El mafioso intento de intimidación en Temucuicui contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, cuando solo llevaba algunas horas en el cargo y representaba la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, muestra muy tempranamente los intereses y voluntades que se esconden debajo del llamado Conflicto en la Araucanía. Quienes sean los culpables, hay que buscarlos entre a quienes les conviene el statu quo y no el entendimiento. El rango de posibles autores es amplio, incluso con intereses contrapuestos, pero con acciones cuyas consecuencias apuntan hacia algo en común: que la situación siga siendo más o menos como hasta el viernes pasado.
La pretensión que unas ráfagas de bala furtivas y clandestinas tuvieran más peso que la encargada de seguridad pública del país, es tan simple como ambiciosa. Quiere transmitirle a ella, pero además a todo Chile, que el Estado de Derecho no es posible, que la Historia no puede cambiar y que la única opción es mantener un estado de cosas semi militar en la zona. De todas las declaraciones, llaman especialmente la atención aquellas de dirigentes políticos, gremiales y ex autoridades que, era que no, cuestionaron lo sucedido, pero acto seguido dijeron algo así como se los advertimos, aquí solo funciona la mano dura. Es como si disfrutaran que el diálogo fracase antes de empezar.
Respecto al hecho mismo, el concepto de operación de bandera falsa se usa para referirse a acciones violentas encubiertas, llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones u organizaciones que las hacen aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. La manera típica de evitar el engaño no es quedarse con el supuesto autor, sino preguntarse a quién le conviene lo ocurrido. En este caso, sin especular sobre quiénes dispararon, porque no es el objetivo de esta columna, pero sí analizando la situación, sabemos que los principales favorecidos con que nada cambie son los grandes terratenientes y especialmente las forestales, cuya posesión de 4 millones de hectáreas en la zona se debe a la reversión de la Reforma Agraria propiciada por la dictadura de Pinochet y que tuvo como conveniente intermediario a su entonces yerno, Julio Ponce Lerou. También será favorable para quienes lucran o se benefician para el uso de armamento. Por el contrario, el pueblo mapuche, expoliado por siglos, sería el principal beneficiado de un proceso de diálogo genuino y de buena fe, más allá de su justificada desconfianza con cualquiera que represente al Estado de Chile.
Aun cuando el temor fuera comprensible y las circunstancias riesgosas, ha hecho bien la comitiva encabezada por la ministra Siches en no dejarse amedrentar y en seguir con el programa establecido, el cual incluyó encuentros con familiares de víctimas mapuche y chilenas. Seguramente habrá análisis internos que repasarán la envergadura del problema que se quiere resolver y el poder de quienes se oponen, pero no parece haber otro camino que intentarlo, salvo que se prefiera la cínica fórmula que aplicaba el expresidente Ramón Barros Luco: “hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”. Frente a esta frase, que no se aleja mucho de lo que hicieron los gobiernos anteriores en la zona, es mucho más preferible la voluntad expresada por las nuevas autoridades.