El cambio de gobierno en Chile se produce en una coyuntura internacional extremadamente compleja, marcada por la persistencia de la pandemia del COVID-19, el aumento de las rivalidades y tensiones entre las grandes potencias, el resurgimiento de tendencias proteccionistas, el cuestionamiento al orden liberal internacional, crisis climática y migratoria que no logran contenerse, violaciones de los derechos humanos y aumento de regímenes autoritarios. Todo ello, en un marco de creciente irrelevancia de América Latina. Se trata de una coyuntura que planteará nuevos desafíos para la política exterior, que se agregan a sus prioridades tradicionales.
Con todo, las relaciones vecinales seguirán requiriendo una atención preferente. A fin de cuentas, son las que despiertan mayores sensibilidades e interés en la opinión pública. Una política exterior exitosa requiere de relaciones estables y satisfactorias con los países vecinos. Para ello, es muy importante despejar los remanentes del pasado, encontrar cauces para tratar las inevitables diferencias, evitando que contaminen la integridad de las relaciones bilaterales, y desarrollar una relación de confianza mutua y cooperación con nuestros vecinos, basada en el respeto a los tratados y las instancias de solución pacífica de las controversias.
Pese a sus reiteradas crisis y fracasos, la integración regional y la concertación política latinoamericanas siguen siendo un elemento para considerar en cualquier diseño de política exterior. Chile está plenamente inserto en la región y comparte, más allá de lo que se pensaba hace poco, muchos de sus problemas y singularidades. Los avances de la Alianza del Pacífico han sido modestos. Sin embargo, se trata de la única instancia de integración en que Chile participa como miembro pleno. En consideración a la importancia de nuestras relaciones con los países de Mercosur, la aspiración a buscar convergencias entre ambos procesos sigue pareciendo prioritaria. La concertación política de los países de América Latina (y no sólo de América del Sur) es más necesaria que nunca y se proyecta en temas como el control de las pandemias, el medio ambiente y en especial la acción respecto del cambio climático, la contención de las crisis migratorias y la defensa de los derechos humanos y la democracia.
En el ámbito global, las tensiones entre las grandes potencias y, en especial, entre Estados Unidos y la República Popular China plantean nuevos desafíos para el país. Por cierto, se trata de una disputa entre dos potencias con los cuales Chile tiene vínculos estrechos, tanto en el ámbito económico como en el político y estratégico. Hará falta mucha destreza para evitar verse arrastrados por estas tensiones, que tienden a trascender hacia el resto del mundo. Los regímenes de sanciones que se están adoptando respecto de compras de tecnologías, proyectos de infraestructura u otros intereses similares, también se dirigen hacia terceros países. Los márgenes de tolerancia frente a críticas en el campo de los derechos humanos pueden ser muy reducidos y conducir a prácticas de diplomacia coercitiva. Los dilemas que están surgiendo no se resuelven mediante conceptos doctrinarios. Incluso un actor internacional de tanto peso como la Unión Europea no ha logrado convertir su concepto de autonomía estratégica en una opción de política exterior real y concreta. Más bien, habrá que ir evaluando cada decisión caso por caso, procurando siempre mantener un cierto pragmatismo, sin abandonar principios básicos de la política exterior.
En un mundo más polarizado y tenso, el multilateralismo sigue siendo un principio fundamental para Chile, tanto en el ámbito regional como global. Lamentablemente, nuestra tradición multilateral sufrió fuertes retrocesos durante los últimos años, como lo demuestran la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, destinado a fortalecer la defensa del medio ambiente en América Latina, el rechazo al Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, las críticas contra del sistema interamericano de derechos humanos y la peligrosa operación de Cúcuta, destinada a apoyar el derribamiento del régimen dictatorial venezolano. Se abre así un espacio importante para restaurar la tradición multilateral del país y el perfil moderado y constructivo que nos ha caracterizado en el ámbito regional. A nivel global, temas como la lucha en favor de los derechos humanos, la condición de la mujer, la crisis del cambio climático, la protección de los océanos y el control de las pandemias exigen una acción colectiva. Una globalización más justa y equilibrada requiere necesariamente de un sistema multilateral participativo. Una fuerte presencia multilateral de Chile proyecta valores que el país aspira a plasmar internamente y demanda también responsabilidades en materia de paz y seguridad, cooperación y solidaridad internacional.
El nuevo gobierno tendrá que definir también su política comercial. La mera adhesión al principio del libre comercio ya no parece suficiente. Importantes sectores del país han hecho presente que los beneficios teóricos del comercio no se han materializado como se anticipaba, no han llegado a toda la población, y varias reglas comerciales han quedado desactualizadas. Pero el crecimiento y prosperidad de Chile ha dependido y seguirá dependiendo en gran medida de su integración al mundo. En esta línea, la política exterior de Chile debe contribuir no sólo a la recuperación y crecimiento económico del país, sino que a la materialización de un desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. El debate va más allá de la adhesión de Chile al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), que constituye uno de los acuerdos más progresistas y de última generación que se han negociado. Incide también en el tratamiento de las inversiones extranjeras, en que cabe aspirar a contar con normas más equilibradas y simétricas, que no apunten tan sólo a facilitar la llegada de las inversiones, sino que también a plasmar una serie de responsabilidades frente al país de acogida. Las instancias para la solución de controversias inversores-Estado requerirán probablemente de una nueva mirada. La necesaria conclusión de las negociaciones del acuerdo que moderniza la Asociación entre Chile y la Unión Europea ofrecerá un ejemplo interesante de un acuerdo de última generación con un conjunto de países que han representado un referente y un interlocutor central para la política exterior chilena.
El nuevo momento político que vive el país, junto al proceso constituyente en curso, reflejan una mayor demanda de inclusividad y participación en política exterior. Se espera que los beneficios de la inserción internacional del país lleguen a todos los segmentos de la población y a todas las regiones, a través de procesos más participativos, transparentes y consultivos. Una nueva política exterior deberá ser necesariamente una política más inclusiva, más feminista, más ecologista, más multicultural y con mayor participación de regiones y pueblos originarios.
La llegada, largamente postergada, de una nueva generación al gobierno abre también la perspectiva de un nuevo liderazgo internacional para el país. La idea es atractiva, tanto más cuando coincide con lo que parece ser una futura constelación política progresista en América Latina. Sin embargo, es probable que los enormes desafíos que deberán enfrentarse a nivel interno concentren gran parte de las nuevas energías disponibles. Tampoco la afinidad política regional se proyectará de manera automática en la política exterior. Los intereses de los países son singulares y propios y la cercanía política no garantiza la convergencia en todos los puntos de la agenda internacional. El mejor liderazgo que puede ejercer Chile es la proyección de un modelo de sociedad más inclusivo y tolerante, un modelo económico eficiente y sostenible y la gestación de acuerdos amplios en torno al nuevo marco institucional que regirá el país.
Alberto van Klaveren
Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile
