“La educación chilena no se vende, se defiende” fue una de las consignas más célebres del movimiento estudiantil desde hace más de 15 años, desde la denominada “Revolución Pingüina”. Y esta semana volvió a cantarse en el hemiciclo de la Convención Constitucional, luego de que se aprobara en el borrador que la educación será “un deber primordial e ineludible del Estado” y que las instituciones educacionales en todos sus niveles tendrán “prohibida toda forma de lucro”.

Alguien que ha venido siguiendo las luchas y debates en Educación es el académico de la Universidad de Chile, máster en Política Educacional y doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Cristian Bellei, quien sostuvo que el borrador de la nueva constitución en esta materia es muy superior a las normas actualmente vigentes. Y posiciona a la educación chilena al nivel internacional respecto a lo que se entiende hoy por una educación comprensiva, integral y de calidad.

En comparación con la legislación actual, el experto señaló que los artículos aprobados definen la educación de manera mucho más amplia, que apunta no solo a los conocimientos sino también a las habilidades personales, sociales y cognitivas de orden superior.

De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, la educación estará consignada como “un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país”.

En ese sentido, el académico declaró que la nueva Constitución “tiene una definición integral de lo que es la calidad de la educación, lo cual es muy relevante porque en Chile ha sido todo un debate acerca de si tenemos o no una educación amplia o restringida al rendimiento de pruebas estandarizadas”. Como ejemplo de esto se puede nombrar las acusaciones contra la antigua Prueba de Selección Universitaria (PSU) de discriminar a alumnos de liceos técnicos.

Además, Bellei afirmó que uno de los aspectos centrales en que cambiaría el modelo educativo chileno a propósito de las normas aprobadas, tiene que ver con el rol prioritario del Estado, así como la definición de la educación pública, la cual no estaba contemplada en la Constitución de 1980. Gracias a eso, el Estado tiene el deber de establecer una educación de calidad que esté disponible en todo el territorio nacional, a propósito también de la aprobación del Artículo 55 del informe de la Comisión de Forma de Estado que mandata que cada región deberá contar con al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal.

Así, la Constitución obligará al Estado “a que le dé un financiamiento permanente institucional, y no vía mercado, que busque estándares de calidad crecientes”, declaró el académico.

La materialización de las demandas del movimiento estudiantil

Durante el momento más álgido de la movilización encabezada por estudiantes de secundaria en el 2006, el país contó con más de 400 establecimientos paralizados. Fue en ese contexto en que se logró instalar a la educación como un tema permanente en la agenda política nacional.

Asimismo, ocurrió en el 2011 con las manifestaciones de estudiantes secundarios y de nivel superior que protestaron principalmente por el fin del lucro de la educación. Cabe destacar que varios de los líderes de aquellas movilizaciones fueron protagonizadas por estudiantes que hoy son las cabezas de la Moneda, el Presidente Gabriel Boric, el Ministro de la Segpres, Giorgio Jackson; la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo y la Ministra del Interior Izkia Siches.

Para Cristian Bellei, la participación del movimiento logró despertar al país en cuanto a la lógica de mercado que había que combatir si se quería lograr una lógica de derechos. “En algún sentido ése es el origen de este proceso (2006), después cristalizado en los movimientos del 2011 y todo lo que vino después”, destacó.

La nueva constitución prohíbe el lucro en todas las instituciones de educación del territorio. Según el especialista, esto eleva los estándares de gratuidad y garantiza un acceso universal, lo que no quiere decir que sea todo gratis, sino que establece el deber del Estado de expandirlo como un política pública.

“Le da el mandato al Estado que no puede ser un simple observador del mercado educativo. Se tiene que comprometer con garantizar universalmente una nueva educación pública en todos los rincones”, enfatizó el académico de la Universidad de Chile. Y agregó que ésta debe ser “de manera gratuita, laica, que respeta los principios de interculturalidad, en contra la discriminación de género, con enfoque de respeto al medio ambiente y en general de respeto a los derechos humanos”.

Las voces del mercado de la educación

A raíz del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, en el cual se aprobaron los artículos referentes a la educación, antiguas autoridades del gobierno se han pronunciado al respecto. La ex ministra de Educación del segundo mandato de Sebastián Piñera y constituyente de la Convención Constitucional, Marcela Cubillos, ha sido bastante crítica de las nuevas normas a través de sus redes sociales, aludiendo a que el reglamento promueve un modelo educativo único que rige a todos los establecimientos sin distinción.

Igualmente, el también ex titular del Ministerio de Educación del Gobierno de Piñera, Raúl Figueroa, declaró que lo aprobado por el Pleno era la “antítesis de la libertad de enseñanza”. Además, Figueroa destacó que los modelos educativos dejarán de ser diversos y que el texto apunta a la “homogeneización del sistema”, debido a que consagra un modelo educativo único que rige a todos los establecimientos sin distinción.

Ante tales dichos, el doctor en Educación sostuvo que demuestran “una desinformación muy grande y son muy lamentables”, ya que el Artículo 19, aprobado en el hemiciclo indica textualmente que “la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”.

“La libertad de enseñanza en el mundo se entiende como tres cosas: que se pueden crear establecimientos no estatales, que los padres pueden decidir el tipo de educación para sus hijos y que los docentes tienen libertad de cátedra. Y todo eso está consignado en el borrador constitucional ”, afirmó el especialista.

Además, Cristian Bellei señaló que las normas aprobadas implican que puede haber instituciones educacionales no creadas por el Estado, porque indica que éste debe generar las normas para el reconocimiento oficial de los establecimientos.

“Habría que preguntarle a la derecha, por qué sus constituyentes no aprobaron la libertad de enseñanza”, cuestionó el académico.

Por otro lado, el sociólogo declaro que lo estipulado en el borrador de la nueva Constitución es un paso histórico para el sistema educacional. “El principal problema del sistema educacional chileno es estar regido por dinámicas de mercado, como fueron establecidas en la Constitución del 80, lo cual ha sido un freno para políticas de mejoramiento integral, de justicia y también ha sido una distorsión para la educación privada”, destacó Bellei.

En ese sentido, el experto manifestó que la legislación establecida en contexto de dictadura ha sido muy perjudicial para la educación privada y la nueva Carta Magna da una señal clara en otro sentido. “A mi juicio el texto que hoy se trabaja es la consagración constitucional de la idea de sacar al mercado de la educación”. Igualmente, destacó que además de resolver el problema del lucro, el nuevo texto permite mirar hacia el futuro para que todos y todas los actores trabajen para una educación integral, que incluya los principios de justicia, inclusión y no discriminación.