En una medida que se sigue alargando en el tiempo desde su puesta en marcha el pasado 12 de octubre, esta semana el Congreso nuevamente aprobó la ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía.

De esta manera, se concretó la sexta prórroga, que se ampliará hasta el próximo 25 de enero, en un contexto en el que diversos sectores han criticado la iniciativa, puesto que no resuelve el problema de fondo que afecta por años a la Macrozona Sur, pero que el Gobierno insiste en que ha contribuido a reducir los ataques incendiarios y los delitos violentos.

De hecho, en el marco de una visita en La Araucanía el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que seguirán solicitando prórrogas al Parlamento hasta que finalice el mandato del Presidente Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo, fecha en la que se realizará el cambio de mando en el que asumirá Gabriel Boric como el nuevo mandatario.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la casa de estudios, Verónica Figueroa Huencho, consideró que este hecho marca “una continuidad de una política que los gobiernos han impulsado en el último tiempo y que en el de Sebastián Piñera ha profundizado”.

Asimismo, afirmó que esta situación “deja con bastante poco margen de acción todavía a un gobierno que recién está entrando y que ha manifestado tanto en su programa como en las distintas intervenciones que se han hecho, la posibilidad más bien de avanzar hacia un diálogo”.

“El apoyo además que ha tenido la extensión de este Estado de Emergencia sustentan que no hay un abordaje de la problemática de fondo de lo que significa este conflicto del Estado con el pueblo mapuche que se expresa, por cierto, en el actuar de algunos movimientos que se encuentran en la zona. Mientras se siga ahondando en esta lógica, en este tipo de estrategias, la respuesta no va a ser otra que mantener un statu quo”, agregó Figueroa.

En ese sentido, explicó que el tema de la inseguridad “obviamente se tiende a confundir, dado que se trata de una región y de provincias que tienen una multiculturalidad que se expresa en la existencia de algunos movimientos que han avanzado en una estrategia de control territorial, pero esto no puede confundirse con la acción de fuerzas que están llevando algunos organismos que no necesariamente están vinculados al movimiento mapuche. No hay necesariamente una titularidad en algunas de estas actuaciones que puedan ser atribuibles al pueblo mapuche”.

“Entonces, yo separaría el control territorial que algunas comunidades han impulsado, el uso de la violencia como lo ha expresado el propio (Héctor) Llaitul para avanzar en reivindicaciones autonómicas y luego las otras situaciones de inseguridad que están en la zona”, comentó.

En cuanto a las declaraciones de la extitular del Colegio Médico y exjefa de campaña del presidente electo, Izkia Siches, sobre abrirse al diálogo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la académica puntualizó que “para dialogar hay que también estar disponibles a escuchar, a intercambiar ideas e, incluso, a poner sobre la mesa temáticas que son complejas y que no se van a solucionar en una mesa reunida un par de horas”.

Entre estos temas críticos apuntó, por ejemplo, a la tenencia de la tierra y el territorio. “Entonces, no se trata solamente de pensar que la solución va a venir por hablar con la CAM porque, así como ellos, han surgido otros movimientos en este último tiempo, como la Resistencia Lafkenche, Weichán Auka Mapu, pero también tenemos comunidades que están avanzando en control territorial”.

Bajo esa perspectiva, detalló que “tenemos 500 comunidades al menos que han sido declaradas admisibles por la Conadi para restituir territorio. Entonces, también hay una revisión de la institucionalidad que se requiere para avanzar en la solución de la temática relacionada con la tierra. Hay que hablar con todas las organizaciones, hay que hablar con las forestales, que son un nudo clave en la solución del problema del control territorial, hay que hablar con las empresas extractivistas en general y generar un diálogo que vincule desde una lógica de gobernanza a las distintas partes de la institucionalidad pública”.

De modo que dijo esperar que las señales vayan en esa línea, añadiendo que “cuando hoy día se habla del diálogo que sin duda es fundamental, creo que lo que falta es una bajada de aquello, cuál es la estrategia que se va a impulsar para este diálogo y hay una vía que puede ser concertar a estos distintos actores a través de la creación de institucionalidad que permita su abordaje”.

Por otra parte, la académica descartó que el conflicto de la Macrozona Sur sea comparable a conflictos armados con grupos, tales como Las Farc, en Colombia, o la IRA, en Irlanda, señalando que “no estamos hablando de terrorismo en Chile”.

De manera que planteó que “para poder hablar de un proceso de paz se requiere que también el Estado comprenda cuál es la relevancia de llevar adelante un proceso de paz y cómo eso contribuye, no al relacionamiento con una nación originaria, sino a la gobernabilidad de todo el territorio y aquí me parece clave que, a diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, hoy día tenemos un horizonte marcado por la nueva Constitución, que da señales de que declare un Estado plurinacional”.

“Un Estado plurinacional no puede seguir abordando un diálogo como lo hacía el Estado nación al que nos hemos acostumbrado por más de 200 años. Este debe buscar una convivencia equitativa, intercultural entre todas las naciones que habitamos este territorio. Marca también una forma diferente de abordar ese diálogo. Si solo lo entendemos como terrorismo, entendemos que hay que hablar con la CAM, pero esto es más bien la posibilidad de avanzar hacia un diálogo plurinacional y eso eleva a que no basta con hablar con estas organizaciones, hay que buscar los puntos de convivencia y de resolución, creando la institucionalidad para ello”, enfatizó.

Finalmente, Verónica Figueroa consideró clave que personas indígenas estén en la toma de decisiones en el próximo ciclo legislativo y presidencial que se concretará a partir de marzo.

En ese sentido, aseveró que “el gobierno, sobre todo durante el primer año, tiene que ir generando las condiciones para el acompañamiento de la nueva Constitución y esta es plurinacional, ese es un piso para generar estrategias adecuadas. Es clave que esa interculturalidad se exprese en el espacio institucional, en el Congreso tenemos representantes de pueblos indígenas, quienes también pueden hacer un aporte importante en la construcción de este diálogo. Esto ya no puede ser entendido con una lógica sectorial, sino que como una estrategia del Estado al más alto nivel”.