Faltando menos de una semana para concluir el plazo para la recepción de firmas patrocinantes, aún son varias las Iniciativas Populares de Norma que necesitan los 15.000 respaldos para pasar al proceso de discusión en la Convención Constitucional.

De acuerdo a lo informado por la Mesa Técnica del organismo, son 6.114 propuestas de normas las que han ingresado a la plataforma de Participación Popular, de las cuales 2.495 se encuentran actualmente disponibles para recibir apoyos.

Una de estas tiene que ver con el reconocimiento a las personas con discapacidad como sujetos con derechos a una vida independiente, autonomía y al ejercicio pleno de sus derechos y capacidades en la nueva Constitución.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el promotor de la iniciativa y vicepresidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad, Rodrigo Sepúlveda, detalló los alcances de la propuesta y la realidad que enfrenta este segmento de la población en nuestro país.

En concreto, apuntó a los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC)- cuyas cifras no se han actualizado desde 2015- en la que las personas con discapacidad constituyen casi el 20% de la población chilena y aseveró que tener una discapacidad no significa necesariamente tener un “déficit”.

En ese sentido, planteó que “un déficit permanente constituye una discapacidad en tanto, como dice la Convención, hay barreras para la inclusión y la participación de personas que tienen determinadas características, diversas corporalidades, diversas formas de sentir, de pensar, de expresarse”.

“Somos personas que vivimos barreras de todo tipo de diferentes grados de acuerdo al desarrollo de los derechos humanos y de la inclusión en cada país, pero en general a nivel mundial. Es todavía un proyecto de cambios, de esquema el poder pasar de una sociedad ‘capacitista’ a una sociedad verdaderamente inclusiva”, expresó el también secretario de la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile.

Asimismo, cuestionó los pocos avances del Estado de Chile en estas materias, tras la ratificación en 2008 de la Convención Internacional por los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, señalando que todavía en el país se vulnera a este segmento de la población. “Es un tema que no solo es de política pública, obviamente tiene que ver con un modelo de desarrollo y por la falta de sistema de seguridad social, la falta de sistemas de apoyo que permitan la participación de las personas con discapacidad”, afirmó.

Bajo ese contexto, apuntó a una falta de accesibilidad y plena capacidad jurídica de estas personas relativas en materia laboral, añadiendo que uno de estos problemas tiene que ver con la visión que existe en el país desde la perspectiva de la caridad.

De esta manera, ejemplificó que este mecanismo “desde el tiempo de la dictadura se ha consagrado a través de la Teletón, que es un tipo de institución basada en ese modelo entre la caridad, la tragedia personal y el héroe que vence todas las barreras por sí mismo, lo cual es una falacia. En otros países las Teletones han sido prohibidas”.

Por otra parte, Sepúlveda planteó que también “tenemos el modelo biomédico que nos ve como enfermos o personas con condiciones médicas que hay que tratar desde una mirada sanitaria. El tercer nivel de desarrollo de la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad, el que realmente recoge una visión de sujeto, es el modelo social de discapacidad que sirve de base para la Convención”.

Este último punto afirmó que tiene que ver con una relación social en la que se instale como un principio de derechos humanos que la nueva Constitución reconozca a los grupos históricamente excluidos, tales como los pueblos originarios, mujeres, niños, afrodescendientes y las personas con discapacidad.

Por ello, Sepúlveda hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar esta Iniciativa Popular de Norma. Además, expresó que “estamos hablando de que para nosotros lo central es ser reconocidos como ciudadanos. Es muy difícil que en una familia chilena no haya algún pariente que no tenga alguna discapacidad y es muy importante que pensemos en ellos”.

“Para exigir nuestros derechos necesitamos que estén garantizados en la nueva Constitución. Es el derecho a ser persona en el sentido más prístino de la palabra, de poder realmente participar como ciudadano de pleno derecho. Eso implica acciones positivas del Estado frente a barreras históricas que son tanto físicas como sociales y económicas. La pobreza genera discapacidad y la discapacidad deja a muchas familias en situación de pobreza, hay que mirar esos factores”, manifestó.