuerza precisamente a raíz de una carta enviada por un grupo de economistas a El Mercurio, en el que pusieron en duda el establecimiento de ingresos permanentes para costear la iniciativa y plantearon que la estrategia adecuada sería tramitar la PGU en conjunto con la discusión del pilar contributivo.

Esta situación generó molestias en el Gobierno, especialmente en el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien insistió en que sí existe financiamiento y que los cuestionamientos de los economistas fueron más políticos que técnicos.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Manuel Monsalve cuestionó “esta medida bien sui generis, inédito, del Gobierno de Piñera de mandar un proyecto de ley que establece un beneficio con un costo alto, de tres mil millones de dólares por año, y mandar de manera separada un proyecto de ley para su financiamiento” y agregó “uno pudiera pensar bajo esa lógica podríamos aprobar todos los proyectos de ley que establecen un beneficio y, a su vez, rechazar los que establecen el sistema de financiamiento. Sería profundamente irresponsable”.

Por eso aseguró que el Partido Socialista está evaluando si este procedimiento impulsado por La Moneda tiene fundamentos jurídicos desde el punto de vista del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la Ley Orgánica Constitucional.

De todas formas,  dijo que “estamos completamente de acuerdo con el beneficio, tan así que el proyecto que lo establece fue apoyado unánimemente en la comisión de Hacienda. Todos votamos a favor de establecer una Pensión Garantizada Universal para todos los chilenos y chilenas mayores de 65 años. Por lo tanto, a mí me parece que ese proyecto pudiera ser aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados, pero creo que va a ser difícil que avance en el Senado si es que no se despeja de manera adecuada la sustentabilidad del financiamiento”.

En ese sentido, consideró que “lo único que podría justificar que el proyecto no avanzara es la torpeza del Gobierno del Presidente Piñera. Al ministro Cerda, que le tengo bastante aprecio, decirle que estos no son solo cuestionamientos políticos, porque están cuestionando el mecanismo de financiamiento parlamentario en la comisión de Hacienda, lo han cuestionado economistas y hay un cuestionamiento en la página 35 del Consejo Consultivo Previsional, o sea no es una voz la que está colocando alerta respecto a este mecanismo”.

“El Gobierno dice que 0,5 puntos del PIB para financiar este proyecto, o sea, cerca de 1.500 millones de dólares vendrían de lo que se llama provisiones para gastos comprometidos que estarían en el presupuesto para 2022 y después en un programa financiero hasta 2026. Todos sabemos que el Estado chileno tiene un déficit fiscal, por lo tanto, esos recursos que están en el papel no existen en la realidad porque está pagando tanto o más recursos de los que tiene como ingresos. No son ingresos efectivos del Estado chileno a 2022 o los años que vienen. Por eso es que para darle sostenibilidad financiera es importantísimo garantizar que van a dar recursos nuevos”, detalló el parlamentario.

Bajo esa perspectiva, comentó que se requiere de una modificación a la reforma tributaria cuya atribución es exclusiva del Presidente de la República, por lo que destacó la necesidad de generar consensos con el Congreso.

En esa línea, el diputado Monsalve aseveró que ” si quisiéramos mejorar el sistema de financiamiento tenemos que esperar, persuadir al Ejecutivo a que mande una indicación que modifique el proyecto de ley en materia tributaria. Voy a estar en la disposición de buscar un acuerdo para darle financiamiento sostenible a una iniciativa que me parece establece un beneficio importante y urgente, pero si el Gobierno no está dispuesto a escuchar y vuelve a proteger a los empresarios y no a los adultos mayores, lamentablemente vamos a tener que rechazar el proyecto que establece el financiamiento”.