Comparten fotos de Adolf Hitler, atesoran armas o planean el derrocamiento del Gobierno en Alemania en grupos de chat. Son miembros del ejército (Bundeswehr), la Policía, los servicios secretos, las aduanas y, peor aún, trabajan en los organismos de seguridad encargados de proteger a los ciudadanos de Alemania. Bajo nombres o siglas falsos, como Franco A., KSK, NSU 2.0, etc., se esconde un sospechoso número de militantes o simpatizantes de extrema derecha o, incluso, todo un grupo de enemigos del Estado y de la Constitución. De ellos, 327 fueron detectados en sólo tres años. Nancy Faeser, ministra alemana del Interior considera que la tesis de los “lobos solitarios” ha sido superada. “Están organizado en redes -afirma- aunque se cuidan de realizar sus actividades dentro de las instituciones del Estado, pero sí lo hacen en su entorno privado”, puntualiza. El trabajo proselitista y la captación de contactos los llevan a cabo en las más diversas instancias: manifestaciones callejeras, eventos de artes marciales, al interior de círculos de conversación e, incluso, en conciertos.

Los detalles están contenidos en un informe presentado por la secretaria de Estado y el presidente de la Oficina de Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, y allí se da cuenta del balance de todos los casos registrados entre julio de 2018 y junio de 2021, actividades en las que dichos funcionarios públicos fueron dejando pistas o motivos para que se dudara de su lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho alemanes. De los 860 miembros de los organismos de seguridad federal y estadual  investigados, se revisó exhaustivamente a 533 de ellos; finalmente, un total de 327 sospechosos fueron calificados como “casos comprobados y con indicios reales de realizar acciones contrarias al libre orden democrático”.

Si la integridad es dañada desde adentro, aquello “resultaría especialmente peligroso para el Estado de Derecho y la democracia”, afirmaron las autoridades acerca de la presencia de estos autodenominados “ciudadanos del Reich” (Reichsbürger) o “autogobernados” en las nóminas de los organismos de seguridad de Berlín, algunos de ellos, incluso, con acceso a armas federales. De ahí que Thomas Haldenwang resuma el resultado del informe dado a conocer hoy como “alarmante”, porque, afirma, todo enemigo de la Constitución representa también “una bofetada a todos los trabajadores que sí respetan la Ley Fundamental”. De hecho, la imagen de las autoridades de seguridad se ha resentido enormemente en los últimos años. La ministra Faeser insistió en el alto potencial de peligro: “tienen acceso a datos sensibles, tienen conocimientos especializados y, a veces, acceso a armas”, reiteró.

Según los resultados anteriores, se trata principalmente de un fenómeno regional. “No hemos podido descubrir ningún caso en el que los agentes de Fráncfort estén de alguna manera en contacto con agentes de Berlín o Múnich y persigan objetivos comunes”, dice Haldenwang, aunque agrega: “yo nunca lo descartaría”. La mayoría de los casos sospechosos registrados en las redes sociales (53,6%) corresponden al extremismo de derecha con orientación violenta. No obstante, la violencia que practican los “ciudadanos del Reich” y los “autogobernados” -que niegan la existencia de la República Federal de Alemania- representan un no menos preocupante 7%. Y en algo menos del 3% se identificaron contactos con la llamada Nueva Derecha.

La figura que aparece como mentor intelectual de dichos grupos es el editor Götz Kubitschek quien, a su vez, mantiene vínculos con el partido populista de extrema derecha “Alternativa para Alemania” (AfD), que cuenta con representación parlamentaria no sólo en el Bundestag, sino también en 15 de los 16 Parlamentos estaduales, donde entre sus diputados hay, además, funcionarios pagados por el Fisco alemán. Tal vez por lo mismo, la sensibilidad hacia los extremistas de derecha y otros sospechosos de ser enemigos de la Constitución ha aumentado considerablemente, según la evaluación de Thomas Haldenwang.

Hasta ahora pocos han perdido sus cargos a causa de las acusaciones. Se han analizado unos 500 expedientes laborales y disciplinarios, pero solo 60 de los afectados han sido despedidos o no se les ha incorporado como funcionarios. Para poder deshacerse más rápidamente de estos “enemigos de la Constitución” en el futuro, la ministra del Interior presentará en breve un proyecto de ley que modifique la Ley Disciplinaria Federal, al resultar del todo insatisfactorio que los procedimientos se prolonguen habitualmente durante años.