Una dura crítica realizaron las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos del documento firmado por el excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau, donde reconoce haber sido parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.

En un comunicado, las organizaciones recalcaron que en ninguna parte del documento dado a conocer por el alto oficial en retiro “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, se condena el golpe de Estado y los atropellos cometidos durante ese periodo.

Las entidades humanitarias señalan que el objetivo de Martínez es “justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejército era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar”.

Además, sostienen que el ex jefe castrense coloca el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 como respaldo para el golpe de Estado y luego los decretos de ley 5 y 641 que establecen un Estado de Guerra en el país para justificar la obediencia debida a los mandos militares que permitieron las ejecuciones de miles de personas los días posteriores a la asonada contra el Gobierno de Salvador Allende.

“El Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército”, precisan en el comunicado.

En ese sentido agregan que “no ha existido colaboración. Por el contrario, lo que existe es obstrucción a la justicia como parte de los pactos encubiertos y de silencio, avalados por la civilidad, que no son cómplices pasivos, son activos defensores de la impunidad porque con ello eluden su responsabilidad penal y además guardan silencio frente a este informe. Siguen los procesos abiertos y las víctimas y sus familiares siguen esperando una justicia tan esquiva como mezquina”.

Junto con subrayar que los avances en materia de verdad, justicia y reparación han sido gracias a la incansable denuncia de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, puntualizan que “no nos engañemos con este informe, y su ethos militar, la garantía de no repetición no es tácita en las palabras de un comandante en jefe del Ejército que debe renunciar por estar imputado por fraude. El ethos militar, y el honor militar ha internalizado el crimen, el abuso y el fraude”.

Por último, precisan que “nuestra demanda por Justicia, Verdad y Reparación por las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas durante la dictadura cívico militar, no ve un avance en este informe del ex General Ricardo Martínez, sólo contiene una retórica encubierta de la impunidad, que tanto ha costado vencer”.