Aunque los tiempos de la política y de la historia chilenas parecen avanzar hoy a una velocidad fuera de lo común, hay situaciones que persisten entre nosotros y que no podemos esconder debajo de la alfombra, si efectivamente aspiramos a construir un futuro mejor para los integrantes de esta comunidad. Nuestro presente colectivo está determinado por el estallido social del 18 de octubre de 2019, luego de lo cual se abrió un ciclo de gran esperanza, pero también de cruentos dolores. Entre ellos, los más graves son los producidos por las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado (carabineros) y la gran cantidad de detenciones prolongadas en el tiempo que hasta ahora no han logrado justificarse. Estos últimos son los llamados presos de la Revuelta.

Por ello, hacen bien las ministras Marcela Ríos e Izkia Siches al no olvidar este tema y señalarlo como prioritario. Según datos entregados por Gendarmería, a marzo de este año había 211 personas presas por causas relacionadas con las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes.

En nuestro trabajo hemos conocido muchos de estos casos, en el Norte, el Centro y el Sur. Coincide que se trata de jóvenes pobres, ellos mismos y sus familias sin antecedentes penales previos, que de pronto se hicieron partícipes de las protestas, así como otros millones de personas, y que cayeron en la cárcel por arremetidas furtivas de Carabineros en medio de refriegas callejeras. Aunque los partes de la Policía solían dar cuenta de detenciones por delitos in fraganti, la mayoría de ellos niega las acusaciones mientras otros se han inculpado con el solo propósito de obtener la libertad vía juicio abreviado. Además de que no contribuye a esclarecer la verdad el descrédito policial, los detenidos señalan algo que vimos muchas veces: cuando Carabineros irrumpía en las calles, solía detener a quien pudiera estar a su alcance, casi como el juego de la Pesca Milagrosa, sin que se pudiera precisar qué estaba haciendo el capturado, salvo ejercer el derecho a la manifestación.

Junto con hacer la correspondiente diferencia de gravedad entre delitos contra la integridad de las personas y delitos contra la propiedad -este último caso es el de los presos de la Revuelta- no se puede desconocer ni minimizar la existencia de hechos que provocaron severos daños de distinto tipo. No habla bien de los aparatos investigativos la nebulosa que persiste después del tiempo transcurrido ¿Por qué se mantiene encarceladas a personas después de dos años y medios si el Estado no ha podido probar su culpabilidad? ¿Quiénes quemaron las estaciones de Metro? ¿Quién quemó la iglesia de la calle Lastarria y otros edificios sin que aún haya responsables identificados? Estas preguntas no han sido contestadas, por tanto no corresponde tener a un grupo de personas en un limbo institucional, así como tampoco que ningún sector político ni medio de comunicación los señale como delincuentes. No hay pruebas contra la gran mayoría de ellos como para permitirse una certeza precipitada en esta materia.

El hecho que hoy haya varios acuciantes asuntos en el devenir político no debería llevar al olvido de esta situación que afecta a 200 jóvenes y sus familias. Habida cuenta que ha sido difícil encontrar una solución institucional, se requiere sin embargo persistir. Lo cantó la muchedumbre el 11 de marzo pasado bajo el balcón presidencial. Y, ellos, los presos, aún están ahí.