Miremos un poco al presente: el proceso constitucional que estamos construyendo ha abierto diferentes debates de relevancia pública. Las personas que integran la Convención provienen de distintas sensibilidades que se han manifestado por medio del diálogo y la deliberación. En esa expresión de sentires, la conquista de los derechos sexuales y reproductivos se ha hecho espacio en la discusión nacional. Precisamente, distintas compañeras y activistas hemos disputado una elección donde muchas vencimos, con total transparencia sobre nuestro parecer respecto a este eje programático.
La representación que las feministas hemos alcanzado en la institucionalidad, tanto en la Convención como en el Congreso que se conformará esta semana, se ha dado desde una conversación transversal que supera a los distintos partidos y coaliciones. Nuestra responsabilidad entonces es también llevar esa discusión con la responsabilidad, el cuidado y la altura de miras que merece. Es con ese ánimo y en honor a la verdad que escribimos estas palabras.
El debate sobre derechos fundamentales y las iniciativas populares de norma han repuesto a la palestra la discusión de aborto libre y de educación sexual integral. Estas discusiones no son nuevas; durante años se ha reinstalado este debate y hemos escuchado un conjunto de argumentos que nos llevan al pasado cada vez que buscamos avanzar en autonomía de nuestra sexualidad. Si consideramos el discurso de los sectores conservadores en la discusión sobre la Pastilla del Día Después, Aborto Terapéutico y ahora Derechos Sexuales y Reproductivos, no encontramos mayores diferencias y, más grave aún, todas se basan en una superioridad moral en que ellos defienden la vida y nosotras la muerte y el libertinaje.
Lo cierto es que la consagración de derechos sexuales y reproductivos representa una garantía histórica no solo para las mujeres y personas gestantes. Para ello urge mirar hacia el futuro: esta propuesta busca un país donde se garanticen prestaciones de salud, el acceso y uso voluntario a métodos anticonceptivos y al tratamiento ante infecciones de transmisión sexual. Es una iniciativa que establece autonomía, una vida sin violencia sexual ni obstétrica.
Con el correr de los años hemos participado del debate desde distintas posiciones; espectadoras, activistas y ahora deliberantes. Es así que una revisión exhaustiva del pasado, a través de las historias de nuestras madres, tías y abuelas; el presente a través de nuestra propia experiencia, y el futuro, a través de los anhelos que tenemos para nuestros niños, niñas y adolescentes, se han transformado en reflexión y acción política.
No es inocuo que más de la mitad de las mujeres que han dado a luz en el país (54%) haya declarado vivir violencia obstétrica según datos del Observatorio de Violencia Obstétrica Chile (OVO). Llama aún más la atención que, según datos de MILES Chile, a 2015 cinco municipios del país no hacían entrega de anticonceptivos de emergencia, a pesar de las leyes de divulgación de información existentes. Impacta aún más que en 2020, según datos de la Universidad de Chile, en 21 hospitales públicos 443 médicos eran objetores de conciencia. En la causal de violación, un 94% se negaba a realizar abortos y al desagregar a nivel general, un 49,6% no lo hace en ninguna causal.
La OMS incentiva a los Estados a reducir los abortos inseguros. Esto implica un trabajo holístico, de conversación con la sociedad respecto a qué implicancias puede tener un procedimiento mal realizado. En paralelo, evitarlos exige habilitar el acceso a servicios seguros de aborto y mejorar el acceso a cuidados posaborto y servicios de anticoncepción, independientemente si este fue legal o no.
Con todo ello, garantizar los derechos sexuales y reproductivos toma un tono de urgencia más que de capricho. Lo mismo pasa al hablar de educación sexual integral, a votarse este jueves en pleno. Un ejemplo es las brechas de embarazo adolescente por extracción socioeconómica. La Novena Encuesta Nacional de la Juventud del INJUV, del año 2019 señala que el 17% de jóvenes iniciados sexualmente reportan haber vivido un embarazo no planificado. A menor estrato social, mayor es la tasa de embarazos: 21,6% en los bajos, 15,3% en los medios y 7,1% en los altos.
¿Por qué son tan relevantes estos datos? Porque este debate, tan extenso como reiterativo y tan permanente en el tiempo, supera la reflexión valórica. El debate sobre derechos sexuales y reproductivos y de Educación Sexual Integral es una discusión sobre salud pública. No se trata de querer instalar una educación pornográfica, como dicen algunos, en las escuelas. Es impulsar la democracia informativa para reducir embarazos de la juventud. No es el fin obligar a las mujeres a abortar, sino asegurar el acceso de todas las personas gestantes a esta prestación de salud conforme lo regule la ley.
Quienes hoy detentamos cargos de deliberación estamos aquí como resultado de una serie de luchas emancipadoras de mujeres históricas, que alzaron su voz tanto en lo público como en lo privado. Nuestro deber, por tanto, es pavimentar el camino para las que vienen.
Damaris Abarca González,
Convencional por el Distrito 15
