Grupos de derechos humanos y pobladores denunciaron este miércoles que un gobernador indígena y tres civiles murieron en Colombia a manos de militares colombianos y fueron presentados como caídos en combate en una operación realizada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.
En la acción murieron en total 11 personas que el ejército, asegura, eran rebeldes de una facción disidente de las extintas FARC, versión que respaldó el gobierno pese a los reclamos de autoridades indígenas y de derechos humanos.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció lo ocurrido. Las comunidades exigieron aclarar los hechos y a este pedido se sumaron otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, entidad que vela por los derechos humanos en el país.
Falsos positivos
Según la denuncia, entre las víctimas están el gobernador kitcwhwa Pablo Panduro, el líder comunitario Divier Hernández y su esposa, cuya identidad no ha sido revelada. La Defensoría del Pueblo también reportó la muerte de un adolescente de 16 años y exigió el “rápido esclarecimiento de los hechos”.
Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos y Paz de OPIAC, asegura que las muertes son “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de sangre en la historia de las fuerzas militares de Colombia.
“De manera criminal, de manera violenta se llevó a cabo esta masacre por parte de las fuerzas públicas. Se están dando ejecuciones extrajudiciales y se están dando ‘falsos positivos’ como los llamamos en Colombia”, denuncia al micrófono de nuestro medio asociado RFI.
Pedido de transparencia
OPIAC pide ahora un “manejo de la escena de la manera más transparente, un manejo de las diferentes pruebas como los cuerpos, porque incluso en el levantamiento del cuerpo, ni siquiera hubo presencia de la Fiscalía”, prosigue Daza.
Por su parte, Human Rights Watch dijo haber confirmado que “durante el operativo del Ejército murieron” el gobernador indígena, el líder social y su esposa. “Urge aclarar los hechos”, señaló Juan Pappier, investigador senior para las Américas de la ONG.
A pesar de las denuncias, el gobierno insistió en que se trató de una operación legal dirigida contra la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, que retomó las armas después de renunciar al acuerdo de paz.
