Este lunes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos antecedentes respecto de la “Situación en Chile, referencia interna OTP-CR-244/21”, denuncia iniciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la Institución y que consiste en los dos Informes de Seguimiento a las recomendaciones efectuadas a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019 en Chile, elaborados tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En un comunicado de la Comisión, se asegura que, respecto del informe del INDH con recomendaciones hechas al Estado de Chile,  14 de ellas se encuentran “Pendientes de cumplimiento”, lo que según la metodología empleada por el INDH y validada por la CIDH, significa que el Estado no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación, y las 9 restantes, se encuentran en estado de “Cumplimiento Parcial”.

En lo que respecta al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), este expresa 21 recomendaciones verificándose un incumplimiento consciente y avalado por las autoridades del país, confirmando que “Carabineros de Chile no aseguró la estricta observancia de las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento.” y que si bien, las protestas y manifestaciones disminuyeron a raíz de la pandemia del COVID-19 durante los primeros meses de 2020, “se reanudaron de manera esporádica desde octubre de ese año. Con ello, siguieron ocurriendo otros casos de presunto uso desproporcionado de la fuerza.”

Por lo tanto, según se lee en el comunicado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ambos informes permiten establecer que las autoridades chilenas no han destinado esfuerzos para impedir y prevenir la nueva ocurrencia de una mayor violencia y abusos, ni que se haya buscado la rendición de cuentas por las violaciones y delitos ocurridos, existiendo una manifiesta falta voluntad en generar dichas condiciones.

“Tal como señala expresamente la comunicación del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la decisión de no abrir examen preliminar no es definitiva y puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información, y es en ese sentido, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos envió estos nuevos antecedentes, y seguirá enviando información pertinente a objeto de lograr que se inicie una investigación formal ante la Corte Penal Internacional, que impida la impunidad de los graves crímenes contra los DDHH cometidos por los actuales gobernantes”, finaliza el texto.