En conversación en el programa de Radio Universidad de Chile, Política en Vivo, el abogado y académico de nuestra casa de estudios, Salvador Millaleo, se refirió al estado de excepción decretado en la Macrozona Sur como una medida validada únicamente por las élites en Santiago y algunas élites regionales, pero que de ninguna manera es apoyada por actores del mundo indígena, particularmente del mundo mapuche.
El ex asesor del Ministerio del Interior señaló que incluso se puede escuchar de quienes respaldan esta medida que el estado de excepción realmente no ataca el tema de fondo que es a la violencia de la que supuestamente debería hacerse cargo.
“Es una medida, a lo más, secundaria. Sigue siendo tremendamente peligrosa porque significa la instalación de amplias fuerzas militares en las zonas de conflicto. Fuerzas que no tienen entrenamiento para tratar con el orden público”, declaró Millaleo. Un ejemplo de aquello es el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi provocado por infantes de Marina.
En ese sentido, el abogado reiteró que este tipo de situaciones dan cuenta que las fuerzas militares no tienen un condicionamiento para usar de manera proporcionada la fuerza.
“No nos han demostrado que hayan tenido ese condicionamiento en estos meses, no nos han explicado públicamente cuáles son las restricciones a la regla del uso de la fuerza”, indicó y añadió “lo que sí se nos ha explicado por parte de los jefes militares, es que el carácter acotado del estado de excepción no es tan así, porque legalmente tienen todas las facultades que tendrían en cualquier estado de excepción”.
Al ser consultado por la disminución de los hechos de violencia en consecuencia del decreto de esta medida, el hasta hace poco asesor del Gobierno en materia indígena, cuestionó la procedencia de los datos que transmiten las Fuerzas Armadas a través de las autoridades de La Moneda.
“¿Cuál es la metodología con la que se construyen esos datos?”, cuestionó el académico y explicó que en el Gobierno de Sebastián Piñera se entregaban cifras de hechos de violencias y/o atentados que superaban los mil casos, lo cual se contradecía con las estadísticas del Ministerio Público y con la experiencia de las personas que viven en aquella zona.
De esta manera, Millaleo cuestionó que el Ejecutivo no entregue un balance de datos, como sí lo hacía la administración anterior, pero se sigue refiriendo a ellos, por lo que subrayó que cabe consultar si la forma de calcular las estadísticas ha cambiado o sigue siendo lo mismo.
Además, ejemplificó que el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Allard, hace poco declaró que había un descenso de los hechos violentos de un 43%, mientras que anterior a eso, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner decía que habían bajado en un 85%. En ese sentido, el jurista cuestionó la procedencia de aquellos reportes y expresó que la opacidad en la materia es demasiado grande, lo cual también llama la atención de por qué la prensa lo ha tomado tan desaprensivamente.
Consultado por los periodistas Yasna Lewin y Felipe Pozo acerca de la dureza con la que se han enfrentado los grupos organizados de la comunidad mapuche contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en comparación a como lo hicieron frente al mandato del ex presidente Piñera, el académico resaltó la importancia de abandonar la idea de que exista una mayor comprensión ideológica o simpatía de parte de estos grupos al actual Gobierno por el hecho de ser de “izquierda o centro izquierda”.
“Estas agrupaciones tienen un proyecto que no tiene nada que ver con una búsqueda de transformaciones democráticas dentro de la institucionalidad. Creo que también hay una confusión de los objetivos de estos grupos”, concluyó.
En conversación en el programa de Radio Universidad de Chile, Política en Vivo, el abogado y académico de nuestra casa de estudios, Salvador Millaleo, se refirió al estado de excepción decretado en la Macrozona Sur como una medida validada únicamente por las élites en Santiago y algunas élites regionales, pero que de ninguna manera es apoyada por actores del mundo indígena, particularmente del mundo mapuche.
El ex asesor del Ministerio del Interior señaló que incluso se puede escuchar de quienes respaldan esta medida que el estado de excepción realmente no ataca el tema de fondo que es a la violencia de la que supuestamente debería hacerse cargo.
“Es una medida, a lo más, secundaria. Sigue siendo tremendamente peligrosa porque significa la instalación de amplias fuerzas militares en las zonas de conflicto. Fuerzas que no tienen entrenamiento para tratar con el orden público”, declaró Millaleo. Un ejemplo de aquello es el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi provocado por infantes de Marina.
En ese sentido, el abogado reiteró que este tipo de situaciones dan cuenta que las fuerzas militares no tienen un condicionamiento para usar de manera proporcionada la fuerza.
“No nos han demostrado que hayan tenido ese condicionamiento en estos meses, no nos han explicado públicamente cuáles son las restricciones a la regla del uso de la fuerza”, indicó y añadió “lo que sí se nos ha explicado por parte de los jefes militares, es que el carácter acotado del estado de excepción no es tan así, porque legalmente tienen todas las facultades que tendrían en cualquier estado de excepción”.
Al ser consultado por la disminución de los hechos de violencia en consecuencia del decreto de esta medida, el hasta hace poco asesor del Gobierno en materia indígena, cuestionó la procedencia de los datos que transmiten las Fuerzas Armadas a través de las autoridades de La Moneda.
“¿Cuál es la metodología con la que se construyen esos datos?”, cuestionó el académico y explicó que en el Gobierno de Sebastián Piñera se entregaban cifras de hechos de violencias y/o atentados que superaban los mil casos, lo cual se contradecía con las estadísticas del Ministerio Público y con la experiencia de las personas que viven en aquella zona.
De esta manera, Millaleo cuestionó que el Ejecutivo no entregue un balance de datos, como sí lo hacía la administración anterior, pero se sigue refiriendo a ellos, por lo que subrayó que cabe consultar si la forma de calcular las estadísticas ha cambiado o sigue siendo lo mismo.
Además, ejemplificó que el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Allard, hace poco declaró que había un descenso de los hechos violentos de un 43%, mientras que anterior a eso, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner decía que habían bajado en un 85%. En ese sentido, el jurista cuestionó la procedencia de aquellos reportes y expresó que la opacidad en la materia es demasiado grande, lo cual también llama la atención de por qué la prensa lo ha tomado tan desaprensivamente.
Consultado por los periodistas Yasna Lewin y Felipe Pozo acerca de la dureza con la que se han enfrentado los grupos organizados de la comunidad mapuche contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en comparación a como lo hicieron frente al mandato del ex presidente Piñera, el académico resaltó la importancia de abandonar la idea de que exista una mayor comprensión ideológica o simpatía de parte de estos grupos al actual Gobierno por el hecho de ser de “izquierda o centro izquierda”.
“Estas agrupaciones tienen un proyecto que no tiene nada que ver con una búsqueda de transformaciones democráticas dentro de la institucionalidad. Creo que también hay una confusión de los objetivos de estos grupos”, concluyó.
En conversación en el programa de Radio Universidad de Chile, Política en Vivo, el abogado y académico de nuestra casa de estudios, Salvador Millaleo, se refirió al estado de excepción decretado en la Macrozona Sur como una medida validada únicamente por las élites en Santiago y algunas élites regionales, pero que de ninguna manera es apoyada por actores del mundo indígena, particularmente del mundo mapuche.
El ex asesor del Ministerio del Interior señaló que incluso se puede escuchar de quienes respaldan esta medida que el estado de excepción realmente no ataca el tema de fondo que es a la violencia de la que supuestamente debería hacerse cargo.
“Es una medida, a lo más, secundaria. Sigue siendo tremendamente peligrosa porque significa la instalación de amplias fuerzas militares en las zonas de conflicto. Fuerzas que no tienen entrenamiento para tratar con el orden público”, declaró Millaleo. Un ejemplo de aquello es el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi provocado por infantes de Marina.
En ese sentido, el abogado reiteró que este tipo de situaciones dan cuenta que las fuerzas militares no tienen un condicionamiento para usar de manera proporcionada la fuerza.
“No nos han demostrado que hayan tenido ese condicionamiento en estos meses, no nos han explicado públicamente cuáles son las restricciones a la regla del uso de la fuerza”, indicó y añadió “lo que sí se nos ha explicado por parte de los jefes militares, es que el carácter acotado del estado de excepción no es tan así, porque legalmente tienen todas las facultades que tendrían en cualquier estado de excepción”.
Al ser consultado por la disminución de los hechos de violencia en consecuencia del decreto de esta medida, el hasta hace poco asesor del Gobierno en materia indígena, cuestionó la procedencia de los datos que transmiten las Fuerzas Armadas a través de las autoridades de La Moneda.
“¿Cuál es la metodología con la que se construyen esos datos?”, cuestionó el académico y explicó que en el Gobierno de Sebastián Piñera se entregaban cifras de hechos de violencias y/o atentados que superaban los mil casos, lo cual se contradecía con las estadísticas del Ministerio Público y con la experiencia de las personas que viven en aquella zona.
De esta manera, Millaleo cuestionó que el Ejecutivo no entregue un balance de datos, como sí lo hacía la administración anterior, pero se sigue refiriendo a ellos, por lo que subrayó que cabe consultar si la forma de calcular las estadísticas ha cambiado o sigue siendo lo mismo.
Además, ejemplificó que el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Allard, hace poco declaró que había un descenso de los hechos violentos de un 43%, mientras que anterior a eso, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner decía que habían bajado en un 85%. En ese sentido, el jurista cuestionó la procedencia de aquellos reportes y expresó que la opacidad en la materia es demasiado grande, lo cual también llama la atención de por qué la prensa lo ha tomado tan desaprensivamente.
Consultado por los periodistas Yasna Lewin y Felipe Pozo acerca de la dureza con la que se han enfrentado los grupos organizados de la comunidad mapuche contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en comparación a como lo hicieron frente al mandato del ex presidente Piñera, el académico resaltó la importancia de abandonar la idea de que exista una mayor comprensión ideológica o simpatía de parte de estos grupos al actual Gobierno por el hecho de ser de “izquierda o centro izquierda”.
“Estas agrupaciones tienen un proyecto que no tiene nada que ver con una búsqueda de transformaciones democráticas dentro de la institucionalidad. Creo que también hay una confusión de los objetivos de estos grupos”, concluyó.
