Una declaración pública respecto al proceso constituyente en curso que emanó la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha sido respaldada por más de 60 organizaciones y figuras del ámbito de los Derechos Humanos, la cultura, la educación, las comunicaciones y los gobiernos locales. La misiva que sigue sumando adhesiones, defiende la Convención en cuanto “es una expresión genuina del ejercicio de la soberanía popular y del derecho de libre determinación de los pueblos de Chile”, además de “un innegable logro del ejercicio del derecho a manifestación de millones de chilenos y chilenas que se volcaron a las calles a partir de octubre de 2019, exigiendo un cambio del modelo impuesto por la Dictadura a través de la Constitución de 1980”.

El mandato ciudadano que erigió al órgano redactor, se asevera en el comunicado, “debe ser respetado por todos los actores sociales y políticos del país” y en ese sentido denunciaron y rechazaron “la ilegítima campaña de descalificación, denostación y desprestigio de la Convención Constitucional”.  

Esta campaña, se lee en la declaración, está “fundada en mentiras, caricaturas e información sesgada, desarrollada por un sector minoritario pero poderoso, que cuenta con la complicidad de los grandes medios de comunicación, que sólo buscan defender sus privilegios y el statu quo que tanta afectación ha provocado a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país, en el ejercicio de sus derechos humanos más básicos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo decente”.

En atención a lo anterior es que en la misiva se insta la población a respaldar el trabajo de la instancia que elabora una propuesta de carta fundamental para el país, para efectos de que el órgano pueda cumplir sin presiones su objetivo. 

“Dejemos trabajar a la Convención Constitucional y confiemos en que responderá cabalmente a su mandato, recogiendo las demandas mayoritarias expresadas en la revuelta social de Octubre de 2019, y plasmándolas en un texto de Nueva Constitución que siente las bases de una verdadera convivencia democrática, basada en la conformación de un Estado Social de Derecho, en que el eje central sea el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país.

(Fotografía de @periodistafurioso para Interferencia).