De acuerdo a cifras entregadas por la Cámara Chilena de la Construcción, actualmente el déficit habitacional en nuestro país supera las 700 mil unidades, una cifra contundente que incluye tanto a familias que viven como allegadas como a aquellas que habitan viviendas que requieren ser reemplazadas debido a su deterioro. A esto se suma la realidad de las más de 80 mil familias que se encuentran viviendo en casi mil campamentos en distintas ciudades.

Estos números son el telón de fondo de la difícil situación que se vive en materia de vivienda en nuestro país, un fenómeno que se agrava aún más por el cada vez más lejano sueño de la casa propia ante los altos precios de las viviendas y las dificultades de acceder a un crédito hipotecario.

Así lo explicó Juan Pablo Urrutia, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de Chile, quien recordó que la pandemia y la crisis económica asociada “ha hecho que las familias y también las personas que están emancipándose, como los jóvenes, aspiren a arrendar más que a comprar, ya que se ve cada vez más lejana y difícil esa posibilidad. Los bancos exigen pies de 20 o 30 por ciento y los montos involucrados son cada vez más altos, por lo que el arriendo aparece como una alternativa”.

Para el académico, otro factor relevante es que una parte importante de las viviendas que se construyen son adquiridas por pequeños inversionistas, “que compran departamentos para arrendarlos, entendiendo que es un buen negocio debido a esta demanda, y a que aprovechan las exenciones tributarias disponibles, porque al final pagan muy pocos impuestos a pesar de comprar una cuarta, quinta o sexta vivienda. Al final, entonces, la industria produce mucho, pero se compran para ser arrendados, no para ser habitados por los compradores”.

Juan Pablo Urrutia.

Consultado sobre la tendencia que se vio durante la pandemia de personas que buscaban comprar casas en zonas periféricas o rurales, Urrutia afirmó que si bien aquello sucedió en un comienzo fue más bien una situación que se desarrolló en 2020, aprovechando el auge del teletrabajo y el uso de nuevas plataformas como zoom y las clases a distancia, pero que con la reapertura retrocedió.

“En el fondo, lo que creo que se tiene que hacer, y es parte de las propuestas que ha levantado el nuevo gobierno, es aumentar la oferta de arriendo a precio justo, lo que eventualmente haría decaer los precios de arriendo, y haría que las familias se endeuden menos, y -simultáneamente- aumentar el stock de vivienda disponibles para los grupos más vulnerables, que como ven muy lejana la posibilidad de acceder a una vivienda propia recurren al arriendo”.

El regreso de los campamentos

El retorno de las agrupaciones de viviendas irregulares durante los últimos años ha sido achacado por algunas voces a la llegada masiva de migrantes. Sin embargo, la profesora de la FAU, Paola Jirón, alerta que en realidad son múltiples factores los que confluyen en esta situación. “En algunos casos, los protagonistas son los migrantes, pero en otras situaciones son personas que necesitan vivir cerca de sus grupos familiares y no pueden vivir en el centro, todos juntos, en una pieza arrendada. Pero también hay situaciones distintas a lo largo del país. En el sur, por ejemplo, hay una creciente migración interna, del propio país, debido a la sequía”, recalcó Jirón.

La académica recalcó la necesidad de realizar mejores diagnósticos sobre las razones detrás de este aumento de los campamentos y de los factores detrás de cada caso, tomando en consideración que las familias chilenas son complejas y no se limitan al núcleo básico, y que por ello se hace importante diversificar la oferta. “Hay que dejar de pensar en que el único tipo de acceso a la vivienda es la propiedad, que se requiere la casa propia, cuando en verdad las familias tienen diferentes necesidades a lo largo de la vida. Ello debe combinarse con una política de gestión del suelo, con sistemas de arriendo cooperativo, por ejemplo, o de otros tipos de tipologías que hoy no existen, donde el Estado gestione los suelos”, insistió.

Paola Jirón.

Consultada por el futuro de la vivienda social, destacó el ejemplo del proyecto Maestranza, protagonizado por la organización Ukamau, en donde la comunidad participó no solo en la elección del lugar a habitar, sino también en el diseño del proyecto habitacional mismo. “No pueden ser expertos en una oficina quienes definan cómo va a vivir la gente, tiene que haber participación, y lo relevante de este largo proceso, que fue de una década, con luchas, movilizaciones, es precisamente el protagonismo que tuvieron”, valoró Jirón.

En ese sentido, respecto al papel que cumple el precio del suelo en ciudades como Santiago a la hora de construir proyectos habitacionales, la académica recordó que si se cruza ese factor con, por ejemplo, el costo de la infraestructura y movilidad que requerirá la población en un emplazamiento en la periferia, que no cuente con acceso servicios como salud o educación, el peso del costo de la tierra tenderá a equilibrarse.

“Cuando se habla del precio de la vivienda, no puede considerarse únicamente el proyecto en sí mismo, sino que debe incorporarse factores que lamentablemente no se incluyen, como la movilidad, los problemas asociados a los cuidados de niños o adultos mayores, el acceso a ferias o huertos. Es urgente que se realice además un catastro de suelos, y abrirse a posibilidades distintas, como el arriendo, en el que el Estado mantenga la propiedad”, como formas alternativas para enfrentar este desafío, finalizó.

Autor: Felipe Ramírez.